El despacho de Garzón estudia acciones legales contra los fiscales que exigen el expediente del 'caso Stampa'

ILOCAD S.L., el despacho de abogados dirigido por el que fuera juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, ha irrumpido en el denominado 'caso Stampa', y lo ha hecho remitiendo un burofax a la Asociación de Fiscales (AF) tras conocer que esta organización ha pedido formalmente a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, acceso al expediente reservado sobre este asunto. 

Considera que las actuaciones de los fiscales conservadores en la polémica por la salida de Ignacio Stampa de la investigación del 'caso Villarejo', en el que algunos abogados de esta firma están personados, les perjudican reputacionalmente, y por ello analizan "distintas acciones judiciales que se puedan emprender" en defensa de sus intereses legítimos.

 Añaden que se parte de una "premisa errónea", que es considerar que una persona jurídica -como es Ilocad- pueda ejercer la defensa de un investigado, "para lo cual tan sólo están habilitados los correspondientes colegiados y conforme a las normas de designación y responabilidad propias de la profesión de abogado".

La misiva de Ilocad, a la que ha tenido acceso El PERIÓDICO DE ESPAÑA, se dirige a la Comisión Ejecutiva de la AF tras conocer, a través de la página web de la asociación, que este mismo jueves habían solicitado por escrito a Delgado a documentación relacionada con las diligencias y expedientes relativos a una investigación realizada al fiscal Ignacio Stampa --que fue finalmente archivada--, y que según la Fiscalía General son reservados.

En el escrito, Iload señala que las preguntas realizadas desde la asociación conservadora en relación con la participación de sus abogados en la marcocausa 'Tándem' -tras el Consejo Fiscal del pasado día 24 se pidió información sobre la posible participación en el caso de Garzón, pareja sentimental de Delgado- vulnera el derecho al secreto profesional y el normal desarrollo del derecho de defensa "sin intromisión ilegítima de ningún tipo". 

Así consideran que el movimiento de la AF al solicitar información de carácter reservado sobre este asunto carece de interés legítimo, por lo que sus referencias directas a Ilocad en las peticiones que han realizado a la Fiscalía General se traducen en un "evidente perjuicio económico" y una injustificada presión hacia sus clientes. Entre ellos se encuentra la presunta mano derecha del comisario jubilado, Enrique García Castaño, también imputado en la macrocausa denominada 'Tándem'.

Datos de los abogados

Tampoco entiende Ilocad que desde la Fiscalía General del Estado se tengan que conocer los datos de "los profesionales de la Abogacía que actúan en cada una de las causas judiciales que se están tramitando en España y mucho menos cuál es la relación que vincula a dichos profesionales con una concreta sociedad mercantil", como es su caso. Añaden que la propia Delgado, en su condición de fiscal general, tampoco tiene competencia para acceder a la información reservada que se solicita por la AF.

En orden a preparar sus acciones judiciales, el despacho solicita a esta asociación determinada documentación interna, como es copia certificada de las actas de votación, debate y propuestas en los órganos internos de AF por las que acordaron pedir a Delgado, tras el Consejo Fiscal del pasado día 24, información "escrita de abogados intervinientes" en diligencias penales que se tramitan en Juzgado Central de Instrucción número 6, que es el que lleva el 'caso Villarejo' y sobre si "el despacho de Baltasar Garzón ha ejercido defensa de alguno o varios de los investigados".

También requieren a AF certificación sobre si en alguno de los congresos, y reuniones previos de esta asociación se han debatido o sometido a votación cuestiones referidas al ejercicio profesional de abogados que tengan relación de amistad, familiaridad o cualquier otro tipo análogo de afinidad con fiscales o jueces en ejercicio".

El pasado día 24, el Consejo Fiscal analizó, sin llegar a ninguna conclusión definitiva, el capítulo vivido hace más de un año al no designar al fiscal Ignacio Stampa, adscrito al 'caso Villarejo', para una de las ocho plazas fijas en Anticorrupción que se ofertaban, lo que supuso su expulsión de la causa. La fiscal general, Dolores Delgado, no fue finalmente la encargada de informar a los vocales, dejando este papel a su mano derecha, el responsable de la Secretaría Técnica, Álvaro García, y al fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón.

El Pleno se aventuraba poco manejable, y finalmente no consiguió cerrar la polémica que se arrastra desde hace más de un año tras la decisión de la fiscal general de no designar a Stampa, y que se ha recrudecido en los últimos días. Vox y PP han solicitado la comparecencia de Delgado y de la ministra de Justicia, Pilar Llop, en el Congreso de los Diputados para que expliquen lo ocurrido.