Crece la amenaza de bloqueo a Sánchez en el Congreso: sus leyes estrella no tienen mayoría

Aprobar los presupuestos es lo más importante para cualquier Gobierno. Pedro Sánchez está a cuatro días de ver encaminados los de 2022, pues el Congreso los avalará el jueves salvo sorpresa mayúscula. Entonces, así lo dice la costumbre parlamentaria, las bancadas del PSOE y de Unidas Podemos se pondrán en pie para aplaudir el trámite. Tiene sentido que lo hagan porque con 155 diputados sacar adelante las cuentas resulta francamente meritorio.

Terminado el momento de euforia, en cuanto se suba al coche oficial para abandonar la Cámara, el presidente debería mirar a medio plazo y comprobar que el escenario legislativo que le aguarda es arduo. La derogación, superación, modificación, supresión (o cómo se llame) de la reforma laboral, los cambios en el sistema de pensiones, la ley de memoria democrática y la ley de vivienda carecen de mayoría suficiente para que entren en vigor. Son la columna vertebral de su agenda política y la amenaza de bloqueo se cierne sobre ellas. A Sánchez no le quedará más remedio que ceder, y por tanto asumir desgaste, para cumplir sus compromisos y su programa.

Los riesgos de que ERC y PNV no voten a favor

Tiene motivos para el optimismo, no obstante. Hasta la fecha, salvo aquella derogación del decreto de los remanentes de los ayuntamientos, ha logrado sortear todas las medidas que ha enviado al Congreso, algunas por los pelos. El (otro más) decreto para la canalización de los fondos europeos prosperó porque Vox se abstuvo y el de los interinos en la administración necesitó una segunda votación y que una diputada de Unidas Podemos "evitara" pulsar el botón (telemática o presencialmente).

Aunque al Gobierno le baste con la mayoría simple en muchos casos, es decir más votos a favor que en contra, los números no salen sin el concurso, por implicación o abstención, de socios como ERC y PNV, los preferentes. EH Bildu es otra formación con la que el PSOE ha ido limando suspicacias y prejuicios gracias a la mediación de Unidas Podemos. El "escudo social", en palabras del partido independentista vasco, delimita el terreno de intereses compartidos con los socialistas. En los 24 escaños que suman los tres grupos se encuentra la llave de la legislatura.

Si de la ecuación de los apoyos se van ERC o el PNV, al Gobierno se le reduce drásticamente la perspectiva de éxito político. Los negociadores de Pedro Sánchez deben entonces bregar por que catalanes o vascos se abstengan. Para que se entienda: el bloque del sí garantizado, a excepción de casos inusuales, asciende hasta los 155 escaños (PSOE+UP). El del "no" seguro ronda los 153 (PP+Vox+Cs -incluido el diputado díscolo que se fue al grupo mixto- +UPN+Foro).

La ventaja para el Ejecutivo es que su margen de mejora es mucho más grande debido, efectivamente, a ERC, PNV, EH Bildu, y en menor medida, Más País (2), PDeCAT (4), Compromís, BNG, Nueva Canarias y PRC (uno cada uno). Tener a estas formaciones en el "sí", o al menos en la abstención, es lo que allana la legislatura y la hace avanzar.

Las exigencias de la UE (I)

La descripción del panorama parlamentario permite conocer el terreno complejo en el que se va a mover el Gobierno. Es verdad que su previsible triunfo con los presupuestos de 2022 augura desenlaces felices, pero ha tenido que sudarlo. A punto estuvieron ERC y PNV de registrar sendas enmiendas a la totalidad. Podrían haberlas retirado después, sin duda, pero al Ejecutivo le hubiera supuesto un esfuerzo mayor y más elementos a ceder.

Antes de que acabe el año, el Gobierno debe aprobar el decreto que comience el desmontaje del modelo laboral que puso en marcha Mariano Rajoy. De cómo salga este envite dependerá un enorme caudal de capital político de Sánchez y de Yolanda Díaz.

A primeros de mes, el presidente del Gobierno, con motivo de la cumbre del G-20, pronunció unas palabras que desconcertaron a los aliados parlamentarios. Habló de "cambiar algunas cosas" del actual sistema y emplazó a la patronal a involucrarse en el acuerdo. Lo de "cambiar algunas cosas" dista mucho de lo que es una derogación, y si bien la ministra Díaz ha destacado en numerosas ocasiones que una derogación, de golpe, es imposible, en el Gobierno ha ido dejando claro que la prioridad es modificar el modelo por completo.

PSOE y Unidas Podemos se pelearon recientemente por el diseño del formato dentro del que dar el último empujón a la reforma de la reforma. Los socialistas se conjuraron para implicarse en el proceso, y de algún modo arrebatar a Díaz la batuta de los tiempos y de los réditos. La vicepresidenta segunda es una figura en auge, electoralmente hablando. El entorno de Díaz se resistió, pero al final acordaron cómo hacer los trabajos y que Nadia Calviño entrara en juego.

Mientras tanto, los aliados fueron poniendo condiciones. ERC, a través de Gabriel Rufián, avisó de que si no se suben a 45 días los umbrales de la indemnización por despido y no se restauran los salarios de tramitación (entre el despido y la eventual declaración de nulidad del mismo), no le gustará el modelo del Gobierno. Si la votación fuera mañana, los catalanes no lo votarían a favor. Luces de alarma. Pero, por suerte para Sánchez, a la votación le queda un mes.

El PNV, por su parte, pidió otra vez más claridad con las formas y con los fondos. A los nacionalistas vascos hace tiempo que le desagradan los anuncios del presidente y de los ministros, en general porque no se corresponden con la realidad. Cuando Sánchez, en la clausura del congreso federal del PSOE, se comprometió a derogar la 'ley mordaza' y ultimar la de la reforma laboral, el portavoz de los 'peneuvistas' en el Congreso, Aitor Esteban, expresó desconfianza. Su propuesta para acabar con la vigente ley de seguridad ciudadana llevaba un año olvidada en el Congreso. Esta formación exige al Ejecutivo que defina cuestiones como la ultraactividad y la lucha contra la temporalidad en determinados sectores.

EH Bildu, el otro gran aliado que queda, ha enfatizado numerosas veces que no se conformará con nada que no sea la derogación del modelo vigente. Suelen recordar sus diputados que éste es el compromiso que suscribieron los socialistas para sacar adelante la quinta prórroga del primer estado de alarma contra la pandemia (marzo-junio de 2020).

Las exigencias de la UE (II)

La semana que acaba, en lo que respecta al modelo de pensiones, ha sido como un relámpago (con truenos después). El lunes pasado, el Gobierno y los sindicatos lograban un acuerdo para subir las cotizaciones un 0,6 por ciento y afrontar con más holgura el coste de las pensiones de las generaciones del "baby boom", que se acercan a las edades de jubilación. El martes, el Ministerio de Inclusión, Migraciones y Seguridad Social de José Luis Escrivá empezó a tantear los apoyos. Al mismo tiempo, impuso un trámite exprés para tener el cambio aprobado en una semana, y de paso, usar las prisas como factor de presión.

Tan exprés que en la Comisión de Trabajo, en donde el proyecto de ley sobre la sostenibilidad de las pensiones y fijación del mecanismo de equidad intergeneracional estaba en un limbo, se creó la ponencia y se desarrollaron las sesiones de trabajo en tres días, de miércoles a viernes. Este lunes próximo se espera la aprobación definitiva del dictamen.

Las formas (nuevamente las formas) sentaron fatal a los aliados, hasta el punto de que ERC y EH Bildu se plantearon no acudir a la ponencia. Lo hicieron finalmente porque no es éste un asunto en el que un partido pueda arriesgar. Fuentes de ambos grupos, así como del PNV, eluden aún concretar si apoyarán la medida. Es más: están apurando las últimas horas. Fuentes de ambos grupos indicaron este pasado domingo a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el "sí" depende de que aumenten las pensiones mínimas y de que se lleve a cabo una auditoría de la Seguridad Social. El Gobierno ya sabe lo que tiene que hacer.

Lo que se ha metido en un buen entuerto es el tiempo de cálculo de las pensiones. Hace unos días, el Ministerio de Escrivá abrió la puerta a un aumento del periodo de cómputo, lo que hasta Unidas Podemos, el socio, reprobó. Su propuesta es facilitar que el interesado pueda elegir los años en los que encerrar dicho cálculo; evidentemente escogerá los años de mayor cotización.

Aumentar el plazo de cálculo más allá de los 15 años actuales se interpreta como un recorte y ni un solo grupo de izquierdas, de los representados en el Congreso, está a favor. El PNV, tras conocer un día esta posibilidad y días después la de la subida de las cotizaciones, reprocha al Gobierno que no enseñe la fotografía de conjunto de toda la reforma a la vez, argumentan sus fuentes.

Mucho tendrá que trabajar el Ejecutivo porque la UE ha puesto plazo: antes de que acabe 2022.

La ley de memoria y la ley de vivienda

La nueva regulación en materia de vivienda, la primera en democracia, como ha reiterado el presidente, no ha entrado en el Congreso, pero en cuanto lo haga será escenario de tensiones. Es cierto que los socios de la coalición consiguieron neutralizar sus diferencias. El texto resultante, aunque provisional, pues es anteproyecto todavía, no recoge la ambición de Unidas Podemos, pero tampoco la posición más taimada del sector socialista. Las comunidades autónomas podrán declarar zonas tensionadas y activar medidas para controlar los precios siempre que afecten a grandes tenedores (más de diez propiedades). También desplegará cheques de ayuda de unos 250 euros.

A ERC, promotor de la ley catalana de vivienda, que directamente faculta a las administraciones para bajar los precios de los alquileres en dichas zonas tensionadas, no le complació el proyecto que expuso el Gobierno tras aprobarlo en el Consejo de Ministros. Estima que puede colisionar con su propia normativa y vaticina que el citado cheque repercutirá en aumentos de las tarifas. PNV y EH Bildu tildaron de insuficientes las medidas. Otro proyecto que por ahora no concita una mayoría segura.

A diferencia de la norma de vivienda, que atraviesa el periodo de audiencia pública, la de memoria democrática se dispone a aterrizar en la Comisión Constitucional del Congreso. Los grupos ya han presentado las enmiendas al proyecto que ahora propugna Félix Bolaños tras hacerlo su antecesora en el Ministerio de Presidencia, Carmen Clavo.

Y esas enmiendas no pueden reflejar dos escenarios tan opuestos. PSOE y Unidas Podemos han chocado con Esquerra por la visión de la ley de amnistía y por los mecanismos de reparación económica de las víctimas. Los primeros acusan al segundo de ir demasiado deprisa y el segundo acusa a los primeros de avanzar demasiado despacio. Salvo el PNV, que en sus propuestas ha elegido una vía de cierta concordia, los aliados reclaman más valentía al Gobierno.

Hasta aquí las cuatro medidas en las que Sánchez ha confiado gran parte del éxito de su mandato. Ninguna es ahora mismo viable. Es verdad que cuenta con otras leyes, igualmente relevantes, con visos de prosperar. La de la nueva Formación Profesional o la que reemplazará a la 'ley mordaza' son dos ejemplos que sí concitan mayorías.