NEGOCIACIÓN PARLAMENTARIA

El Gobierno se trastabilla con la memoria democrática: sin plazos ni aliados para la ley

ERC, el aliado preferente, sigue en el rechazo; otros, como PNV o EH Bildu, se muestran prudentes

La norma será un eslabón más de la cadena de leyes progresistas que el Ejecutivo quiere impulsar tras los presupuestos

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños.

El ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños. / EFE

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El Gobierno duda de que pueda tener la nueva ley de memoria democrática antes de final de año, pero no por ello va a dejar de intentarlo. El texto se encuentra aletargado en ese limbo parlamentario de las prórrogas de las enmiendas. Antes de sacarlo de ahí, un sector de la coalición PSOE-Unidas Podemos aboga por atar un nivel alto de consenso, sobre todo entre ellos. Otras voces reclaman ir ya a la Comisión Constitucional para, en una ponencia, comenzar el debate.

Fuentes de diversos grupos del Congreso de los Diputados informan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el Ejecutivo tiene entre sus planes inmediatos la activación de varios proyectos. Están la "ley del sólo sí es sí", la 'ley mordaza', la del ingreso mínimo vital, la de igualdad de trato (ley Zerolo) y la citada de la memoria democrática. En el grupo socialista afirman que todas ellas son prioritarias y que formarán parte del impulso progresista que Pedro Sánchez pretende dar a la legislatura en cuanto sean aprobados los presupuestos. Sobre las cuentas no hay dudas de que habrá mayoría. Costará más o menos, pero las dudas que ERC o PNV generan para otras tramitaciones aquí están diluidas.

Gabriel Rufián y Félix Bolaños

/ EFE

La negociación sobre un nuevo modelo laboral será la punta de lanza del mencionado impulso progresista. Con la reforma de las pensiones hay tal contienda interna que mejor esperar, apuntan las fuentes. En la Comisión de Trabajo está el proyecto de sostenibilidad del sistema, el cual aguarda la creación de la ponencia y la discusión parlamentaria. Se hablará en este foto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional y de qué hacer con la merma de la hucha de la Seguridad Social. Pero tampoco al respecto hay una apuesta por el corto plazo. Otra medida metida en la nevera.

Llegará en unas semanas el decreto ley con las primeras propuestas para empezar a derogar (o a superar, que el dilema léxico continúa) la reforma laboral de Mariano Rajoy. Y llegará el momento de empezar a conversar sobre todas las demás. Los canales de diálogo abarcan varios y competen a cuatro actores del Gobierno y del PSOE: Félix Bolaños y Rafael Simancas son quienes lideran todos ellos, secundados por el portavoz del grupo, Héctor Gómez, y en la retaguardia, por eso de su fluida relación con ERC, Adriana Lastra.


/ Archivo

El papel de ERC: muy lejos ahora, pero necesario

Lo que ha hecho el Gobierno con la derogación de la ley de seguridad ciudadana ha formado una pista sobre lo que hará con otras normas esenciales. Aunque se precipitaron dos ministros al decirle al portavoz del PNV, Aitor Esteban, que acabarían las prórrogas de las enmiendas tres semanas antes de que al final se desatascara, la tramitación del texto de sustitución se ha hecho realidad después de que PSOE y Unidas Podemos pactaran antes las líneas maestras. No hicieron nada nuevo, a decir verdad. Cogieron el texto de la ponencia de la Comisión de Interior de febrero de 2019, que era un acuerdo entre esas dos fuerzas, el PP y el PNV casi ultimado, y lo refrescaron.

Fuentes de un aliado parlamentario reconocen que hace pocos días un dirigente del PSOE les transmitió que el plazo de prórroga de enmiendas al proyecto de ley de memoria democrática acabaría la semana que viene. Preguntadas por ello, fuentes del Gobierno piden más cautela.

La piden porque el colchón de apoyos es aún muy fino. Estaría el apoyo ahora bailando en una horquilla que ronda los 160 votos, ya que a los 155 de PSOE y Unidas Podemos estarían más o menos garantizados los de Más País, Compromís y otros partidos minoritarios. Y tampoco se trata de un respaldo finiquitado. Hacen falta ERC y PNV sobre todo, y EH Bildu. Y tener a Cs en la recámara por si el "sí" de los independentistas catalanes se convierte en un "no".

Esquerra está frontalmente en contra del texto. Sus demandas persisten. El portavoz, Gabriel Rufián, anunció a mediados de septiembre que presentaría una enmienda a la totalidad y un texto alternativo. Lo hizo y se debatió en el pleno junto a las propuestas de veto del PP y de Vox. La tramitación continuó porque el juego de votos cruzados impidió que prosperara cualquiera de las iniciativas de estos partidos. Pero quedó claro, ese día en el hemiciclo, que el Gobierno va a tener que trabajar duro para sacar adelante la nueva ley, el texto estrella de Carmen Calvo mientras ejerció de vicepresidenta primera.

Declarar el ilegal el franquismo, y por extensión sus sentencias judiciales, y articular un mecanismo de reparación económica de las víctimas son las principales reivindicaciones del partido catalán. De ahí no piensan apearse, apuntan las fuentes. El PNV y EH Bildu optan por la prudencia, pero ambos coinciden en que el documento actual es mejorable.

La propuesta del Gobierno

La disolución de las asociaciones que hagan apología del franquismo es uno de sus aspectos principales. Acerca de las sentencias del franquismo la palabra escogida no es "ilegales", sino "nulas". Ésta es otra de las cuestiones fundamentales.

La norma declara el 31 de octubre como el día de recuerdo y homenaje a todas las víctimas y el 8 de mayo, como día de recuerdo y homenaje a las víctimas del exilio como consecuencia de la guerra y la dictadura. Se regula un registro de víctimas y se hará un Censo Estatal. Entre las víctimas, figurarán también "las niñas y niños sustraídos y adoptados sin el legítimo y libre consentimiento de sus progenitores como consecuencia de la guerra y la dictadura, así como a sus progenitores, progenitoras, hermanos y hermanas".

La ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Carmen Calvo

/ Europa Press/Cézaro De Luca

Alumbra un mapa de fosas, un protocolo de exhumaciones y un banco nacional de ADN de las víctimas y apunta a la creación de una Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática, que se encargará de investigar los hechos acaecidos durante la Guerra Civil y la dictadura o los bienes expoliados desde 1936. Serán revocados las distinciones, nombramientos, títulos y honores institucionales, condecoraciones y recompensas de ambas épocas; se suprimirán, además, los títulos nobiliarios que supongan exaltación. Asimismo, el Valle de los Caídos se convertirá en un centro con finalidad pedagógica.

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