Calviño utilizó un documento sin novedades para tratar de controlar la reforma laboral

El desencadenante del enfrentamiento entre Economía y Trabajo, entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz, por el control de la fase final de la reforma laboral ha sido un documento que contiene más bien pocas novedades, al menos para el que haya seguido con atención las negociaciones sobre el mercado de trabajo: se trata de una recopilación de las propuestas que Trabajo ha puesto sobre la mesa del diálogo social a lo largo de cinco meses de conversaciones con CCOO, UGT, CEOE y Cepyme. El texto, de 29 páginas, y al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, fue remitido a los agentes sociales el pasado 14 de octubre, y es básicamente una fusión de dos documentos que ya se habían hecho llegar a los negociadores: uno del 14 de julio, con todo lo dialogado antes de la pausa de verano, y otro del 11 de octubre, con lo negociado a la vuelta de las vacaciones en materia de temporalidad, formación y futuros ERTE.

Quizá lo más importante de este texto es que reúne, en una única compilación, la última versión de lo que Trabajo plantea a los interlocutores sociales: entre otras cosas, la reducción de la temporalidad en las empresas al 15%, el nuevo modelo de contratos formativos, la prioridad aplicativa del convenio de empresa sobre el de sector en materias como jornada o salario, la vigencia de los convenios una vez caducados si no tienen éxito las negociaciones para pactar uno nuevo, o las reglas para que las subcontratas tengan que regirse por el convenio del sector en el que operan. Es por tanto un papel que evidencia que la negociación está llegando al final, al último repaso de posiciones antes de intentar aterrizar un texto compartido.

Alerta del resto de ministerios

Según distintas fuentes del Gobierno y de los agentes sociales, esta sensación de final de la negociación es la que ha desencadenado la crisis en el seno del Ejecutivo por ver quién remata esta reforma crucial. Estas fuentes aclaran que el pasado jueves por la noche la vicepresidencia primera, que dirige Calviño, envió un correo electrónico al resto de departamentos económicos (incluido Trabajo) en el que se incorporaba el documento recopilatorio elaborado por el equipo de Díaz, y se instaba a los otros ministerios a hacer sus aportaciones. Esta comunicación fue interpretada por Díaz como un intento de Calviño de hacerse con el control de la reforma, que hasta ahora había pilotado ella, y propició la petición de convocatoria de la mesa de seguimiento del Gobierno de coalición por posibles "injerencias", y el posicionamiento del presidente Sánchez a favor de la vicepresidenta primera.

El enfrentamiento entre vicepresidencias por la reforma laboral está desvelando, en todo caso, un problema que va más allá de Calviño y Díaz: Fuentes del Gobierno señalan que hay más ministerios molestos con Trabajo, porque el documento recopilatorio aborda materias que son compartidas con otros departamentos y éstos aseguran no haber sido consultados. Es el caso, por ejemplo, del nuevo modelo de ERTE (que afectaría a Seguridad Social, Hacienda y Economía) o la revisión de los contratos formativos (que tienen mucho que ver con Educación). Desde los agentes sociales confirman esa incomunicación entre las distintas partes del Gobierno y apuntan que ocurre en todas direcciones, porque aseguran que, en alguna ocasión, han remitido a Trabajo documentos con reformas que incumbían a este departamento pero que no habían llegado por el conducto oficial interministerial.

El comisario europeo: "Soy italiano, entiendo el debate"

Las últimas horas han registrado un vivo cruce de mensajes públicos más o menos sutiles entre las dos vicepresidencias. Yolanda Díaz, en una alusión inconfundible a la ministra de Economía, declaraba que "hay una parte del Gobierno que no quiere derogar la reforma laboral". Calviño, por su parte, aprovechaba su comparecencia conjunta en rueda de prensa con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, para repeler las críticas ("aquí no cabe cualquier tipo de consideración personal o individual, se trata del programa de gobierno"), y para reiterar las palabras del viernes del Presidente Sánchez enfatizando que la reforma es un esfuerzo colectivo del Gobierno, no de un solo ministerio.

El propio Gentiloni, una de las máximas autoridades europeas -y, por tanto, con voz y voto en el veredicto sobre las reformas de España- se ha visto arrastrado al debate a preguntas de los periodistas, aunque ha evitado el fondo de la cuestión: "[en la Comisión] no entramos por supuesto en dinámicas internas de discusión política, pero como soy italiano, entiendo lo normal que es tener debate político, la discusión es útil para obtener una propuesta mejor". Para el comisario "el método está claro: el diálogo social; el marco está claro: el equilibrio entre seguridad y flexibilidad, y la propuesta la evaluaremos en Bruselas cuando esté lista, no podemos evaluarla mientras se está haciendo".

Equilibrio y negociación colectiva

Precisamente esa dicotomía entre seguridad y flexibilidad, y su delicado equilibrio (una palabra que repitieron ayer Gentiloni y Calviño) es uno de los aspectos cruciales en la lucha por la reforma laboral, más allá de la pugna abierta por el control de la negociación. El documento recopilatorio evidencia voluntad de reversión notable de la reforma laboral en materia de negociación colectiva: la norma de 2012 favoreció a los empresarios, y el proyecto de Trabajo inclinaría ahora la balanza más hacia los trabajadores. Desde el entorno del ministerio de Trabajo y Unidas Podemos (UP) afirman que Calviño es partidaria de mantener la regulación de la era Rajoy; la vicepresidenta primera, por su parte, asegura públicamente que lo que busca es "el reequilibrio y modernización de la negociación colectiva, para lograr una buena articulación de los distintos tipos de convenios". La cuestión es clave, porque el acuerdo de Gobierno PSOE-UP consigna explícitamente la derogación de la parte de negociación colectiva de la reforma de 2012, y porque los sindicatos ya han avisado que esta materia es una de sus líneas rojas, por la que podrían convocar movilizaciones.