No hay dos sin tres

Tendrá que ser a la tercera, y ya se verá, porque a la segunda la proposición de ley para prohibir y perseguir el proxenetismo se ha quedado sin padrinos. Los socialistas intentaron sacar adelante esta semana en el Congreso una iniciativa legislativa de corte abolicionista, que castigaba a los chulos, a los puteros y a quienes sacan provecho de la prostitución con el alquiler de pisos y locales. La mayoría de los grupos parlamentarios votó en contra, el PSOE se quedó solo con los nacionalistas gallegos y los canarios, y Podemos y Vox se abstuvieron. Los socios de gobierno de los promotores se quejaban de la desprotección de las mujeres. El texto, en fin, no fue admitido a trámite y habrá que presumir que, quién sabe cuando, habrá un tercer intento.

Es necesario sacar la prostitución de la clandestinidad, regularla, prohibirla, legislar sobre ella. ¿O no? Políticos, organizaciones sociales, asociaciones, prostitutas llevan años, décadas, clamando por ello, pero llegada la hora de la verdad no hay manera de que se pongan de acuerdo.

Los políticos muestran poca disposición y el movimiento feminista está dividido. En Europa cada país ha resuelto el asunto a su manera. Unos han optando por las estrategias abolicionistas, otros por la legalización y otros por la despenalización.

España se ha instalado en un vacío legal, que resulta cómodo para los proxenetas y los clientes y que deja desvalidas a las víctimas de las redes, que funcionan como grandes multinacionales de la prostitución.

La regulación del negocio, porque de eso se trata, lleva años dando que hablar. No hay manera de poner de acuerdo a los políticos, tampoco hay unanimidad social, ni mucho menos, y es uno de los temas que más fricciones provoca dentro del movimiento feminista. El tema es peliagudo y tiene tantas aristas que es difícil encontrar por donde entrarle para llegar, de alguna manera, a un espacio donde sea posible el acuerdo. Después de tanto amagar, la impresión es que los responsables políticos, que son los que tienen en su mano atajar el problema, confían bien poco en su solución.

En el fondo, todo se resume en proteger a las mujeres en situación de vulnerabilidad, obligadas o abocadas por sus circunstancias socioeconómicas, a ejercer la prostitución, y a ser posible evitar que lleguen a ese punto, y, por otro lado, en castigar a quienes, de una u otra forma, las explotan. O bien, optar por una de las dos posibilidades: facilitar cobertura social y seguridad a las mujeres, despenalizando o regulando la prostitución, o anteponer, sobre todas las cosas, la persecución y el castigo de quienes comercian y hacen negocio con ellas.

Para resolver ese dilema, con todas las cuestiones que se enredan en él y que lo atraviesan, hay que hablar, hablar, pactar y volver a pactar. Hay que poner por delante la dignidad humana. Hay que tener altura de miras. El actual clima político no es benigno y quizá a la tercera tampoco vaya la vencida.