Aviso: vienen curvas financieras

Atención a los bolsillos. Vienen curvas financieras. No ha sido el centro de la actualidad, pero es de esas noticias que marcan el rumbo de la legislatura. Tras el anterior Consejo de Ministros, en el que se aprobó la senda de estabilidad, el Ministerio de Hacienda ha empezado a hacer llegar un mensaje a las autonomías: en 2025 las entregas a cuenta serán menores. Eso significa ajustes.

Se sabía del regreso de las reglas fiscales, pero que el departamento de María Jesús Montero empiece a lanzar ya en febrero de 2024 avisos de una reducción notable de los recursos en el ejercicio siguiente sugiere que va a pedir un esfuerzo considerable.

En la Conselleria de Hacienda han captado el mensaje. Saben de qué va. Otra cosa es que estén de acuerdo. Porque el escenario es especialmente complejo para los territorios infrafinanciados, como el valenciano.

Lo que plantea el Ejecutivo central es una difícil cuadratura del círculo: lograr el equilibro presupuestario (para 2025 el déficit propuesto es del 0,0 %) con una reducción de ingresos considerable. Hay que tener en cuenta que en este momento la Generalitat tiene un conflicto abierto con el Gobierno porque no acepta el 0,1 de déficit impuesto a todas las autonomías y defiende el 0,3 que aprobó en sus presupuestos.

El apretón de cinturón tiene razones económicas, pero cuenta con una derivada política jugosa: se va a producir cuando la mayor parte de comunidades no están gobernadas por el PSOE, lo que aumentará la tensión.

El aviso del ministerio va especialmente dirigido a las autonomías más alegres en el aumento de sus presupuestos este año, llegando al 10 % en algún caso. No es el caso de la valenciana, que ha elevado sus cuentas un 4,5 % (2,3 % si se mide el gasto real, no el total, que incluye el coste de la deuda).

Pero la alerta es especialmente preocupante para la Comunidad Valenciana porque, tras un periodo de crecimiento y luego de aparcamiento de las reglas fiscales por la pandemia, se avecina un periodo duro sin haber resuelto el problema de la (mala) financiación autonómica diez años después de haber caducado el sistema. Como sucedió hace una década, la Generalitat puede verse obligada a recurrir a grandes bolsas de deuda con el Estado (a través del FLA) para financiar sus servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y atención social), cuyos índices han crecido en los últimos años hasta situarse en la media de España.

En el escenario que el propio ministerio empieza a plantear urge aún más a la Comunidad Valenciana conseguir del Gobierno lo antes posible la aprobación de un fondo de nivelación hasta que se apruebe un sistema justo.

Ese fondo transitorio está en los acuerdos de Gobierno del PSOE con Sumar (con cita explícita al caso valenciano), pero Montero ha declarado que no forma parte de sus prioridades. Una vez que la alarma ha saltado, sí debería ser una prioridad en la agenda valenciana garantizar este ingreso extra. Pero de momento ni siquiera existe un consenso entre todos los partidos.

Mientras, la legislatura, sin alcanzar su primer año, sigue en el péndulo entre el presente y el pasado (la herencia recibida). El caso de Emergencias es paradigmático. El Gobierno de Carlos Mazón pone el foco en la caótica gestión de la sociedad pública creada para este fin (Sgise) y en los posibles tratos de favor en el uso de recursos (el helicóptero para la amiga de la única secretaria autonómica que se ha mantenido en el cargo tras el cambio). La izquierda, por su parte, invita a aclarar si se está actuando cómo toca ante la aparición reiterada de incendios (de escasa magnitud, por ahora) y los problemas laborales con los bomberos forestales. El tiempo hará que el presente se imponga, pero ahora el péndulo aún funciona. Habrá que ver hasta cuándo.