Cainismo en Bolivia: la lucha de Evo Morales por volver a ser presidente

La izquierda boliviana vive una intensa lucha fratricida, casi cainita, en torno a la designación del candidato presidencial para las elecciones de 2025. El Movimiento al Socialismo (MAS) se ha fracturado y con él los principales sindicatos obreros y campesinos, así como otras organizaciones políticas y sociales que de un modo u otro apoyaban al gobierno. Todo hace prever que el enfrentamiento entre el expresidente Evo Morales, por un lado, y el actual presidente, Luis Arce, por el otro, respaldado por el vicepresidente David Choquehuanca, no será reconducido y se intensificará.

Esto se explica por una lucha desmedida por el poder y el peso del caudillismo. El deseo de Morales de mantenerse en el cargo lo llevó a convocar un referéndum en 2016 para modificar una Constitución que permitía una única reelección. Aunque fue derrotado, desconoció el resultado y en 2017 logró que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) lo habilitara como candidato, ya que de no hacerlo se violaban sus derechos humanos. Un argumento similar al utilizado en su día por Óscar Arias, en Costa Rica, y Daniel Ortega, en Nicaragua. La anulación de las elecciones de 2019, consideradas fraudulentas por parte de la sociedad alejó del poder a Morales, impidiéndole un cuarto mandato. El oficialismo, que vio exiliarse a parte de su cúpula, denunció un golpe de estado en su contra.

Recientemente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideró que la reelección presidencial indefinida es incompatible con el sistema interamericano de derechos humanos. Con este respaldo, en diciembre pasado, en su sentencia 1010/2023, el TCP excluyó formalmente a Morales como candidato, al entender que la Constitución prohíbe que un presidente gobierne más de dos veces, sea de forma continua o discontinua y el derecho a ser reelecto se aplica "una única vez".

Los numerosos errores de la presidenta provisional Jeanine Áñez y su empecinamiento en presentarse a las elecciones de 2020, permitieron al MAS recuperar el poder. Pero como Morales estaba inhabilitado debió encumbrar a Luis Arce, su ex (y exitoso) ministro de Economía. Comenzaba así el clásico proceso, tantas veces conocido en América Latina, en el cual el recién encumbrado se quiere sacar de encima a quien lo encumbró. La prueba de fuego es si logra matar al padre y es precisamente eso lo que se dirime hoy en Bolivia.

La presencia de Choquehuanca en la fórmula presidencial reavivó la pugna con Morales por el control del MAS y de los movimientos indigenistas. Esto ha llevado a que el presidente Arce dejara de ser “el hermano Lucho”, como se lo consideraba a comienzos de su gobierno, para ser simplemente un “traidor”. Hoy coexisten en el MAS dos estructuras paralelas y lo más probable es que con independencia de lo que decida la justicia sobre la capacidad de Morales de ser candidato, el actual oficialismo concurrirá con dos fórmulas diferentes.

La respuesta de Morales, especialmente en su feudo cocalero del Chapare, en Cochabamba, fue dura y violenta, ordenando bloquear las principales carreteras y vías de comunicación, especialmente la ruta entre La Paz y Santa Cruz de la Sierra, la columna vertebral de la economía nacional. Esto provocó el desabastecimiento de alimentos, combustibles y otros productos básicos, y afectó al turismo, en unas fechas tan señaladas como el carnaval, con pérdidas superiores a los 600 millones de dólares.

En Bolivia, según la Constitución de 2009, los jueces son elegidos popularmente cada seis años. Esto permitió que los gobiernos del MAS controlaran la justicia, subordinándola a sus necesidades. En este momento, dos destacados opositores, el prefecto de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y la expresidenta Añez, siguen encarcelados en condiciones miserables. Para garantizar el control de Arce sobre la judicatura y su propio poder, el TCP prorrogó el mandato de los jueces hasta 2027. Por eso, el expresidente Carlos Mesa, un referente de la oposición democrática, habló de la “dictadura” del TCP, dado su intento de someter al parlamento a su voluntad.

La no renovación de la judicatura y la creencia de Morales y sus seguidores de que la elección de nuevos jueces les permitiría conformar tribunales más afines, que permitan anular la sentencia 1010/2023 y otras similares atizó el conflicto. Finalmente, un acuerdo de varias fuerzas políticas, del gobierno y la oposición para designar candidatos y convocar elecciones judiciales, lo desatascó, aunque solo sea temporalmente.

Pero esto no ha terminado aún. En realidad, no ha hecho más que comenzar. Si desde el gobierno se acusa al evismo de pactar con dos partidos de la derecha, Comunidad Ciudadana y Creemos, para presentar la candidatura de Morales en 2025, del otro lado se insiste en que había un plan gubernamental para asesinar al expresidente, algo que no ocurrió. La división del MAS condicionará sus resultados electorales, pero el posible triunfo de alguno de sus candidatos, sean Morales o Arce, también dependerá de si la oposición, hasta ahora dividida y errática, es capaz de dejar atrás sus diferencias y comienza a hablar con una sola voz.