El Gobierno no puede estar "en funciones" siempre

España celebró elecciones el 23 de julio. No se logró formar gobierno el 23 de agosto, ni el 23 de septiembre, ni el 23 de octubre. Hay dudas razonables de que lo logre antes del 23 de noviembre. Y si no es así, no será posible antes del 23 de enero, o de febrero, o a saber cuando. Todo se resolvería si el sistema electoral, en lugar de ser parlamentario, contemplara una segunda vuelta. O Sánchez o Feijóo; votación quince días después. Se acabaría el eterno “Gobierno en funciones” y los chantajes de los minoritarios que emplean su condición de imprescindibles en la suma de 176 diputados -la mitad más uno del Congreso- para imponer condiciones que pueden vulnerar la Constitución.

No todos los minoritarios ejercen igual esa fuerza relativa, sin duda, y todos tienen derecho a la acción política. España es un país plural, democrático y tolerante. No son ilegalizados, ni perseguidos los que proponen la independencia, ni los que defienden un sistema antidemocrático, si no utilizan violencia o coacciones. No es así en otras latitudes.

Pero el límite está en que no se puede detener la marcha de un país solo por tener una pequeña llave parlamentaria. Cierto es que el Gobierno en funciones de Pedro Sánchez sigue actuando -quizás con el convencimiento optimista de que renovará mandato- y apenas ha reducido su velocidad de crucero. Pero tanta provisionalidad ya empieza a pasar factura con el aumento de la incertidumbre que generan anuncios políticos demagógicos y desprecios a posibles concesiones, incluso las discutibles. “La amnistía no es nada, solo el punto de partida”, rivalizan en declaraciones algunos independentistas. “La amnistía ya se da por descontada”, se escribe en crónicas susurradas por los mismos. Y, con eso, la amnistía se hace bola jurídica difícil de tragar en instancias judiciales y en sectores de la opinión pública, al entender que es poner el contador a cero para nuevos desafíos.  

En el trimestre que concluye, a pesar de todo, España ha seguido creciendo: tres décimas del Producto Interior Bruto y más de 21 millones de personas trabajando, cada vez con más contratos fijos y no temporales. Pero la economía va frenando. Bancos, notarías y entidades de avales lo certifican. Las exportaciones se reducen en su ascenso continuo y las inversiones dudan más que antes. Consuela que la economía española, aún así, se comporte mejor que las del resto del eurogrupo. Pero subleva el pensar que marcharía mucho mejor para todos si desapareciera la incertidumbre política.

El presidente Pedro Sánchez se ha refugiado en este tránsito en la escena internacional donde acredita logros destacables; por ejemplo, la aceptación por la Unión Europea de su propuesta de celebrar en seis meses una conferencia mundial en Barcelona para la paz entre judíos y palestinos. O en el primer momento, controlando, vía ministro Albares, al comisario húngaro que anunció por su cuenta la suspensión de la ayuda europea a Palestina. O corrigiendo Josep Borrell, vicepresidente europeo, la posición pro israelí, sin empatía alguna hacia Palestina, de la presidenta Ursula Von der Layen. Son éxitos diplomáticos de España muy relevantes. Pero no se escapa que ejercen de cortina para tapar el retraso en la formación de gobierno. Lo mismo sucede con el informe presentado por el Defensor del Pueblo sobre los abusos a menores en la Iglesia por curas y profesores de colegios religiosos. Detrás de esas cortinas informativas, se cocina a fuego lento un gobierno que urge.