El programa Yolanda

Doña Yolanda ha presentado su programa electoral, como si de un Feijóo cualquiera se tratara, y la sorpresa es que hay muchas más ocurrencias aparte de las ya anunciadas como la herencia universal de 20.000 euros para los jóvenes que cumplan 18 años (la cobrarían con 23), la reducción de la jornada de trabajo a 32 horas o ese bono de emergencia –otro– para las familias que no puedan pagar su hipoteca variable. A esas propuestas ya sobradamente conocidas, la candidata de Sumar ha planteado una nueva prestación también universal por hijo –la cobrarían los padres al margen de su renta– que sumaría los 200 euros mensuales por cada churumbel, hasta que el hijo en cuestión cumpla dieciocho.

Pero lo universal tiene truco: si en la herencia el truco consiste en esperar cinco años para cobrarla, en lo de los hijos, la broma es que los cuartos salen de suprimir las vigentes prestaciones por hijo a cargo de la Seguridad Social, el complemento de ayuda a la infancia del Ingreso Mínimo y la rebaja fiscal para madre trabajadora. Simplificar no es una mala idea, lo que parece delictivo es que esta nueva versión mejorada y ampliada del cheque bebé (43.200 euros en euros constantes por hijo) la cobraría también Amancio Ortega si tuviera hijos menores. Qué manía esta de la izquierda couché de pagarles vicios a los ricos. También, en materia de prohijismo, Sumar quiere que el permiso paternal sea financiado por el Estado. Además, las ocho semanas podrán ser diez, hasta veinte para las familias de un solo progenitor, y se podrán disfrutar hasta que el hijo cumpla los doce.

También está lo del teléfono para hombres en crisis al que podrán llamar los amigos de Pedro Sánchez frustrados por culpa de Irene Montero, Pam y Vicky Rosell. A mí me parece una gran idea. Más: se construirán dos millones de viviendas sociales en diez años, gastando en ellas un uno por ciento del PIB nacional –¡Eso es un anuncio y no el goteo de Sánchez!-, y se obligará a las regiones a aplicar la Ley de Vivienda, aunque la competencia sea regional, y a los bancos –no se dice cómo– a cambiar sin coste las hipotecas del tipo variable al fijo.

No se asusten: habrá pasta suficiente: doña Yolanda sabe de dónde sacar los monises. Se obligará a todas las Autonomías, quieran o no, a cobrar un mínimo nacional por el impuesto de sucesiones y donaciones, se crearán nuevos impuestos verdes para favorecer las prácticas ecológicas en movilidad, energía, emisiones de CO2… y se subirán los impuestos de alcohol y tabaco, creando tasas para la Coca-Cola y otras bebidas con azúcar, y a los alimentos ultraprocesados.

Además, se establecerá un nuevo pacto entre Cataluña y el Estado: "aquí el Estado, aquí Cataluña", que se votará por los catalanes para que España sea por fin una realidad plurinacional, un país de países. No es exactamente un referéndum, pero ya tienen los Comunes dónde agarrarse.

Y un final bolivariano y de traca: se sancionará primero y finalmente se expulsará de la carrera periodística a los plumíferos que manipulen y desinformen. Así se acabará con fakes y bulos. ¿Y cómo se decidirá quién manipula, desinforma y miente? Pues lo hará un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que se elegirá –supongo– por el Parlamento. Uno ha escuchado en los últimos años cancaburradas varias, pero pocas superan ésta. Que una vicepresidenta del Gobierno de España proponga un organismo estatal regulador de la libertad de expresión, con potestad para silenciar periodistas, censurar su trabajo, decidir en cada momento qué es la verdad –esa percepción poliédrica y confusa– y qué es la mentira, produce escalofrío. Después de la gira artística de Sánchez por los casposos medios de la derecha, denunciando como agentes de la derecha mediática a los periodistas y los medios a los que vetó los últimos cuatro años, este orvelliano redescubrimiento del Ministerio de la Verdad con formato de Consejo estatal acongoja y acojona.

48 años de libertad no han logrado acabar en España con la morriña de algunos chiflados por el Tribunal del Santo Oficio. El doceañista gomero Ruiz de Padrón liquidó la Inquisición en las Cortes de Cádiz, hace ahora más de dos siglos. Si levantara la cabeza, Curbelo tendría que volver a pagarle el entierro.