La UE quiere poder espiar a los periodistas

Los gobiernos de la Unión Europea (UE) han diluido en el Consejo de Ministros europeo los dos proyectos legislativos para reforzar la libertad de prensa y proteger a los periodistas, elaborados por la Comisión Europea. El Consejo de Ministros de la UE acordó el 21 de junio reforzar los poderes gubernamentales para espiar a los periodistas, los medios de comunicación y sus fuentes en base al vago concepto de “salvaguardia de la seguridad nacional”. El Consejo de Ministros de la UE también desvirtuó el 9 de junio la directiva contra las demandas judiciales intimidatorias (SLAPP, en inglés) contra periodistas, medios de comunicación, filtradores y organizaciones cívicas, recortando drásticamente su efectividad, como criticó el comisario de Justicia, Didier Reynders.

El sabotaje de los gobiernos de la UE a las propuestas para reforzar la libertad de prensa se produce en un contexto de retroceso del pluralismo y la independencia política de los medios de comunicación, que detalla el informe Media Pluralism Monitor 2022 del Centro Robert Schuman, y de proliferación de demandas judiciales intimidatorias con más de un centenar de nuevos casos anuales. También coincide con el creciente poder de la extrema derecha y la multiplicación de las alianzas del Partido Popular Europeo con la ultraderecha, y ambos instrumentalizan los medios de comunicación para dominar el debate político. La extrema derecha ya gobierna en solitario en Hungría y Polonia y aliada con los populares europeos en Italia, Finlandia y Suecia, a nivel estatal, y en España y Austria, a nivel regional. Esta semana en Austria, la fiscalía hizo incautar el ordenador y teléfono del periodista Franz Miklautz tras desvelar la corrupción de un juez ultra.

Las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de la UE chocan con las recomendaciones aprobadas por el pleno del Parlamento Europeo el 15 de junio contra el abuso de los programas espía de vigilancia electrónica (Pegasus, Predator) detectados en España, Hungría, Polonia, Grecia y Chipre. Los cambios introducidos por los Veintisiete contradicen la amplia jurisprudencia del Tribunal de la UE contra el uso abusivo de invocar la “seguridad nacional” para violar el Derecho de la UE.

Investigación Penal

El Consejo de Ministros de la UE introdujo la excepción de la “salvaguarda de la seguridad nacional” en un apartado adicional del artículo 4 del proyecto de ley europea de libertad de los medios de comunicación, en el que se prohíbe expresamente el uso de tecnologías de espionaje electrónico en los teléfonos y los equipos informáticos de los periodistas y los medios de comunicación, en especial para intentar identificar sus fuentes. También se incluyó en el artículo que ese espionaje estará autorizado si el periodista o la fuente son objeto de una investigación susceptible de una condena de tres años de cárcel. En España, oponer resistencia a la autoridad está penado con hasta cuatro de cárcel (artículo 550 del Código Penal) y manifestantes, activistas y profesores han comprobado lo fácil que resulta a la policía y a los fiscales reclamar cuatro años de prisión por una simple protesta y desobediencia.

La Federación Europea de Periodistas (EFJ) criticó esos cambios como un “mazazo” contra la libertad de prensa, que incrementará la inseguridad de los periodistas y sus fuentes. Los cambios no incluyen provisiones para proteger los derechos fundamentales, ni mencionan las garantías del artículo 52 de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, como ocurría en el texto de la Comisión Europeo. Todo ello supone un “cheque en blanco” para los gobiernos, critican las asociaciones de prensa y la eurodiputada liberal Sophie in’t Veld.

Demandas judiciales

El Consejo de Ministros de la UE también diluyó totalmente la legislación contra las demandas judiciales intimidatorias. Los Veintisiete limitaron la directiva sólo a casos transfronterizos, excluyeron las demandas civiles, restringieron la definición de “casos manifiestamente infundados”, dificultaron que los jueces rechacen esas demandas y suprimieron las compensaciones para las víctimas de las demandas infundadas.

Las asociaciones de prensa aspiran a que el Parlamento Europeo pueda forzar a los Veintisiete a rectificar. Pero las alianzas de los populares europeos con la ultraderecha y el hecho de que los recortes a la protección de la prensa en las nuevas leyes hayan sido impulsados por los gobiernos de Francia, Alemania, Italia, Polonia, Austria, Países Bajos, Grecia, Hungría, Bulgaria y Croacia no invitan al optimismo.