La quiebra de la Justicia

La relativización de las normas, plasmadas en el sistema legal, es uno de los síntomas más elocuentes de la decadencia de las democracias, una cuestión de moda en esta ajetreada globalización (véase el excelente libro Cómo mueren las democracias de Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, Ariel 2018). Pero el asunto es antiguo: En 1864, Maurice Joly escribió Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu (El Aleph Editores, 2002), un panfleto contra Napoleón III que ilustra lo sencillo que puede ser convertir una democracia liberal en un régimen autoritario sin necesidad de abolir las instituciones representativas. Ante las explicaciones de Maquiavelo, Montesquieu, horrorizado, reconoce que el florentino está en lo cierto: la astucia sin escrúpulos del príncipe y la apatía política del pueblo pueden aliarse para corromper una democracia liberal.

Nuestro sistema político democrático, del que una mayoría nos sentimos orgullosos, ha pasado por diversas pruebas. Primero fue la brutal arremetida de los últimos espadones franquistas que fracasó el 23F de 1981. Después, nos invadió la corrupción en un proceso ascendente que afectó a los grandes partidos y que providencialmente fue abortada por el poder judicial, todavía con crédito. Pero ahora nos falla la tercera pata de la tríada: el mismo poder judicial que puso coto a la corrupción nos falla ahora estrepitosamente.

Los jueces están tolerando —aunque no toda la culpa es suya, obviamente— el inicuo bloqueo del Consejo del Poder Judicial y los sectores conservadores amenazan con una parálisis reivindicativa que, además de ilegal, no toma en cuenta el daño estructural que puede sufrir la delicada maquinaria del Estado. Bodas, Lillo y De la Rocha han escrito que “los incumplimientos de la Administración no justifican que los titulares de un poder del Estado suspendan unilateral e indefinidamente su funcionamiento por el ejercicio de un derecho de huelga no reconocido ni en la Constitución ni en la Ley”. Son los sindicatos y no las asociaciones judiciales quienes pueden convocar una huelga. Y los PGE de este año prohíben expresamente subidas salariales públicas superiores al 2,5%. ¿Alguien ha evaluado lo que supondría una huelga general indefinida —ilegal, como se ha dicho— de la Justicia, después de las realizadas por los letrados y los funcionarios, que han generado retrasos irreparables? ¿Es esta una conducta razonable de quienes tienen a su cargo el fiel de la balanza, el contraste de legalidad, de esta sociedad y de este país?