Recta final de la legislatura europea

Con las elecciones al Parlamento Europeo previstas para el 9 de junio de 2024, los cinco años de la legislatura europea entran en su recta final. La última sesión parlamentaria debe celebrarse como muy tarde a primeros de mayo de 2024. Esto deja doce meses para concluir los 230 procedimientos legislativos en curso, con el obstáculo de la polarización política cada vez mayor por el clima preelectoral imperante en la Eurocámara, por la celebración de elecciones clave -España, Polonia, Baviera (Alemania)- y por la acumulación de éxitos electorales de la ultraderecha y de nuevos populismos (Italia, Suecia, Finlandia, Países Bajos). La evolución de la economía y la guerra en Ucrania también condicionarán la etapa final de la legislatura, así como el disfuncionamiento del eje franco-alemán, las divergencias dentro de la coalición gubernamental alemana y la debilidad del presidente francés y su Gobierno sin mayoría en la Asamblea Nacional.

El Parlamento Europeo tendrá que seleccionar la legislación que priorizará, porque no hay tiempo suficiente para que la Eurocámara y el Consejo de Ministros de la Unión Europea (UE) alcancen acuerdos sobre la totalidad de las normas en trámite, admite Jaume Duch, director general de Comunicación del Parlamento Europeo. El procedimiento legislativo requiere tiempo, porque, primero, los Veintisiete en el Consejo de Ministros europeo y la Eurocámara, por cada lado, introducen sus modificaciones al proyecto inicial de la Comisión Europea. Después deben alcanzar un compromiso aceptable para ambas instituciones, que también sea aceptado por la Comisión Europea, promotora de la legislación. Un ejemplo de esas dificultades fue el retraso durante varias semanas hasta el 28 de marzo de la aprobación final por la UE del veto a los coches nuevos que emitan dióxido de carbono (CO2) a partir de 2035, debido a las exigencias in extremis de Alemania y otros países, a pesar de que el Parlamento Europeo y el Consejo de Ministros de la UE ya habían cerrado un acuerdo sobre el texto en octubre de 2022.

Irrealismo europeo ante la inmigración

Prioridad a la transición verde

Los eurodiputados priorizarán las normativas pendientes asociadas a la transición verde y el cambio climático, el paquete sobre inmigración y asilo, la reforma del mercado eléctrico y los paquetes sobre política industrial y tecnológica, indican fuentes parlamentarias. Una cuestión clave para la democracia en la UE es lograr aprobar antes del fin de la legislatura la nueva ley europea de libertad de los medios de comunicación y la directiva contra las demandas judiciales intimidatorias (SLAPPS, en inglés). Otro objetivo prioritario es la regulación del uso de las tecnologías de inteligencia artificial, que podría convertirse en un referente a nivel mundial, señala el eurodiputado Dragos Tudorache, coponente de la normativa.

La Eurocámara confía que la presidencia rotatoria española de la UE en el segundo semestre de 2023 ayude a concluir los acuerdos comerciales con Chile y Mercosur. También que logre un pacto con el Consejo de Ministros europeo sobre los cinco reglamentos de inmigración y asilo, que incluyen medidas de solidaridad vinculantes hacia los países receptores de las olas migratorias, señala Juan Fernando López Aguilar, presidente la comisión de Libertades, Justica e Interior. El clima prelectoral y la asunción por los populares europeos de la agenda ultraderechista sobre inmigración constituyen un importante obstáculo, reconoce López Aguilar, que teme que todo el paquete decaiga si no se logra un acuerdo con los Veintisiete antes de acabar la legislatura y haya que volver a empezar.

El líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, promueve una alianza estratégica con la ultraderecha de cara las elecciones europeas de 2024. La beligerancia de los populares europeos contra el Gobierno español puede obstaculizar la labor de la presidencia española de la UE para avanzar en la legislación europea. Esta semana la Comisión Europea ha tenido que defenderse de los ataques de Weber por haber criticado los planes del PP que ponían en peligro la supervivencia del espacio natural de Doñana e incumplían la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 2021. En un comportamiento insólito hacia su país por parte de un partido líder de la oposición en Europa occidental, el PP ha intentado que la Comisión Europea frenara el desembolso de los fondos NextGenration a España e incluso movilizó con el mismo motivo el envío de una misión del Parlamento Europeo, que ha acabado descartando las irregularidades que denunciaba.