Prisas por las renovables

Este miércoles terminó el plazo para que el millar de proyectos de energías renovables -eólicas y fotovoltaicas- pendientes de recibir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de las administraciones central y autonómica para continuar con la construcción de las plantas y mantener los permisos de acceso y conexión que habían recibido en su momento de Red Eléctrica. Aunque todo el proceso ha experimentado problemas administrativos por insuficiencia de medios públicos -algo semejante ha ocurrido con los PERTE del automóvil eléctrico- el Departamento que dirige Teresa Ribera, ha garantizado que, gracias a un esfuerzo de última hora, se ha completado la concesión de los permisos pendientes.

Según el Ministerio de Transición Ecológica, se han tramitado un total de 192 expedientes, de los que 170 han sido favorables -más de 100 en los últimos cuatro meses-, 22 negativos, 8 se han archivado y uno ha sido desestimado por el propio promotor. Comunidades como Murcia, Cataluña o Galicia han dejado sin embargo expedientes sin evaluar. La falta de evaluación implica el fracaso del proyecto y la pérdida de la fianza depositada, así que es de prever una judicialización parcial del asunto. A finales de 2021, alrededor de 60.000 MW -20.000 eólicos y 40.000 fotovoltaicos- de proyectos de renovables de los 140.000 MW que deberían contar con la Declaración de Impacto Ambiental estaban en riesgo de perder sus permisos de acceso a la red eléctrica si el Gobierno no daba una solución a los problemas administrativos existentes.

Si se frustrasen parte de los proyectos se abriría una grieta en la línea de flotación de la transición energética

De conformidad con el Real Decreto-ley 23/2020, de 23 de junio, los permisos de acceso concedidos desde la entrada en vigor de la Ley del Sector Eléctrico en 2013 y antes de la entrada en vigor del real decreto-ley de junio de 2020 caducaban a los cinco años si no se obtenía la autorización administrativa de explotación definitiva para la puesta en servicio del proyecto. Ante esta situación, el Gobierno decidió conceder una prórroga de nueve meses para llevar a cabo la tramitación de estos proyectos, una prórroga que ha conseguido buena parte de sus objetivos.

Gracias a este acelerón de última hora, España podrá mantener un amplio catálogo de proyectos de renovables pero nuestro país está incumpliendo en este momento los objetivos que se marcó en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 2021-2030. Y si se frustrasen parte de los proyectos que llevan años tramitándose, se abriría una grieta en la línea de flotación de la transición energética, que acarrearía la pérdida de una enorme cantidad de inversión. Transición Ecológica tendrá que presentar el próximo 15 de marzo a la Comisión Europea el resultado del primer examen del PNIEC y posteriormente la revisión del mismo en la que se pretende ampliar los objetivos de instalación.

Todo indica que cumpliremos por los pelos lo pactado, lo que debería confirmar la necesidad de fortalecer las administraciones públicas autonómica y estatal para que este tipo de proyectos encuentren su sitio sin perturbaciones que frustren el ritmo deseable de la modernización.