El PP legitima a la extrema derecha

Las elecciones anticipadas en Castilla y León celebradas el pasado 13 de febrero abrieron la caja de Pandora en el Partido Popular. El movimiento que debía ser el acelerador del ciclo de cambio en la derecha española se ha llevado por el camino el liderazgo de Pablo Casado y culminó ayer con una decisión de alto riesgo político: el presidente regional, Alfonso Fernández Mañueco, anunció un acuerdo de investidura con Vox por el que el partido de Santiago Abascal obtiene la vicepresidencia, tres de las diez consejerías y la presidencia de las Cortes. El PP pasa así de gobernar con Ciudadanos, que tenía la vicepresidencia, a legitimar la presencia de la extrema derecha en el poder ejecutivo y al frente del poder legislativo de Castilla y León.

La decisión, que trasciende la esfera regional y ya ha sido lamentada por los conservadores europeos, supone la entrada de Vox por primera vez en un gobierno y se produce 24 horas después de que Alberto Núñez Feijóo presentase 55.000 avales para formalizar su candidatura a la sucesión de Casado en el congreso extraordinario de Sevilla. El presidente gallego, que había abierto una puerta a la esperanza de que el PP reforzara su centralidad política como primer partido de la oposición y alternativa de Gobierno, acaba de enmendar su propio perfil antes incluso de su elección.

El pacto no solo contamina la política de alianzas del PP sino que le aleja de sus socios europeos

El hecho de que el PSOE no haya ayudado con su abstención –condicionándola a un 'cordón sanitario' a Vox y a la ruptura de los acuerdos con la extrema derecha en el plano local y regional– hace recaer sobre los socialistas una parte de la culpa. Pero no exime de responsabilidad a esta decisión autónoma avalada por Feijóo.

El barón gallego del PP puede que no haya calculado el alcance del pacto con Vox en Castilla y León: no solo contamina su política de alianzas en España sino que le aleja de los comportamientos frente a la extrema derecha de sus socios europeos.

Se trata de una decisión que choca con la estrategia de 'cordón democrático' –una expresión más ajustada que la de 'cordón sanitario'– que practican las democracias centrales europeas, Alemania y Francia, para cerrar el paso a los gobiernos a aquellos partidos que, como Vox, socaban los valores democráticos: frivolizan la violencia de género, criminalizan a los menores por su país de origen, alientan la homofobia, como es el caso paradigmático de su líder en Castilla y León, Juan García-Gallardo, o pretender acabar con el Estado de las autonomías, en uno de cuyos gobiernos se disponen ahora a entrar.

El hecho de que el PSOE no haya ayudado con su abstención hace que recaiga en ellos una parte de la culpa

La democracia española, como ha recordado el Tribunal Constitucional, es una "democracia no militante", es decir, que acepta fuerzas que cuestionan el propio ordenamiento constitucional. Desde esta óptica, fijar el 'cordón democrático' contra Vox que ahora se ha quebrado en Castilla y León no significa excluir ese partido de las elecciones, sino que las fuerzas democráticas impidan que entre en las instituciones porque representa una amenaza para la propia democracia. Pero ahora lo hará con el aval del PP. Es de esperar que el pragmatismo del presidente gallego le permita acotar a Castilla y León el pacto con Vox. Pero al sobrepasar una línea roja que hasta ahora se había preferido no rebasar en Andalucía, Murcia y Madrid, este precedente manchará cualquiera de los acuerdos que exigen la gravedad del momento. Tanto los derivados de las secuelas de la pandemia como la guerra en Ucrania. De puertas adentro, urge consolidar la recuperación económica, desencallar la renovación del CGPJ o reforzar el crédito de la Corona. Y, de puertas afuera, sumarse a la actuación de la UE frente a Rusia. En todos estos escenarios, el nacional populismo de Vox es un factor tóxico que el PP ha decidido no neutralizar.

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