De metodología y de fondo

Muchas han sido las noticias publicadas en los últimos días sobre la supuesta discrepancia acerca de la reforma laboral comprometida por el gobierno de coalición. No muchas menos que las que ocupó en su día las aparentemente importantes discusiones de la ley de vivienda aprobada recientemente en Consejo de Ministros que complementa un pilar fundamental del Estado del Bienestar, y que se ha resuelto con aplauso de ambas partes. Lo cierto es que, más allá de los titulares, de las estrategias y de las percepciones que a veces se instalan en el imaginario colectivo, resulta tarea difícil hasta ahora encontrar diferencias de relevancia en el tramo de una negociación que todavía no ha entrado en el verdadero fondo. Hasta aquí, parece poco razonable pensar que una reforma de este calado no sea abordada y acordada en sus diferentes aspectos con cada uno de los ministerios implicados, empezando naturalmente por el de Trabajo, cuya titular ha demostrado hasta ahora gran capacidad de negociación, pero también por el de Economía, obviamente, o el de Educación, que necesita regular los contratos en prácticas y alinear la reforma del mercado de trabajo a la reforma de la formación profesional, o el de Industria y Turismo, que debe abordar la estacionalidad y las especificidades y modelos de su sector, por no hablar del Ministerio de Igualdad, etc. Pero más allá de las formas o de la llamada metodología, que nos son menores, lo realmente importante es el calado de la misma: la necesidad de una reforma del mercado del trabajo que corrija el impacto claramente nocivo que en estos años ha tenido la legislación vigente en los trabajadores y en la economía. Una legislación aprobada en su día unilateralmente, cambiando notablemente el sistema de relaciones laborales de los últimos 30 años, usurpando a la negociación colectiva el papel fundamental que siempre había jugado, aprobando la liberalización del despido o eliminando la autorización preceptiva de las administraciones publicas de los despidos masivos, abriendo la puerta a contratos sin derecho a indemnización por despido y lo que es especialmente grave, permitiendo el despido por faltar al trabajo cuando el trabajador estaba enfermo.

Aquella reforma no cumplió con ninguno de los objetivos que supuestamente perseguía, una razón de peso para su profunda revisión como lo es también la necesidad de hacer frente a un contexto económico postpandémico, que debemos aprovechar para una profunda transformación económica y social, que corrija las crecientes desigualdades existentes, favorezca el empleo verde y de calidad, reduzca drásticamente la temporalidad y el desempleo (especialmente entre los jóvenes), dé estabilidad a la economía e incentive el consumo. Para afrontar este reto, el Gobierno cuenta además de con el respaldo parlamentario que le permitió la investidura, con la cobertura de unas instituciones europeas que urgen la reforma y que, a diferencia de otras crisis, por fin han entendido la importancia de mantener el empleo y las rentas con políticas de protección social y que mantener salarios favorece la estabilidad económica e incentiva el consumo.

Es este el marco acordado en el que se inicia el tramo más relevante de las negociaciones, donde seguramente la mejor metodología sea el carácter discreto de las mismas, sabiendo, que cuanto menos se irradie el proceso, mayor será la posibilidad de un buen acuerdo.