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El sistema público de pensiones ha sido (y será) objeto de múltiples reformas que han ido condicionado la edad a la que los trabajadores pueden retirarse del mercado laboral. Actualmente está en vigor y todavía en fase de despliegue la reforma aprobada durante el último mandato de José Luís Rodríguez Zapatero, que elevaba progresivamente la edad legal de jubilación. En las presentes condiciones, un trabajador necesita haber cotizado un mínimo de 37 y nueve meses para poder jubilarse a los 65 años, sino debe esperar hasta los 66 años y dos meses. Esta última edad, así como los años cotizados, está previsto que vaya en aumento, progresivamente y hasta el 2027, cuando se ubicará en los 67 años.

El actual Gobierno de Pedro Sánchez, con el ministro José Luís Escrivá a los mandos de la Seguridad Social, prevé seguir aplicando una agenda de reformas sobre el sistema público de pensiones. De momento, y previo acuerdo con patronal y sindicatos, ha aprobado un primer paquete, que asegura que las pensiones subirán cada año en función del IPC e incluye una serie de penalizaciones a la jubilación anticipada para tratar de que el retiro de los trabajadores se acerque lo máximo posible a la edad legal de jubilación.

Escrivá tiene en agenda más cambios para el tiempo que queda de legislatura. La principal reforma pendiente es la modificación del sistema de cálculo de la pensión. Es decir, cuántos años se tendrán en cuenta y cuáles de los últimos salarios para estipular el importe de la prestación que cobrará el trabajador una vez se retire. Actualmente dicho baremo está en los últimos 25 años de vida laboral, si bien reformas atrás comenzó en 15 años.

La intención manifestada públicamente por el ministro es modificar el sistema de cálculo, tanto en número de años -abarcando más-, como en la posibilidad de escoger qué años serán esos y no necesariamente dejarlo a los últimos de la carrera profesional. En este sentido, alega que ello va en beneficio de aquellas personas que perdieron su empleo o empeoraron sus condiciones laborales en la recta final de su trayectoria. Algo que antaño era menos frecuente -hasta ahora impera la correlación de 'a más años, mayor salario'-, pero que desde la crisis del 2008 afecta a una parte mayor de la población trabajadora.

La previsión del Gobierno es empezar a negociar con los agentes este segundo bloque de reformas a partir del mes de septiembre, con la intención de tener cerrada esta carpeta antes de acabar el año. A ello se ha comprometido con la Unión Europea, en el marco de la recepción de los fondos NextGeneratio EU.