Más Madrid entrega a la Fiscalía madrileña las actas de las residencias

Más Madrid no piensa dejar el tema atrás. Tras llevarlo al Pleno municipal celebrado el pasado martes, acaba de presentar junto a plataforma Marea de Residencias una denuncia en la Fiscalía Provincial de Madrid acompañada de las 198 actas policiales sobre las muertes en las residencias durante la pandemia. La formación pide a la Fiscalía que investigue lo sucedido, ya que "las familias de las 7.291 personas que fallecieron lo merecen".

El escrito presentado incluye las 198 actas elaboradas por la Policía Municipal durante los primeros meses de la pandemia del coronavirus. En dichos informes, recoge Más Madrid en un comunicado, se indica "de forma explícita y clara" que muchas de las personas que murieron en las residencias lo hicieron porque no pudieron ser derivadas a los hospitales de la Comunidad de Madrid por los 'protocolos de la vergüenza.

"Hay gente que nos dice que lo que hay que hacer es dejar el pasado atrás, que hay que cerrar esta historia y que hay que, como dice el PP, dar carpetazo a este asunto. Nosotras creemos que no y, por eso, (...) vamos a llegar hasta donde haga falta y vamos a seguir combatiendo la impunidad en lo institucional, pero también en lo judicial", ha señalado la portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento de la capital, Rita Maestre, en declaraciones a los periodistas. "Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para que quien tomó decisiones que pudieron acabar con la vida de 7.291 personas que murieron de forma indigna asuman sus responsabilidades", ha abundado Maestre.

Preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno celebrada este jueves, la vicealcaldesa y portavoz del Ayuntamiento de Madrid, Inma Sanz, ha reiterado que una sentencia judicial de 2021 eximió al Gobierno municipal de responsabilidad. Sanz ha recordado que las inspecciones llevadas a cabo por los agentes municipales corresponían a un plan de emergencia coordinado por la Comunidad de Madrid y que, por ende, los documentos son propiedad del Gobierno regional y no era potestad del Consistorio su divulgación.

Sanz ha reiterado la existencia de una sentencia de 2021, que "también conoce la oposición", en la que los tribunales "dan la razón" al Ayuntamiento en este sentido. Se trata, además, de una sentencia firme y contra la que no se presentó en su momento recurso "por parte de nadie". "Creo que está completamente acreditada la actuación municipal al respecto", ha defendido la vicealcaldesa.

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'Protocolos de la vergüenza'

De acuerdo con la líder municipal de Más Madrid, los fallecidos no pudieron ser derivadas porque la Comunidad de Madrid firmó los 'protocolos de la vergüenza', que después negó, que impedían la derivación a los centros hospitalarios. "Las personas que decidieron que los usuarios de las residencias de la Comunidad de Madrid no podían ir a hospitales pudieron cometer delitos que acabaron con la vida de muchas personas", ha recalcado Maestre.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha asegurado que espera que estas actas policiales sirvan para abrir una investigación y determinar si se cometieron delitos de prevaricación, de omisión del deber de socorro y de trato degradante.

"Sabemos la verdad histórica de lo que ocurrió en las residencias de mayores (durante la pandemia): se vulneraron derechos humanos, el derecho a la salud, el derecho a la vida privada y familiar, el derecho a la vida y el derecho a una muerte digna", ha aseverado.

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En alusión a las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en el Pleno de la Asamblea, "alardeando de su gestión", Bergerot ha asegurado que "las 7.291 personas que murieron sin ser trasladadas a los hospitales no iban a morir igual, porque no iban a morir todos y, desde luego, que además no iban a morir en las condiciones en las que lo hicieron".

María José Rodríguez, miembro de Marea de Residencias, una plataforma integrada por familiares, residentes y trabajadores, ha afirmado que lo único que mueve a este movimiento es que las residencias "funcionen bien" y que se esclarezca lo que ocurrió en estos centros durante la pandemia de la covid-19.