Cerca de 300 jóvenes inmigrantes esperan en Madrid la prueba que determine su edad

Cerca de 300 jóvenes esperan en los campamentos de acogida de inmigrantes de Alcalá de Henares y de Carabanchel que la Fiscalía confirme si son menores de edad. No tienen documentación, llegaron a la costa canaria y de ahí han sido trasladados a la Comunidad de Madrid en las últimas semanas, a pesar de las quejas del Gobierno regional, sin que previamente se haya podido determinar cuántos años tienen aunque ellos se autodeclaran menores.

A mediados de mes, el gobierno de la Comunidad de Madrid alertaba de que la región había pasado de acoger en los centros regionales una media de 77 menores al mes en 2023 a recibir 204 solo en las primeras dos semanas. Este martes, la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales elevaba la cifra a 401 menores a 30 de enero. Sin embargo, señalan que hay que sumar a estos los tres centenares de jóvenes que se encuentran entre los 1.200 inmigrantes que han llegado a estos campamentos de gestión estatal y que, de confirmarse su edad, pasarán a depender del gobierno regional. Aunque la cifra se dobla en Madrid, queda muy lejos de los 5.150 que tutelan en las Islas Canarias.

Según datos de Unicef, recogidos por el Defensor del Pueblo, más del 64% de los nacimientos que tienen lugar en países del África subsahariana, de donde proceden la mayor parte de los jóvenes que han llegado a las costas canarias, no se registran. De ahí que la falta de documentación de estos jóvenes no tiene por qué ser "buscada intencionadamente para burlar la legislación de extranjería", según esta organización, a pesar de lo que pueda interpretarse y de lo que se denuncia desde determinados ámbitos políticos e incluso desde los sindicatos policiales.

Protocolos de detección

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha denunciado estas últimas semanas que el Gobierno no informa a las autoridades locales sobre el perfil de las personas que traslada y que eso impide, según el ejecutivo autonómico, organizar los recursos propios, entre ellos, las necesidades de los menores que ella misma critica que a veces no se sabe si lo son y que "no ayudan" a los que ya están en los centros regionales, "tensionados" según la Comunidad.

Este martes, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, se ha reunido con su homóloga canaria, María Candelaria Delgado, y se han aliado para exigir al Gobierno de la nación una "agilización" de los protocolos de detección de edad que determine “lo antes posible” una “adecuada identificación” para que las comunidades autónomas puedan gestionar las ayudas necesarias.

La consejera canaria explica que en su comunidad los menores son “camuflados” con los mayores para trasladarlos a otras regiones, y al mismo tiempo hay mayores en centros de menores porque el protocolo no ofrece resultados a tiempo. En la consejería madrileña indican que esto "no puede ser", que no pueden estar "mezclados" en los campamentos por su propia seguridad y explican que las pruebas radiológicas que se realizan a los jóvenes cuya edad puede estar en duda tardan varias semanas. Es necesario, dada la situación actual de llegada de inmigrantes, agilizar esas pruebas, insisten. Si la Policía cree que el menor está en el límite de edad, traslada a los menores a las comunidades, explican en Madrid.

Situación en Barajas

Las principales quejas del Gobierno regional se centran en los campamentos de Defensa en Alcalá de Henares y Carabanchel a donde el Ejecutivo nacional ha trasladado ya a cerca de 1.200 personas, incluidas las 300 pendientes de determinar la edad. La propia Ayuso quiso ponerlo en evidencia hace dos semanas cuando trasladó un consejo de Gobierno al municipio alcalaíno. Pero las quejas se extienden también a la gestión del Ministerio del Interior en el Aeropuerto de Adolfo Suárez Madrid Barajas, donde las salas de acogida están desbordadas por los solicitantes de asilo y la Cruz Roja ha decidido dejar de prestar su servicio por el "hacinamiento" y las malas condiciones higiénicas en la que se encuentran estas personas.

El volumen de peticiones de protección se ha elevado tanto desde estas pasadas navidades, que desde el Ilustre Colegio de Abogacía de Madrid (ICAM) se ha informado de que el turno de oficio ha multiplicado por diez el número de abogados que prestan asistencia jurídica a los solicitantes de asilo en Barajas. Los datos, facilitados por el diputado de la Junta de Gobierno del ICAM, Juan Manuel Mayllo, a Efe, indican que donde antes disponían de un letrado de guardia para encargarse de estas solicitudes tanto en el aeropuerto como en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, ahora han tenido que reforzar el servicio con nueve suplentes más. Entre todos ellos asisten al día a 50 personas, aunque muchos de ellos necesitan una segunda asesoría si sus expedientes son denegados y tienen derechos a revisión.