La Guardia Civil extrema sus controles en el epicentro del caso Cuarteles: fotografías antes y después de las obras

La Guardia Civil en Castilla y León ha decidido reforzar sus controles internos a raíz del caso Cuarteles y, en una directriz de la Comandancia de Ávila a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, ha ordenado que a partir de ahora se hagan fotografías antes y después de todas las obras que se realicen en las dependencias oficiales de los acuartelamientos de la provincia para comprobar que efectivamente se han llevado a cabo. Una orden que, además, no se ha circunscrito únicamente al epicentro del caso, sino que se ha extendido a toda la comunidad autónoma.

El caso Cuarteles está pendiente de que se efectúen las investigaciones periciales que determinen si las reparaciones y trabajos de pintura contratados con el empresario Ángel Ramón Tejera de León en 13 comandancias repartidas por toda España se corresponden con lo que se pagó por ellas.

Para intentar evitar que se repita un caso similar, y de acuerdo con esa comunicación interna a la que ha tenido acceso este periódico, uno de los altos mandos de la Comandancia de la Guardia Civil de Ávila envió un correo el pasado 22 de marzo a todos los acuartelamientos de la provincia informando del nuevo procedimiento.

"A partir del recibo del presente email, la Unidad que solicite obras de mantenimiento en dependencias oficiales, una vez se autoricen, deberán de comunicar el inicio de las mismas a las Oficinas de Gestión Económica (O.G.E.), de esta Comandancia, realizando fotografías de la situación en la que se encuentran. Y, al finalizar, deberán comunicar su finalización con las citadas fotografías y junto con otras fotos con la situación actualizada", explica el correo electrónico.

Mayor control interno

Según ha confirmado la Guardia Civil a este periódico, la orden no se aplica únicamente a la provincia de Ávila, sino que es algo que se ha decidido poner en marcha en todos los acuartelamientos de Castilla y León a raíz del caso Cuarteles.

La Benemérita, en cambio, asegura no tener constancia de si es una decisión que también se haya tomado en otras Zonas, como se conoce a los diferentes órganos de coordinación autonómica de la Guardia Civil, ni cuándo empezó a aplicarse, pero sí confirma que el caso Cuarteles es el detonante de la misma a fin de mejorar los procesos de control interno.

Sin embargo, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, que fue el primer medio en informar en exclusiva sobre el caso Cuarteles, ha podido confirmar que el correo es del 22 de marzo de 2023, tres semanas después de que se publicase la primera información al respecto.

El pasado lunes, además, la Guardia Civil presentó el Plan de Acción de Ética Profesional en el que se incluye un Protocolo de Buenas Prácticas que extremará la vigilancia contra posibles casos de corrupción interna y, a finales de junio, estrenará un Observatorio de Conducta Ética a raíz del caso que fue destapado en Ávila, pero que tiene recorrido en al menos otras 13 comandancias.

Ávila, epicentro del caso Cuarteles

Fue en la provincia castellana donde se produjo la denuncia anónima que inició las pesquisas de Asuntos Internos a nivel nacional, pero también donde se empezó a establecer la conexión entre el empresario investigado y uno de los altos mandos de la Benemérita a nivel nacional.

El jefe de la Comandancia en Ávila en el momento de las concesiones presuntamente irregulares a Tejera de León, alias Mon, era el teniente coronel Carlos Alonso, que, cuando fue llamado a declarar, aseguró que la decisión de contratar a las empresas de este le venía determinada desde Madrid, concretamente desde el teniente general Pedro Vázquez Jarava.

Alonso, que había pedido declarar ante la jueza en Madrid y que iba a hacerlo el pasado lunes 17 de abril, tendrá que esperar al menos hasta el 17 de mayo tras la petición de la nueva fiscal encargada del caso, que ha pedido retrasar la comparecencia por tener otro juicio previsto para ese día, según ha podido saber este periódico.

A pesar de que la defensa de Alonso se fundamenta en que él seguía las directrices marcadas desde Madrid, la Justicia investiga un posible delito de falsedad en documentos, ya que habría firmado como completadas obras que nunca se llegaron a realizar o que quedaron incompletas.

Chapuzas en la Guardia Civil

Esto sí puede ser comprobado por la Justicia porque Ávila es, precisamente, la única comandancia en la que se han realizado periciales para auditar el trabajo realizado por las empresas de Mon.

Esa auditoría llevada a cabo en los distintos acuartelamientos para determinar lo que de verdad se hizo con los 120.000 euros troceados en 26 adjudicaciones menores a las empresas de Mon se saldó con la constatación de varias chapuzas y con reparaciones que, o bien no se necesitaban, o nunca se llegaron a hacer.

La perito que recorrió los 26 cuarteles de la provincia constató irregularidades como la realización de trabajos de pintura sin retirar antes los cuadros de las paredes, la aparición de manchas de salitre tras la intervención o la falta de enchufes en las habitaciones reformadas.

En Navarradendonda de Gredos, por ejemplo, el jefe de puesto del cuartel declaró que "los operarios que hicieron las obras se personaron sin ningún tipo de material de pintura", por lo que hubo que ayudarles para la adquisición de este producto en "comercios de la zona". También tuvieron que acompañarles los agentes para el "alquiler de la maquinaria e incluso para los hoteles de alojamiento, ya que no disponían de ningún material al uso".

El hecho de que el teniente coronel Carlos Alonso firmase como completadas obras que no existieron o que no se correspondían con lo contratado podría llegar a resultar, si así lo estima la jueza, en un delito de falsedad en documentos.