INVESTIGACIÓN

Interior autorizó la residencia a un 'espía' de Maduro arrepentido que confesó haber perseguido a opositores

"Conocía que otros compañeros realizaban actos severos y graves de violencia contra los detenidos", aseguró el abogado defensor, que destacó que la actividad cotidiana de su cliente fue "mutando, sin poder evitarlo, ya que se veía obligado a obedecer por simple supervivencia", especifica un auto de la Audiencia Nacional, que también le concedió asilo

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro

El presidente de Venezuela Nicolás Maduro / Miguel Gutiérrez

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El Ministerio del Interior autorizó el 23 de agosto de 2019 que un 'espía' venezolano arrepentido, que confesó haber participado en la persecución de opositores al régimen de Nicolás Maduro, pudiera permanecer "por razones humanitarias" en España, según especifica una sentencia de la Audiencia Nacional de 12 de noviembre de 2021, a la que ha tenido acceso El Periódico de España.

No obstante, la mencionada resolución del Ministerio de Fernando Grande-Marlaska denegaba al mencionado agente de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) de Venezuela el derecho de asilo, que supone una protección mayor. Esta decisión fue recurrida por el 'espía' venezolano, que consiguió que la Audiencia Nacional, pese a confirmar que había sido miembro de los cuerpos "represivos" del país sudamericano, diera por probado que este llegó a mostrar con el tiempo "una abierta oposición a cumplir las órdenes tendentes a llevar a cabo esa represión, dirigida, entre otras, contra su propia hermana".

Este ciudadano venezolano trabajaba como funcionario de la inteligencia militar en Caracas, es decir, del espionaje venezolano. En concreto, estaba destinado en la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organización estatal cuya función es impedir el espionaje enemigo interno y externo realizado por militares y civiles contra Nicolás Maduro, que además de presidente del país ostenta el cargo de Comandante Jefe de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. También se encargaba de suministrar información a las fuerzas armadas.

Críticas de la ONU

Según especifica el 'Informe de la misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela', elaborado en octubre de 2022 en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, varias personas que ocuparon y ocupan cargos en las jerarquías de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) cometieron violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno venezolano.

De hecho, según la Audiencia Nacional, el actual director de la Contrainteligencia de este país ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional junto con otros altos cargos, como responsable y miembro de la cadena de mando de actos de tortura y tratos inhumanos y degradantes proporcionados por dicho cuerpo.

Protestas en 2019 contra el Gobierno de Nicolás Maduro

/ Carlos Eduardo Ramírez

En el caso del 'espía' que pidió la residencia en España, llegó a confesar que actuando bajo la ordenes de su superior directo, ha venido cumpliendo con sus funciones, que en un principio eran las de defender el orden y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

"Violencia contra los detenidos"

Pero hubo dos casos concretos que provocaron que este 'espía' rompiera con sus jefes del servicio de Contrainteligencia venezolano, que poco a poco fue tomando un cariz político. Estos funcionarios comenzaron a participar en las "políticas de represión, persecución de disidentes al Gobierno y práctica de torturas contra los opositores al régimen", explica el auto de la Audiencia Nacional, que destaca que este ciudadano venezolano no estaba conforme con estos cambios.

"Conocía que otros compañeros realizaban actos severos y graves de violencia contra los detenidos", aseguró el abogado defensor, que destacó que la actividad cotidiana de su cliente fue "mutando, sin poder evitarlo, ya que se veía obligado a obedecer por simple supervivencia, aunque no estuviera conforme con las actividades desempeñadas por la misma", completa el auto.

Las 'guarimbas'

El 27 de marzo de 2017, siempre según el relato del 'espía', desde la Dirección General de Contrainteligencia Militar le entregaron una orden por escrito en la que le ordenaban perseguir a una mujer. Y en dicha acta se mencionaba que la sospechosa había desarrollado "actividades conspirativas, dirigidas por funcionarios militares y dirigentes políticos de derechas, para la materialización de un golpe de Estado el cual era llevado a cabo mediante la desestabilización social y las denominadas 'guarimbas' dirigiendo a los ciudadanos y ciudadanas a la ruptura del orden democrático", prosigue la resolución de la Audiencia Nacional, dictada en noviembre de 2021, y ante la que cabía recurso ante el Tribunal Supremo.

En concreto, la mujer perseguida se encargaba desde 2015 supuestamente de captar a las personas utilizadas para desestabilizar el país. El contraespionaje venezolano sospechaba, además, que gozaba de la protección de personal de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. El Gobierno le especificó que debía "detener e interrogar" a esta mujer "con el fin de desarticular este foco conspirativo", pero también detectar la identidad de las personas de la Dirección General de Contrainteligencia Militar que le brindaban "apoyo e información confidencial".

Alzamiento militar

Siempre según el relato del 'espía', este advirtió también a su hermana y a su cuñado de que eran objeto de una persecución, por lo que pudieron salir del país, trasladándose a España donde solicitaron asilo político. La huida de su hermana le convirtió en sospechoso de haber informado a la oposición.

Otro hecho que provocó la ruptura del 'espía' con el Ejecutivo de Caracas fue cuando el 21 de enero de 2019 la Guardia Nacional Bolivariana se alzó contra el Gobierno de Maduro. Ese mismo día este funcionario recibió órdenes de su superior directo para acudir "totalmente artillado, junto a un grupo de otros funcionarios, a disuadir y reprimir a los sublevados de la Guardia Nacional, lo que implicaba el uso de la fuerza y la violencia extrema para cargar contra los sublevados, y tomarlos (sic) como fuera sin importar el medio empleado reducirlos y someterlos", explicó en la Audiencia Nacional.

Protestas en 2019 contra Nicolás Maduro

/ Stringer

A raíz de las "continuas violaciones de los más elementales derechos humanos" el 'espía' se convirtió en crítico con el Gobierno de Maduro, aunque se vio obligado a seguir con una profesión que se había "desvirtuado por completo". Sin embargo, se negó a participar en la represión, y según su versión se hizo pasar por enfermo. "El alzamiento duró diez horas", prosigue el auto, que destaca la virulencia de las "represalias".

Control de los opositores

El 23 de enero de 2019, tras fracasar el levantamiento y al asumir Maduro el poder ejecutivo, se convocaron en Venezuela más de 60 marchas de apoyo al presidente: "Una vez más, [el espía] fue llamado para actuar en estas marchas y controlar a la población opositora. El fin de la operación era dispersar a los manifestantes sin importar los medios y violencia empleada y con el fin de acabar con las marchas", especifica el auto de la Audiencia Nacional, que da como probado que este ciudadano venezolano, para no participar en las represiones, volvió a alegar que seguía enfermo. Y ante la sospecha de que estuviera simulando una enfermedad, otros funcionarios acudieron a su domicilio para comunicarle que se le había abierto una investigación por no haber cumplido con su deber.

"Por ello desde la entrega de la orden de detención de su hermana, a quien comunicó la misma para que abandonara el país, y su actitud sobre la violación de los derechos humanos por parte del Régimen de Maduro, habiéndose negado a participar en los actos de represión contra los manifestantes opositores, es objeto de sospecha de colaboración con la oposición, corriendo peligro su integridad", concluyen los magistrados, que consideran lógica su huida a España para pedir asilo "por el temor fundado a ser víctima de torturas y de violencia extrema".

La búsqueda de este 'espía' por las autoridades venezolanas no ha cesado; pues sus hijos, residentes en Venezuela, recibieron el 24 de mayo de 2019 un requerimiento para que acudieran a la Fiscalía de Caracas para que informaran del paradero de su padre.

"Detenido y torturado"

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Para la Audiencia Nacional, que concedió asilo al 'espía', en este caso no se trata del caso de opositor cualquiera, pues ha sido militar en la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Y tras romper con el régimen se convirtió en "sospechoso" de colaborar con la oposición, por lo que si regresara a Venezuela podría ser objeto de persecución por parte del Gobierno, "pudiendo ser detenido, torturado y sometido a tratos inhumanos y degradantes propios del actual régimen bolivariano que impera en Venezuela", dice el auto de 2021.

Por eso, la Audiencia Nacional consideró que este ciudadano venezolano debería obtener el grado de protección máximo: "Esto es, el correspondiente a la declaración de refugiado, y no sólo el de la permanencia en España por razones humanitarias, [..] porque no estamos en presencia de un simple opositor, sino de una persona que presenta unas circunstancias muy cualificadas", concluye la resolución, que no consta que haya sido recurrida ante el Tribunal Supremo.

Imagen de la Audiencia Nacional en Madrid

/ Alba Vigaray

Un segundo caso del Sebin

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla- La Mancha también ha permitido que otro 'espía', este del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), resida en España pese a la oposición del Ministerio del Interior, según consta en una sentencia a la que ha tenido acceso este diario.

Al igual que en el caso de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional está acusado por la ONU de cometer violaciones de derechos humanos y delitos, constitutivos de crímenes de lesa humanidad, incluyendo actos de tortura de extrema gravedad, como parte de un plan diseñado por autoridades de alto nivel para reprimir a los opositores al Gobierno venezolano.

Según el fallo, al que ha tenido acceso esta redacción, este segundo 'espía' accedió a un cargo de relevancia en el país sudamericano, pues llegó a ser el encargado del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en el Aeropuerto Internacional 'General de División José Antonio Anzoátegui de Barcelona', al este del país.

Según el propio relato de este antiguo 'espía' venezolano, llegó a trabajar en la "base de Contrainteligencia 602-Barcelona (Venezuela)", donde desempeñó labores de Seguridad de Estado. En ese destino realizó un 'Curso de Enfrentamiento de Contrainteligencia', que impartieron "oficiales militares cubanos". La presencia en ese curso le sirvió para desempeñar funciones de inteligencia y contrainteligencia en la zona oriental del país.

Sin embargo, este funcionario venezolano, que accedió al este servicio de espionaje en 2005 aseguró a la Justicia española que cuando sus superiores "detectaron" en 2010 que su posición política era contraria a la del Gobierno comenzó a ser "perseguido", "amedrentado" y "vigilado", por lo que tuvo que abandonar su trabajo y esconderse. Sufrió "graves amenazas" de sus excompañeros y de los miembros de las guerrillas armadas por el Gobierno. Finalmente se vio obligado a salir de Venezuela para recalar finalmente en España.

La Subdelegación del Gobierno de Ciudad Real denegó en un primer momento la petición de residencia en España que presentó el exespía. Sin embargo, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia manchego acabó dándole la razón, al considerar que parecía evidente que había sufrido una "persecución".

"El relato desplegado por el apelante, apuntalado en los hechos temporales acaecidos y descritos, es coherente: no se entiende la renuncia a su empleo como policía, su emigración a Ecuador, su breve vuelta a Venezuela y llegada a España sino es por una situación de persecución o peligro en Venezuela; situación que ha sido notoria respecto de opositores políticos", explica la sentencia.

Los jueces también aluden a la resolución gubernativa que rechazaba conceder la residencia a este ciudadano venezolano, que "no da la importancia que merece al hecho de su renuncia a su profesión dentro del Servicio Bolivariano de Inteligencia, -Sebin-", que obedeció al hecho de "estar amenazado por sus propios compañeros adictos al régimen político vigente", concluye la resolución de los magistrados del TSJ castellano-manchego, que puede ser recurrida.