Se desactiva la protesta del 15-N en Cuba por temor a las represalias estatales

La protesta opositora ha quedado en suspenso en Cuba. El colectivo Archipiélago, fruto de una nueva disidencia política, forjada a través de las redes sociales y el recambio generacional, consideró que no existen las mínimas condiciones para ganar el espacio público el 15 de noviembre. El dramaturgo Yunior García Aguilera, quien ha irrumpido como referente de esa heterogénea asociación, llamó a los potenciales adherentes a no "poner en riesgo su integridad física y la de otras personas" y evitar "cualquier tipo de enfrentamiento violento" o toda acción "que genere represión". García Aguilera ofreció, a cambio, como si se tratara de una performance personal, marchar este domingo en solitario y "en nombre de todos los ciudadanos a los que el régimen ha privado de su derecho a manifestarse el 15-N". El director teatral y autor dijo que caminará "en silencio a las tres de la tarde" por la 23, una de las principales avenidas de La Habana, "portando únicamente una rosa blanca". Esto no es un acto de heroísmo, "es un acto de responsabilidad". A los cubanos que había decidido salir a la calle les propuso encontrar "maneras ingeniosas y pacíficas para lograr expresarse sin dar pie a que se desate la violencia contra ellos, contra nadie, absolutamente".

Según el dramaturgo disidente "el régimen" ha usado, "para disuadirnos de ejercer un derecho legítimo, al ejército, a la Seguridad del Estado, a los intendentes, a la Asamblea Nacional, a sus perfiles anónimos en las redes, a sus cuadros e instituciones obedientes, a sus agentes declarados o encubiertos, a sus paramilitares y sus palos con clavos en la punta, a toda la prensa oficialista, a la Fiscalía, e incluso a los niños". Esto último, añadió en su perfil de Facebook, “es verdaderamente intolerable y supera todos nuestros límites".

García Aguilera dijo que Archipiélago "sabe" todo lo que "están preparando contra nosotros" el próximo lunes. "Sabemos del miedo de tantas madres, las que tienen hijos que han decidido manifestarse y las que tienen hijos en la policía o en el Servicio Militar. Sabemos que podrían infiltrar a personas violentas dentro de la marcha para luego culparnos de sus acciones. Sabemos que serían capaces, incluso, de fabricar cualquier acción aberrante contra lugares sensibles para provocar ira e indignación en los segmentos del pueblo que todavía controlan". Por esas razones, el colectivo desistió de la protesta pacífica.

La posición oficial

La tensión política había crecido durante los últimos días en la isla. El Gobierno del presidente Miguel Díaz-Canel aseguró que la jornada cívica estaba financiada por Estados Unidos y con el único propósito de generar el caos cuando se abre al turismo internacional y comienzan las actividades educativas. "No hay acciones autóctonas de desestabilización en Cuba, de oposición a nuestro gobierno. Ustedes caminan por nuestras calles desde hace unas semanas, podrían recorrer todo el país y los invito a hacerlo, y lo que verán es la alegría de la gente, la esperanza, la felicidad de la familia y de los niños ante este momento de oportunidad que se abre ante nuestro país en un final de un bienio tremendo, en cercanía del nuevo año", le dijo el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, a la comunidad diplomática acreditada en La Habana.

García Aguilera contestó: "Estados Unidos sabe perfectamente que no tiene ninguna relación con Archipiélago o con la marcha. Nuestra plataforma aspira de manera irrenunciable a que nuestros conflictos internos sean resueltos sin injerencias". A pesar de su distancia declarada de Washington, al punto de haber condenado las sanciones comerciales en otras oportunidades, el dramaturgo está convencido de que el desafío a las autoridades tendrá un costo para el colectivo. "Ya está listo el cerco contra las figuras más visibles de nuestra plataforma y ya están firmadas nuestras sentencias".

Preocupación de la ONU

En este contexto, Clément Nyaletsossi Voule, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre el derecho a la libertad de reunión pacífica y de asociación, aseguró que el Gobierno tiene la obligación de proteger y facilitar la expresión a través de las protestas pacíficas. "Es una violación de la obligación del Estado acosar e intimidar a los organizadores para evitar manifestaciones pacíficas".