El G-20 aprueba que las multinacionales tributen como mínimo el 15%

Los líderes del G-20 han sellado, por fin, este sábado en Roma un acuerdo para la implementación del impuesto mínimo global a las multinacionales del 15%. Tras cuatro años de trabajos, después de que el propio G-20 lanzara a la organización de países desarrollados OCDE el encargo, los trabajos al culminado y la cumbre de líderes de Roma le han prestado un "amplio y transversal apoyo" en la reunión plenaria de este sábado, según ha subrayado la presidencia italiana del foro. "Hemos alcanzado un acuerdo histórico para un sistema fiscal internacional más justo y más eficaz", ha indicado el primer ministro italiano, Mario Draghi, anfitrión de la cumbre de Roma.

En la reunión de este sábado, centrada en salud y economía, el propio presidente de EEUU, Joe Biden, ha prestado su apoyo a la iniciativa, que ha llegado al G-20 avalada por 136 países tras los trabajos de la OCDE. Biden ha argumentado que "la comunidad internacional, gracias al acuerdo sobre una imposición mínima global" da su apoyo a los trabajos realizados hasta ahora para que "las empresas contribuyan pagando su cuota", han relatado fuentes de la presidencia italiana.

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También se han oído este sábado voces de apoyo a la iniciativa por parte de Brasil, Francia y Corea. El presidente español, Pedro Sánchez, por su parte, ha expresado el deseo de que el acuerdo llegue a las legislaciones de los países "lo antes posible", según ha explicado la propia vicepresidenta económica, Nadia Calviño, a los medios de comunicación al dar cuenta de los avances que se están logrando en una cumbre que finalizará a mediodía de este domingo. Según fuentes de la delegación española, el acuerdo que incorporará el comunicado final de esta cumbre del G-20 instará a los países a adoptar la nueva fiscalidad antes de 2023, una referencia temporal que España hubiera querido más cercana.

El acuerdo fiscal alcanzado de la OCDE incluye la fijación de un tipo mínimo de sociedades del 15% para las compañías con una facturación a partir de 750 millones de euros. Como segundo pilar, el acuerdo establece el principio de que las multinacionales deberán contribuir allí donde generan su beneficio y no solo donde tiene la residencia fiscal su sede.