Igualdad considera poco eficaz multar a los puteros, como propone el PSOE

El PSOE ha abrazado con fuerza la bandera de la abolición de la prostitución, pero la fórmula que ha elegido para acabar con la explotación sexual de los cuerpos de las mujeres, una ley con la que quiere multar a los puteros, no convence a sus socios de Gobierno, que consideran que penalizar el consumo es poco eficaz.

En el Ministerio de Igualdad califican de “error” limitar el debate de la abolición de la prostitución al castigo de los clientes. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la legislación española ya permite a los ayuntamientos penalizar a los consumidores de prostitución, en concreto se puede hacer con la ‘ley mordaza’, y que eso ha resultado poco eficaz.

“Hay que ir más allá, ser valientes, ir contra la impunidad de la industria que explota a las mujeres y darles a ellas alternativas vitales para ayudarlas a salir de ahí”, aseveran las fuentes de Igualdad, que inciden en la necesidad de reformar la Ley de Extranjería para ayudar a las víctimas de la explotación sexual, que en un 70 % son extranjeras en situación administrativa irregular.

Los partidos de la coalición tienen visiones dispares sobre el problema de la prostitución y las posibles soluciones que el Estado debería ofrecer para solucionarlo, unas diferencias que han quedado aún más patentes tras el congreso federal del PSOE, en el que el propio Pedro Sánchez se ha comprometido a impulsar una ley integral abolicionista.

Los socialistas quieren erradicar íntegramente la prostitución, pero en Unidas Podemos no hay una postura definida al respecto, pues conviven en el partido distintas sensibilidades que van desde la prohibición a la regulación “del trabajo sexual”. Por tanto, se limitan a defender la lucha contra la explotación sexual y contra la trata.

El presidente del Gobierno ya ha hablado con la ministra de Igualdad al respecto y estima que muestra una “alta sensibilidad y empatía” hacia esta causa. Sánchez está convencido de que socialistas y Unidas Podemos, así como una amplia mayoría del Parlamento, coincidirán a la hora de “eliminar la esclavitud de las mujeres”, como ha dicho en declaraciones a la Ser. Pero el debate sobre la prostitución, vivo en el seno del movimiento feminista desde hace décadas, está lleno de matices.

Ambos partidos están de acuerdo en que hay que penar todo tipo de proxenetismo, pero mientras el PSOE quiere castigar a quienes pagan por sexo, Unidas Podemos dará la batalla por cambiar la Ley de Extranjería con el objetivo de proteger a las víctimas de explotación sexual.

Por su parte, la vicepresidenta Yolanda Díaz, llamada a liderar el espacio a la izquierda del PSOE, se ha limitado a alegar que el debate sobre la prostitución es bastante antiguo no sólo dentro del PSOE, sino también en el seno del feminismo: “Bienvenido sea”, ha aseverado.

Enterradas las diferencias en torno a la ley trans, en esta segunda mitad de la legislatura los socios de gobierno modelan su perfil feminista propio alrededor de esta cuestión, que cobrará especial relevancia en los debates parlamentarios de la ley de garantía integral de la libertad sexual, la ley del sólo sí es sí.

LA PROPUESTA SOCIALISTA

Los socialistas llevan unos meses defendiendo con ahínco la necesidad de acabar con la prostitución, que consideran violencia contra las mujeres. En varias ocasiones, la exvicepresidenta Carmen Calvo adelantó que el PSOE estaba elaborando una ley para acabar con el comercio del cuerpo de las mujeres. Una postura que se ha visto reforzada en el congreso federal celebrado este fin de semana.

Fuentes de este partido detallan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que trabajarán por la aprobación de una “ley integral para la abolición de la prostitución” en la que incluirán la persecución de todo tipo de proxenetismo, la inclusión de la tercería locativa en el Código Penal, la protección de las mujeres prostituidas y la sanción a los prostituidores, un extremo que no ven con buenos ojos los socios de Unidas Podemos. Ya hace meses, la ministra Montero declaraba que en España se puede multar a los clientes de la prostitución desde hace años y eso “no está sirviendo para que haya menos puteros”.

En el PSOE consideran “un avance” haber “ratificado de manera material su posicionamiento abolicionista”. Por el momento, no han definido si su ley integral contra la prostitución se tramitará en el Gobierno o en las Cortes como iniciativa parlamentaria.

LUCHA CONTRA LA INDUSTRIA PROXENETA

Los socialistas dan mucha importancia a su apuesta en contra de la prostitución, pero lo cierto es que el Gobierno ya ha impulsado medidas para luchar contra la explotación sexual a través de su proyecto de ley de garantía integral de la libertad sexual, que se tramita en la actualidad en el Congreso de los Diputados.

Además de acabar con la distinción entre abuso y violación en el Código Penal y establecer el consentimiento expreso como eje fundamental a la hora de juzgar los delitos sexuales, el proyecto gestado por el Ministerio de Igualdad endurece el Código Penal para perseguir todo tipo de proxenetismo y castigar la tercería locativa, esto es, el lucro por el alquiler de locales donde se explota sexualmente a mujeres y niñas.

Más allá de ir a por la industria proxeneta, Igualdad incide en la necesidad de darles a las mujeres explotadas sexualmente alternativas, garantizarles que puedan acceder a sus derechos y salir de la precariedad ofreciéndoles “vías de emancipación dignas”.

En muchas ocasiones, afirman las fuentes del Ministerio, estas víctimas son extranjeras en situación administrativa irregular, por lo que califican de “ineludible” modificar la Ley de Extranjería para que puedan salir de la explotación sin riesgo a ser expulsadas del país y con la posibilidad de acceder a un permiso temporal de residencia, a una vivienda y a un trabajo o itinerario formativo. La propia Montero pedía en el Parlamento que la ley del sí es sí sea enmendada en este sentido.

Al margen de esa ley, Igualdad y Trabajo están desarrollando un plan de inserción sociolaboral para víctimas de explotación sexual y en contextos de prostitución.

DISTINTAS VISIONES TAMBIÉN EN LA OPOSICIÓN

El anuncio de la ley abolicionista del PSOE ha hecho que la oposición se pronuncie sobre la propuesta legislativa de los socialistas y no sorprende descubrir que tampoco hay una postura unánime sobre la prostitución en el arco parlamentario.

La popular Cuca Gamarra considera que el PP tiene que “seguir trabajando” en el “camino de erradicar la prostitución como una fórmula de explotación de las mujeres” y ha afirmado que su partido tiene “muy claro que los derechos de las mujeres son derechos que tienen que tener la máxima protección”.

En otro tono, la líder de Cs, Inés Arrimadas, ha insistido en que su formación es liberal y prefiere una legislación que proteja a las mujeres de las mafias de trata, que es “lo que hay que abolir”, pero que a la vez se promueva una “regulación sensata” que ayude a las mujeres que quieran dejar la prostitución a salir de ese mundo y también ofrecer “un marco regulatorio” para aquellas que quieran ejercerla con garantías”.

“La abolición significa prohibición y prohibición no significa que no se vaya a producir”, opina Arrimadas.

Durante el debate de las enmiendas a la totalidad de la ley del sólo sí es sí, la pasada semana, el PNV pidió a la ministra Montero y al Parlamento valentía para tener un debate profundo sobre la prostitución antes de legislar en un sentido abolicionista o regulacionista. También Bildu solicitó un debate sosegado, mientras que en JxCat avanzaron que su postura es regulacionista y que abogarán por la regulación legal de las “trabajadoras sexuales”.