Bruselas pedirá la devolución de ayudas a la dueña del “Pitanxo” en caso de sanción

El Real Decreto-ley 6/2022 fue el mecanismo que activó el Gobierno para apagar la revolución desatada en múltiples sectores afectados por la onda expansiva de la invasión de Ucrania. El de la pesca, que continúa pagando el litro de gasóleo a precio de oro –cotiza a 1,2 euros, cuando el umbral máximo de rentabilidad está en los 60 céntimos–, fue uno de los más damnificados. Con esta norma exprés se habilitó el descuento general en los carburantes, pero también aplazamientos en el pago de cuotas a la Seguridad Social o la inyección directa de fondos en empresas armadoras.

Pesquerías Nores Marín, propietaria del malogrado 'Villa de Pitanxo', resultó beneficiaria de una de estas partidas, con cargo adelantado al programa comunitario Fempa (Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura). Ingresó, como figura en la documentación recabada por FARO DE VIGO, medio del grupo Prensa Ibérica al que también pertenece este bdiario, 35.000 euros. Es el máximo establecido, “de acuerdo con lo establecido en la comunicación de 23 de marzo de la Comisión Europea”, establece el decreto. La concesión lleva fecha del 9 de mayo, y se suma a otras 26 subvenciones públicas recibidas desde 2018. En total, la compañía percibió 475.431 euros.

Al menos la última, como confirmaron a este periódico fuentes del Ejecutivo comunitario, deberá ser reingresada si se confirma una infracción, ya sea por la causa del hundimiento del Pitanxo o por algún otro pesquero de la empresa de Marín.

“En el caso de que haya una infracción grave, los fondos EMFF-EMFAF (siglas de 'European Maritime and Fisheries Fund y European Maritime Fisheries and Aquaculture Fund') deberán ser recuperados”, concretan fuentes de la cartera de Pesca, Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, que preside el lituano Virginijus Sinkevicius. Es cada Estado miembro el responsable de establecer su propio sistema sancionador, aunque cumpliendo unos requisitos mínimos estipulados desde Bruselas. En el caso español, figura como agravante la reiteración de infracciones o la reincidencia. “Podrá aplicarse siempre que la resolución sancionadora del antecedente haya adquirido firmeza en vía administrativa en el plazo de tres años anteriores a la fecha de los hechos”.

En julio del año 2020, la sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ratificó parcialmente una sentencia contra la armadora, precisamente por infracciones cometidas por el 'Villa de Pitanxo' y su capitán, Juan Enrique Padín. Se le anularon las multas inferiores a 30.000 euros, pero no las más cuantiosas: 60.000 euros por encubrimiento de pruebas, 40.000 por no enviar su posición y otra de igual cuantía por no registrar capturas. Menos de tres años antes, el Alto Tribunal ya había desestimado (octubre de 2017) un recurso de Nores por ocultar capturas, parte de las cuales había retirado de a bordo dirección Portugal durante la noche.º

En caso de infracción grave, y las que cometió el 'Pitanxo' están tipificadas como graves, la ley estipula que las empresas no podrán recibir subvenciones públicas durante tres años. Literalmente lo expone así: “La imposibilidad de obtención de préstamos, subvenciones o ayudas públicas no podrá ser superior a un periodo de dos años en caso de infracciones leves, tres años en caso de infracciones graves ni de siete en caso de infracciones muy graves”.

Ambos fallos condenatorios de la Audiencia Nacional no impidieron que la armadora ingresase, solo en 2018, cerca de 220.000 euros en subvenciones directas y sin contraprestación, tanto del Instituto Social de la Marina (Seguridad Social), el Ministerio de Pesca y el Gobierno de Canarias. Los importes más elevados los recibió, de hecho, de esta última administración: 210.465 euros, concedidos el 23 de noviembre del año pasado. En el expediente no consta el buque receptor de la ayuda pública, pero en este caso se habría tratado del Villa de Marín, que opera en África desde el archipiélago. La empresa recibió, ese mismo 23 de noviembre, cerca de 2.000 euros por parte de la Administración central.