La eterna polémica de la exención del IBI sanitario vuelve a Extremadura

La Junta de Extremadura ha vuelto a poner sobre la mesa la exención del pago del IBI a los edificios sanitarios, una medida que el Ejecutivo socialista ya planteó en la anterior legislatura y que debido a la oposición frontal de partidos políticos (entonces el PSOE no tenía mayoría absoluta) y ayuntamientos se desestimó.

La exención se justifica en el "carácter educativo" de los centros sanitarios, que habitualmente forman a especialistas médicos, enfermeros o estudiantes de grado, y supone que los municipios dejen de ingresar 2,5 millones de euros anuales. 

La polémica arreció en 2016 y volverá a ser uno de los temas candentes cuando se retome la agenda política a la vuelta de las vacaciones estivales. De hecho, el PP ya ha denunciado «el hachazo» que supondrá para las arcas locales y especialmente para el Ayuntamiento de Badajoz, que calcula de dejaría de ingresar 1,2 millones de euros cada año si la medida finalmente sale adelante. Los más grandes, que son los que tienen hospitales, serían los más perjudicados. 

En este caso, la exención se introduce en la Ley de medidas de mejora de los procesos de respuesta administrativa a la ciudadanía y para la prestación útil de los servicios públicos en un contexto de crisis sanitaria, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 7 de julio y que llegará a la Asamblea en el próximo periodo de sesiones. Las novedades que introduce modifican un total de 27 leyes autonómicas sobre suelo, ordenación territorial, contratación, conciertos sociales o fiscalidad. 

Ley de 2008

La exención del IBI sanitario se recoge en el artículo 24 y se introduce a través de la reforma de la Ley de Patrimonio de 2008, a la que se añade la disposición adicional duodécima: "Que todas las dependencias, instalaciones y edificios afectos al Servicio Extremeño de Salud, organismos autónomos y consejerías de la Junta de Extremadura en las que se impartan enseñanzas regladas, no regladas, de grado o posgrado, tengan la afectación simultánea a efectos educativos. ¿Qué significa esto? Que al igual que los colegios e institutos, todos los hospitales extremeños y más de un centenar de centros de salud estarán exentos de pagar el recibo del IBI. 

La Ley de Patrimonio que ahora se pretende modificar incluía esta disposición en su redacción original, pero el ayuntamiento pacense acudió a la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (Fempex), que a su vez se dirigió al Ministerio de Hacienda. Y este concluyó en el año 2011 que la exención que quería la Junta vulneraba la Constitución. 

En 2016 con el PSOE de nuevo gobernando en minoría, la cuestión se volvió a poner sobre la mesa con la Ley de Medidas Tributarias, Patrimoniales, Financieras y Administrativas de la Comunidad Autónoma de Extremadura, que entre otras cuestiones suprimió las bonificaciones que durante la etapa del PP se habían aplicado al impuesto de donaciones (y que ahora se acaban de recuperar). 

El PSOE se apoyó entonces en la "financiación insuficiente" del SES, considerando que "algunos gastos" de dicha institución "se pueden reducir" para mejorar la asistencia sanitaria y la atención a los usuarios. En ese momento, la deuda de la Junta por el abono de los recibos, que no ha sido todo lo diligente que a los ayuntamientos les hubiera gustado, rondaba los 20 millones de euros. Y la polémica no se hizo esperar: los ayuntamientos de Cáceres y Badajoz, gobernados por el PP, mostraron su oposición frontal, al igual que la propia Fempex. 

Marcha atrás en 2016

En una reunión con Fernández Vara en mayo de 2016, su presidente, el también socialista Francisco Buenavista, se mostró a favor del fondo de la cuestión (si colegios e iglesias no pagan, que los hospitales tampoco lo hagan) pero recordó que esta partida es una parte de la financiación de los ayuntamientos, como así lo recoge la Ley de Haciendas Locales, y que en caso de suprimirse debería llevar una compensación económica para los municipios afectados.  

Finalmente, "atendiendo a las consideraciones expresadas por las distintas entidades locales que habían formulado alegaciones y buscando el mayor consenso posible en esta cuestión", en julio la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda, Pilar Blanco-Morales, anunció que la Junta renunciaba a incluir la exención del IBI sanitario en la Ley de Medidas Tributarias. Y ahora, cuatro años después, la polémica vuelve a la palestra. 

El Ejecutivo insiste en que centros de salud y hospitales deben tener la misma consideración que los centros educativos y de hecho, asegura que la Ley de Medidas en la que se ha incluido el cambio normativo cuenta con el respaldo del Consejo de Estado. La Consejería de Hacienda cifra en 2,5 millones de euros anuales el ahorro que lograría el SES, cuya deuda actualmente está a cero por este motivo. 

En este sentido, cabe destacar que en 2017 se firmó un protocolo con las dos diputaciones provinciales mediante el que la Junta se comprometía a pagar todos sus recibos de IBI y establecer un plan para liquidar la deuda pendiente en siete años.