Menudeo en la Guardia Civil: medio millón a dedo al empresario del 'caso Cuarteles' con contratos inferiores a 5.000 euros

La trama del caso Cuarteles, la derivada del caso Mediador en la Guardia Civil, intentó 'volar muy bajo' para no levantar sospechas. Tanto que de los 3,3 millones de euros en adjudicaciones que consiguieron las empresas de Ángel Ramón Tejera de León, alias 'Mon', para la reparación presuntamente irregular de cuarteles de la Benemérita, al menos medio millón se movió gracias al menudeo en 120 contratos distintos. Un 'troceo' de las cantidades tan minucioso que solo fue posible aprovechándose de un mecanismo del que dispone el Cuerpo para agilizar 'a dedo' los imprevistos del día a día cuando se trata de gastos inferiores a 5.000 euros.

De esta forma, y según los datos presentes en la investigación de Asuntos Internos de la Guardia Civil a la que ha tenido acceso este periódico, una obra de, por ejemplo, 60.000 euros podría 'camuflarse' ya no en varios contratos menores —es decir, inferiores a los 50.000 euros que marcaba la ley en ese momento—, sino en cantidades que a ojos de una eventual auditoría resultarían insignificantes.

Sin embargo, en ese documento, que ha sido remitido ya a los distintos tribunales que están instruyendo el caso, a la unidad de control interno de la Benemérita sí que le llamó la atención la conveniencia de la "proximidad temporal" entre las adjudicaciones a tres compañías que, además, tienen el mismo dueño.

En al menos 35 ocasiones las empresas de Tejera de León, alias Mon en el sumario del caso Mediador, recibieron dos o más contratos inferiores a 5.000 euros el mismo día y en la misma comandancia. Sin embargo, hay periodos como noviembre de 2016 en los que esa actividad se vuelve aún más intensa.

Si en 2014 y 2015 no se solían superar las dos adjudicaciones 'a dedo' en 24 horas, en 2016 llegaron a ser 15 en Santa Cruz de Tenerife por valor de 72.150 euros entre el 16 y el 18 de noviembre. Apenas una semana después, mismo modus operandi: otros siete contratos en el acuartelamiento de Ávila por un total de más de 30.000 euros, donde el jefe de la Comandancia en ese momento, el teniente coronel Carlos Alonso, ha terminado siendo imputado en el caso Cuarteles por saber, presuntamente y según un testigo, que se estaban pagando obras que nunca llegaban a realizarse.

De esta forma, es decir, con adjudicaciones inferiores a 5.000 euros, Mon consiguió para sus empresas 31 contratos en 2014 por valor de 100.090 euros; 29 contratos en 2015 por 127.220 euros; 46 contratos en 2016 por 210.510 euros; 15 contratos en 2017 por 59.168 euros y un último contrato en 2018 de 3.550 euros.

Contratos en 'caso Cuarteles' inferiores a 5.000 euros

La Guardia Civil dispone de un mecanismo llamado anticipos de caja fija por el que los jefes de las comandancias pueden asignar libremente hasta 5.000 euros para agilizar los gastos menores del día a día, como puede ser comprar unas bombillas, una impresora o reparar una puerta.

De los 3,3 millones de euros que consiguió Ángel Ramón Tejera de León en adjudicaciones presuntamente irregulares para reparar los acuartelamientos de la Guardia Civil entre 2008 y 2019, al menos medio millón corresponde a este procedimiento. El empresario, alias Mon en las investigaciones del caso Mediador y el caso Cuarteles, habría utilizado esta vía en más de una decena de comandancias por varias provincias españolas.

Obras defectuosas o inconclusas

Los defectos en las obras realizadas por las empresas de Mon se detallan en la investigación de Asuntos Internos a la que ha tenido acceso este periódico, y es especialmente detallada en el caso de la Comandancia de Tenerife, donde los investigadores organizan las obras defectuosas en cinco bloques.

Así, por ejemplo, la Guardia Civil detectó ocho casos en los que no se ejecutó alguna de las unidades facturadas por Angrasurcor, Solocorcho o por el pintor subcontratado por Ángel Ramón Tejera de León en Alicante y por las que se habían cobrado un total de 38.727 euros para el picado, retirada de escombros y enlucido de paredes en los acuartelamientos de la Victoria, Santa Cruz de Tenerife, Puerto de la Cruz, Los Llanos de Aridane, Fasnia, e Icod de los Vinos.

En otros diez casos, la actuación de las empresas solo se limitó a zonas puntuales, pese a que se había facturado por 51.078 euros. En el caso del acuartelamiento de Tacoronte, pese a que se contrataron y pagaron las obras de enlucido de paramentos anteriores, no se llegó a hacer nada; mientras que en San Sebastián de la Gomera se pagaron más de 3.000 euros por unos trabajos que en ningún caso afectaron a los 102 metros cuadrados facturados.

También se detectaron dos casos en el que el número de unidades de obra está “sobredimensionada” por un total de 70.859 euros en Playa de Santiago y La Laguna, pues las superficies facturadas eran superiores a las reales de los cuarteles; mientas que en Los Llanos de Aridane y Valverde del Hierro se habla de "ejecución deficiente" al no aplicarse la resina que constaba en la factura, pese a que se cobraron 13.546 euros por la pintura de la fachada. En otro caso, en La Laguna, se detectó que se "se superponen obras".

Las primeras pesquisas son menos concretas en relación con las obras en 26 acuartelamientos de Ávila que dieron lugar a un procedimiento penal en esta provincia que ha sido trasladado a Madrid, tras cerciorarse el juez de que las irregularidades con adjudicaciones al mismo empresario se extendían a otras 12 comandancias. En todo caso, se encargó un peritaje que puso en evidencia la mala calidad de los trabajos de Mon.

Chapuzas en los cuarteles de Ávila

Las sospechas con este constructor ya fueron evidenciadas, en todo caso, por los responsables de los puestos que declararon ante asuntos internos. Así, y por distintas razones como encontrarse las dependencias en buen estado o haber experimentado reformas recientes, muchos de los trabajos de pintura facturados se consideraban no necesarios.

En otro caso concreto, los operarios que tenían que realizar las mismas llegaron a acudir al cuartel "sin ningún material de pintura", por lo que los obreros tuvieron que ser acompañados a comprarlo a establecimientos cercanos, según los testigos.