Guardias civiles de Asuntos Internos y técnicos de Patrimonio se reúnen para peritar las obras en los cuarteles

Agentes de la Sección de Asuntos Internos de la Guardia Civil -del grupo que investiga el caso Cuarteles-, y técnicos de la Dirección General de Patrimonio han mantenido una reunión para organizar el examen de las obras en acuartelamientos del instituto armado en los que pudieron cometerse delitos de estafa, cohecho o falsedad documental, confirman a este diario fuentes próximas a las pesquisas policiales del caso.

La reunión, primera en la trayectoria de esta instrucción judicial, se ha celebrado esta semana en Madrid previo aviso a esa dirección general, dependiente del Ministerio de Hacienda. El encuentro no ha tenido nada de institucional, y sí de operativo: los agentes de Asuntos Internos acudieron a informar sobre el número y localización de casas-cuarteles de la Guardia Civil en el territorio de las 13 comandancias en las que se han realizado las 193 obras hasta ahora bajo sospecha por supuestos amaños de contratos.

El caso Cuarteles es la investigación de esas supuestas irregularidades, consistentes en favorecer concesiones sin competencia, inflado de precios y pago de obras no ejecutadas. Por ese caso están investigados en causa judicial dos jefes de la Guardia Civil -el teniente general Pedro Vázquez Jarava y el teniente coronel Carlos Alonso-, el constructor canario Ángel Ramón 'Mon' Tejera y un trabajador autónomo, pintor, de Alicante. Además, Asuntos Internos ha interrogado a otro teniente coronel, A. L., que era comandante jefe del Mando de Apoyo en Alicante.

Mucho trabajo

Esta reunión ha pretendido acotar todo el volumen del trabajo, que no es poco. Es "prácticamente 45 veces el comunicado en un principio", dijo en junio pasado una primera perito designada por la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructura del Ministerio del Interior, expresando "la imposibilidad" de abarcarlo.

En agosto de 2019, en una primera fase local de instrucción del caso, la arquitecta abulense María Teresa Castillo peritó para el Juzgado de Instrucción 2 de Ávila las obras, todas ellas polémicas, realizadas por operarios de Mon Tejera en 27 instalaciones de la Guardia Civil en aquella provincia.

Pero quedan por evaluar 166 encargos de repintado, secado, reparación de cubiertas, demolición y construcción de muros, eliminación de humedades... un río de contratas que fluyó entre 2014 y 2019 y propició a Mon Tejera -y en mucha menor proporción su socio alicantino- una facturación de cercana a los tres millones de euros.

La reunión de esta semana supone el comienzo del fin de una demora de meses en una parte clave de la investigación del caso. La instrucción se encuentra ralentizada a la espera de disponer de peritos con los que certificar hasta qué punto se quedaban sin hacer -pero se pagaban- las obras investigadas. "En muchos casos se necesita ser un experto en albañilería o pintura para saberlo", explica uno de los guardias civiles afectados por el caso.

Después de que la primera perito se viera desbordada incluso antes de empezar, el 2 de octubre de 2022 Asuntos Internos comunicó al Juzgado de Instrucción 3 de Madrid -al que el de Ávila ya había pasado el caso- que la Dirección General de Patrimonio del Estado podría poner gente "para llevar a cabo las periciales acordadas", ha contado en un comunicado este viernes el Ministerio del Interior.

El pasado 26 de enero, y tras comprobar que no había oposición por la Fiscalía ni por la Abogacía del Estado, el juzgado requirió a la Dirección General de Patrimonio para que designe peritos. "Nosotros siempre hemos estado dispuestos, a la espera de lo que nos pidan", indican a este diario desde ese departamento de Hacienda.

La pericial también se vio ralentizada en su momento por el "debido sigilo" que requería la investigación de Asuntos Internos, apuntan fuentes policiales próximas a la investigación del caso. Al principio, en 2019, el análisis se había limitado a las obras de Ávila y así permaneció hasta que el asunto llegó a Madrid, ampliado a raíz de la declaración del segundo mando investigado, el teniente coronel Carlos Alonso.