El gasto militar en España varía en miles de millones según quién lo calcule

¿Cuánto gasta España en Defensa? ¿10.000 millones, 12.000 millones o 23.000 millones? Todas estas cifras aparecen asociadas al coste militar español, según las fuentes. Y todas son, de alguna manera, ciertas. 

Pedro Sánchez dijo este lunes en una entrevista que España dedica un 1,4% de su PIB (16.800 millones de euros) en Defensa. Y que quería llegar al 2% (24.000 millones) en un tiempo por determinar. Unos días antes, en Versalles, el presidente del Gobierno había afirmado, sin embargo, que España debía alcanzar a final de esta legislatura, en 2024, el 1,22-1,24% de gasto del PIB. Es decir, 15.000 millones de gasto en dos años. El febrero, en otra entrevista en televisión, Sánchez decía que el presupuesto en Defensa había pasado en su legislatura desde el 0,9% al 1%.

Las cifras son incoherentes. Y esto es solo el comienzo de la confusión. 

Según los Presupuestos Generales del Estado, el gasto asignado al Ministerio de Defensa en 2021 fue de 9.409 millones, el 0,78% del PIB. Por su parte, la OTAN dice que el gasto español en Defensa fue del 1,02% en 2021, 12.000 millones. Organizaciones por la paz y el desarme, como Delás, lo elevan al 1,8%, 23.000 millones.

No existe una cifra consensuada y clara de todas las partidas que existen dedicadas al tema militar y defensivo. ¿Se trata de una ambigüedad calculada, para poder sacar músculo militar en tiempos como el actual, de guerra, o ante los socios de la OTAN, y para minimizar el dato en tiempos de paz?

"Está mintiendo descaradamente para no decir que la cifra de gasto es mucho menor que el 2% comprometido", asegura Christian Villanueva, de Revista Ejércitos.

Todo depende de qué se meta dentro de cada conteo. La cifra de partida es la que aparece en el libro amarillo de los PGE para el ministerio de Defensa, los citados 9.409 millones de 2021. Si a eso se le suman los “organismos autónomos” (el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial o el de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, por ejemplo) y el CNI, se llega a los 11.700 millones. 

Desde ahí, los cálculos divergen. Otros como el Centro Internacional de Estocolmo para la Defensa de la Paz SIPRI incluyen el gasto en pensiones de los militares. El Centro Delás de Estudios de Paz añade el gasto en Guardia Civil, que es un “cuerpo de naturaleza militar”. En ese caso, y sumando los costes financieros (los intereses de la deuda) se llegaría hasta a los 23.000 millones a los que apunta esta organización, la cifra más elevada, y muy discutida por expertos militares y analistas consultados por este diario.

La discusión no es baladí. El Gobierno español se comprometió en Gales en 2014 a llegar a 2024 al 2% del Producto Interior Bruto. Dependiendo de la cifra que se utilice como punto de partida, hay que invertir más o menos en los próximos años. Para la OTAN, deberíamos  invertir 12.000 millones más anuales. Para los centros pacifistas, estamos a tan solo mil o dos mil millones de la cifra comprometida y no habría que invertir más. Para comprender estos guarismos, basta compararlos con el gasto en prestaciones por desempleo, que es de 22.500 millones de euros.

Una sentencia para poner orden

La partida de dinero más alta que se suele asociar a Defensa es la de los programas de armamento. Las compras de submarinos, aviones o drones imprescindibles para renovar los ejércitos. Hasta 2016, los gobiernos solían dejar ese dinero fuera de los Presupuestos Generales del Estado. Miles de millones que se aprobaban por decreto y que no computaban en la cifra total de gasto en Defensa. La compra de fragatas F 100, aviones de combate Eurofighter o submarinos S-80… Hasta que el Constitucional mandó parar en una sentencia

"La modificación del gasto presupuestado mediante Decreto-ley está pensado, dentro de la flexibilidad propia de unos Presupuestos Generales del Estado, para partidas inesperadas que hay que pagar”, explica a

EL PERIÓDICO DE ESPAÑA

Violeta Ruiz, ex letrada del Tribunal Constitucional y profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la UC3M. “Pero no se puede usar para un gasto que ya se sabía que iba a haber porque estaba comprometido. Ahí no hay extraordinaria y urgente necesidad, que es lo que exige la Constitución".

Aquella sentencia cargó contra el abuso de esta forma de financiación estatal al margen de las cuentas públicas negociadas y aprobadas en el Parlamento. Decía:  "La especialidad de los programas especiales de armamento ha generado una práctica legislativa para abordar su financiación que debe calificarse, al menos, como singular”. “Tuvieron como finalidad la concesión de créditos extraordinarios para el pago de este tipo de programas especiales de armamento […] El pago de estos programas a través de la figura del decreto-ley se ha convertido en una práctica habitual”.

Ahora, en el presupuesto está la partida inicial, que luego se ajusta luego vía contabilidad nacional incluyendo en el montante final el gasto en las partidas de material y las misiones en el exterior, concluye  una fuente con conocimiento de los Presupuestos del Estado que prefiere mantener el anonimato.