CRISIS ENERGÉTICA

El Gobierno refuerza aún más la plantilla de Competencia para vigilar los precios de eléctricas y petroleras

Hacienda atiende el SOS de la CNMC sobre la falta de recursos humanos y autoriza otra ampliación del personal destinado a controlar los ‘beneficios caídos del cielo’ de las energéticas.

 La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández.

 La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Cani Fernández. / CNMC

4
Se lee en minutos

La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ha venido alertando de la preocupante situación de falta de personal que padece y de sus problemas para atender el aluvión de nuevas funciones encomendadas por el Gobierno con la nueva legislación para hacer frente a los efectos de la crisis energética y para vigilar los precios que aplican a sus clientes las energéticas en busca de abusos.

El Ejecutivo ha ido aprobando durante el último sucesivas reformas legales para frenar el impacto para familias y empresas de la subida de la electricidad, el gas y los combustibles, que se han traducido en nuevas atribuciones para la CNMC que han disparado la carga de trabajo de su Dirección de Energía. El departamento ya arrastraba un problema de falta de recursos humanos y con las nuevas funciones se había visto desbordado.

Ante esta situación, el organismo presidido por Cani Fernández ha conseguido del Ministerio de Hacienda otro aumento de personal, el segundo en unos meses, para ocuparse de las nuevas funciones de control de eléctricas y petroleras y no desatender sus ocupaciones habituales. La CNMC reclamó la creación de 42 nuevas plazas para asumir sus nuevas competencias en materia energética y de momento ha conseguido en dos tandas la autorización para incorporar a 38 efectivos.

La Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR), dependiente enteramente del Ministerio de Hacienda desde que asumió también el área de Función Pública, autorizó inicialmente la incorporación de 24 nuevos puestos de funcionarios y posteriormente ha dado el visto bueno para sumar también 14 empleados laborales, según confirman a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes de la CNMC.

Más refuerzos

Tras el nuevo ok de Hacienda, quedarían pendientes de aprobación otros cuatro puestos laborales para completar la petición planteada por el organismo. La CNMC aún no ha incorporado a los nuevos refuerzos, sino que debe sólo ha recibido la autorización para crear las plazas y abrirá un proceso de selección que se convocará antes de que termine 2022. La plantilla actual de la Dirección de Energía está compuesta por 115 empleados.

Desde Competencia no se da por cerrada la ampliación de plantilla y se advierte de que se reclamarán al Gobierno más refuerzos en caso de ser necesario. “La CNMC solicitará dotación de medios humanos siempre que se le atribuyan nuevas competencias que no puedan ser asumidas con la plantilla existente en ese momento, tal como ha sucedido en el caso de las nuevas funciones en materia de energía”, confirman fuentes de la institución.

Control sobre las energéticas

Como parte del paquete legislativos para paliar los efectos de la crisis energética del último año, el Gobierno ha levantado un sistema de control de las compañías energéticas para evitar beneficios extraordinarios aprovechando la crisis de precios (los conocidos como "beneficios caídos del cielo") y para asegurarse de que aplican correctamente todas las medidas impuestas (como el descuento de 20 céntimos por litro de carburante, entre otras). Y una parte fundamental de esa estructura de control y vigilancia ha recaído en la CNMC.

El Gobierno diseñó en septiembre del año pasado un sistema de recortes a las eléctricas para evitar posibles beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El Ejecutivo obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).

Las compañías eléctricas hacen cada mes un envío masivo de miles de contratos para mostrar las condiciones y el precio de venta al que realizan el suministro a clientes con los que tienen acuerdos bilaterales a largo plazo con el objetivo de librarse de los recortes. El aluvión de contratos llega primero a Red Eléctrica de España (REE), el operador del sistema eléctrica y que ha sido designado por el Gobierno para calcular cada mes cuánto tienen que devolver, y éste los remite posteriormente a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia.

Posteriormente, el Gobierno aprovechó el macrodecreto de medidas anticrisis por la guerra de Ucrania para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora) y para crear un sistema de vigilancia especial para las grandes eléctricas para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos entre empresas del mismo grupo para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

La CNMC también se ha visto obligada a asumir el control de que todas las gasolineras están aplicando correctamente el descuento de 20 céntimos por litro para todos los conductores decretado por el Gobierno para frenar la escalada de precios de los combustibles. Y también han recaído en la CNMC otras labores extra como el recálculo urgente la retribución de miles de plantas renovables adscritas a una rentabilidad garantizada por ley (Recore) o un nuevo cálculo de cómo repartir el coste del bono social eléctrico (el descuento en el recibo de luz para hogares vulnerables) entre todas las empresas del sector.  

Noticias relacionadas