CRUZADA DEL GOBIERNO CONTRA LOS BENEFICIOS EXTRA

Las eléctricas desvelan datos de millones de contratos para librarse de los recortes

El Gobierno lleva meses desnudando los secretos comerciales de las compañías energéticas en busca de los famosos “beneficios caídos del cielo” y ahora amplía el foco exigiendo aún más información sensible para no pagar el ajuste del precio de la luz por el tope al gas

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / EFE

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“El Gobierno lo que quiere es recortar los beneficios extraordinarios de las compañías energéticas y bajar los precios de la energía", sentenciaba este miércoles la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso de los Diputados. En los últimos meses, el Ejecutivo ha venido advirtiendo de que la crisis energética estaba generando beneficios extra a las compañías energéticas gracias a la subida de precios de la electricidad y ha ido armando un sistema para controlarlos y reducirlos.

En las últimas semanas, además, el Gobierno ha colocado expresamente la necesidad de reducir esos beneficios caídos del cielo (como se denominan en el sector) de las grandes energéticas en el centro de su acción para combatir el impacto de la subida de precios para hogares y empresas. “El Gobierno tiene como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y beneficiar a todos. Va a haber una reducción muy significativa de los ingresos extraordinarios”, sentenció la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, el pasado viernes.

Las eléctricas niegan la existencia de los beneficios millonarios que el Gobierno dice querer recortar, ya que tienen vendida toda su producción de electricidad con mucha antelación y a precios muy inferiores a los que marca el mercado eléctrico y, por ello, no se están beneficiando de las subidas. Pero el Gobierno les exige demostrarlo de manera fehaciente y desde hace meses les obliga a desvelar datos de miles de contratos sobre los precios a los que venden su producción.

Ahora el Ejecutivo, con el decreto con el que aprobó la semana pasada para establecer el tope al precio del gas para bajar la luz, amplía aún más las exigencias de desvelar información comercial sensible si quieren librarse de asumir la ‘compensación’ para las centrales de gas para cubrir la diferencia entre el coste real de su producción y el precio máximo fijado por el Gobierno. Y obliga a las compañías a una avalancha de información con datos de millones de contratos con los clientes finales que deben remitir a OMIE, el gestor del mercado eléctrico, en un plazo de cinco días hábiles que concluye en principio el lunes próximo.

Las eléctricas llevan desde el pasado octubre haciendo un envío masivo de documentación a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- y luego revisada por la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), con datos de miles contratos para demostrar que venden la electricidad a sus clientes a un precio muy inferior al que marca el desbocado mercado eléctrico y así salvarse de los recortes. El pasado marzo, el Ejecutivo amplió el sistema de minoración de los ingresos extra para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora, MWh), por lo que el envío de datos comerciales es aún mayor desde entonces.

Millones de contratos, al descubierto

El Gobierno aprobó la pasada semana su plan para poner un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad y, a la espera del ok definitivo de Bruselas, conseguir con ello contener las subidas del recibo de la luz de millones de hogares y empresas. Poniendo un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad (de 48,8 euros por MWh de media durante un año, frente a los 80 euros de los últimos meses) se conseguirá rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico. Pero se seguirá pagando a su precio real (y alto) la electricidad que se produzca con centrales de gas, que reflejarán en sus costes de generación los precios elevados del gas natural. Así que a las compañías eléctricas con centrales de gas hay que pagarles una suerte de compensación, esa diferencia de precio para que cubran sus costes reales.

El coste adicional de la producción eléctrica de las centrales de gas lo asumirán sólo los consumidores que se beneficien directamente del descenso del precio del mercado mayorista. De manera inmediata, el sobrecoste de las centrales de gas se repercutirá en las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada y lo trasladarán a sus clientes, y en los clientes industriales que compren directamente en el mercado. Y de manera progresiva se irá transmitiendo también a los clientes del mercado libre que vayan actualizando las condiciones de sus tarifas durante los próximos 12 meses.

Así que las eléctricas que no quieran pagar esa compensación de ajuste, deben demostrar a OMIE que cuentan con instrumentos de cobertura a plazo y que no se están beneficiando de la rebaja del precio del mercado mayorista que provocará el tope del gas. Y esas coberturas incluyen los millones de contratos firmados antes del 26 de abril con los clientes finales de las compañías y que no están ligados a la evolución del mercado eléctrico. La eléctrica que no presente estos datos sensibles de manera detallada, pasará a financiar el coste del ajuste para compensar a las centrales de gas, que desde el sector se prevé que puede situarse entre los 5.000 y los 6.000 millones durante el próximo año.  

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