TOPE AL PRECIO DEL GAS

El plan del Gobierno para bajar la luz: claves de cómo intervendrá España su mercado eléctrico en plena crisis

  • El Consejo de Ministros da luz verde a un mecanismo extraordinario que pone un precio máximo del gas que se usa para producir electricidad y con ello frenar la subida de la luz durante un año.

  • Aún falta el 'ok' definitivo de Bruselas para poder aplicar la reforma. La Comisión Europea exige a España reformar la tarifa regulada en 2023 para que los consumidores vulnerables no estén tan expuestos a la volatilidad del mercado eléctrico.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / Efe

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Cincuenta días después de que España y Portugal arrancaran el aval de Bruselas y del resto de sus socios europeos para tomar medidas diferenciadas para controlar el precio de la luz, los gobiernos de ambos países sacan por fin adelante su plan para poner un tope al precio del gas que se utiliza para generar electricidad y conseguir contener las subidas del recibo de la luz de millones de hogares y empresas. Aquella victoria de finales de marzo de los presidentes Pedro Sánchez y Antonio Costa, consiguiendo el reconocimiento de la “excepción ibérica” por ser una “isla energética, se materializa ahora

Tras semanas de negociaciones técnicas con la Comisión Europea y entre ambos los países, los dos gobiernos ibéricos han convocado Consejos de Ministros extraordinarios este viernes para adoptar su plan para intervenir directamente el mercado mayorista eléctrico durante un año para contener las subidas en plena escalada de precios ahora agudizadas por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania. ¿Cómo funcionará el mecanismo excepcional con el que España y Portugal quieren frenar el golpe de la crisis energética?

TOPE AL PRECIO DEL GAS

La Comisión Europea dio este lunes una aprobación preliminar al plan de España y Portugal de poner durante un año un tope al precio del gas y del carbón que se utilizan para producir electricidad para conseguir rebajar el precio de la luz. Inicialmente y durante los primeros seis meses ese límite máximo será de 40 euros por megavatio hora (MWh) -la mitad de los 80 euros de media que viene marcando el gas en el último trimestre- e irá subiendo progresivamente, mes a mes, hasta situarse en los 48,80 euros de media durante el conjunto del año en que estará en vigor la medida. Cada mes el precio tope se incrementará en 5 euros, para terminar en los 70 euros MWh para que haya una convergencia a la normalidad.

¿POR QUÉ TOPAR EL GAS PARA BAJAR LA LUZ?

Los mercados mayoristas eléctricos en Europea funcionan con sistemas marginalistas, que hacen que la última oferta de producción en casar con la demanda es la que fija el precio para todas las demás. La última oferta es en la mayoría de los casos la que realizan las centrales de gas, que ahora soportan unos precios disparados por la desorbitada cotización del gas natural y que empujan al alza el precio de toda la electricidad, también la de las renovables o las nucleares que no soportan esos costes extra por la subida del gas.

Por eso, el plan de España y Portugal pasa por aplicar un precio máximo sólo a las ofertas que pueden presentar en el mercado eléctrico las centrales de ciclo combinado (las que queman gas para producir electricidad). Con ello, el conjunto del mercado eléctrico dejaría de disparar su precio al conseguir desacoplarse del precio del gas, que ahora ha agudizado sus subidas por la invasión militar de Rusia sobre Ucrania. “El objetivo es pagar a precio de gas natural sólo la electricidad que se produce con gas natural y no toda la electricidad”, ha sentenciado la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

¿CUÁNTO BAJARÁ LA LUZ?

Con ese límite máximo al gas, el precio de la luz en el mercado mayorista se quedará en un promedio de 130 por MWh, según la estimación de la vicepresidenta Ribera, frente a los más de 200 euros que marca en las últimas semanas o el récord de 545 euros a principios de marzo. Según los cálculos del Gobierno, conseguir poner coto a la subida del mercado mayorista servirá para rebajar de media en torno a un 30% la factura que pagan los clientes tipo de tarifas directamente vinculadas a la evolución del mercado eléctrico.

¿QUIÉN SE BENEFICIA DE LA REBAJA?

Con este límite de 48,8 euros por MWh de media para el gas se busca rebajar la luz en el mercado mayorista, cuya evolución impacta directamente en la factura de cerca del 37% de los clientes domésticos -los 10 millones que tienen contratada la tarifa regulada o Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor, PVPC- y al 70% de clientes industriales que compran directamente la electricidad en este mercado.

El resto de 20 millones de clientes que tienen contratadas tarifas del mercado libre, normalmente con un precio fijo o estable, se irán beneficiando de la rebaja en el momento en que toque revisar o actualizar los términos de sus contratos, que las eléctricas suelen hacen de manera anual. “El efecto sobre los clientes con PVPC es inmediato, y para el resto de clientes será un efecto progresivo según les toque revisar su tarifa”, ha subrayado Ribera.

Desde el Gobierno se subraya que el conjunto de los consumidores se beneficiarán de un "efecto neto positivo". Y, de hecho, en caso de que la evolución del mercado hiciera que el mecanismo no fuera efectivo y tuviera un impacto negativo de manera temporal, los gobiernos español y portugués han incluido una cláusula en los decretos por la que se reservan la potestad para actuar de manera excepcional.

CUÁNDO EMPIEZA A APLICARSE

La aplicación de la medida no será inmediata o al menos no en su totalidad. El Gobierno pretende publicar este sábado el real decreto en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y la entrada en vigor se establecerá previsiblemente para el próximo martes. Sin embargo, la plena operatividad de la medida no se producirá hasta que la Comisión Europea dé un nuevo visto bueno definitivo al contenido de las nuevas normativas española y portuguesa y el Ministerio para la Transición Ecológica publique una orden ministerial para hacerla efectiva.

El Colegio de Comisarios Europeos aprobará la medida “en una semana, diez días o dos semanas”, según ha reconocido Ribera. Además, los procedimientos técnicos para poder casar el nuevo sistema de ofertas y demandas con el tope al gas han de ajustarse por el operador del mercado eléctrico OMIE en un plazo de cinco días, y las eléctricas también han de ir aportando información sobre sus contratos en los días siguientes. Todo ello puede prolongar su entrada en vigor efectiva unos diez días. Desde el sector eléctrico se da por hecho que las medidas no se notarán de manera plena hasta la factura de junio.

REDUCIR LOS “BENEFICIOS EXTRA” DE LAS ELÉCTRICAS

“Las medidas tienen como finalidad fundamental reducir los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas y beneficiar a todos. Va a haber una reducción muy significativa de los ingresos extraordinarios”, ha sentenciado Ribera. “Por primera vez no van a pagar los mismos con una mayor contribución de los Presupuestos Generales del Estado. Esta vez no será así”.

El Gobierno señala directamente la existencia de unos beneficios extraordinarios (beneficios caídos del cielo) que perciben los grupos energéticos al vender parte de su electricidad en el mercado mayorista a los precios altos que marca el gas, pero sin soportar los costes del gas.

Al ponerse un tope al precio del gas esos ingresos extra ya no se producirían. Ribera ha eludido cifrar el importe de esos beneficios y cuánto se recortarán con las medidas. Desde los grandes grupos energéticos se insiste que esos beneficios caídos del cielo no existen y que tienen vendida toda su producción eléctrica en contratos firmados a precios muy inferiores a los del mercado mayorista, por lo que de facto el nuevo mecanismo no tendrá un impacto en sus cuentas.

El nuevo mecanismo aprobado este viernes se suma al sistema de minoración de los beneficios extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios, obligando a devolver a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios de todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora) hasta el próximo 30 de junio.

QUIÉN PAGA LA DIFERENCIA

Poniendo un precio máximo al gas que se utiliza para producir electricidad se conseguirá rebajar la cotización del conjunto del mercado eléctrico. Pero se seguirá pagando a su precio real (y alto) la electricidad que se produzca con centrales de gas, que reflejarán en sus costes de generación los precios elevados del gas natural.

Tras un duro proceso de negociación con Bruselas y también con Portugal, el coste adicional de la producción eléctrica de las centrales de gas lo asumirán sólo los consumidores que se beneficien directamente del descenso del precio del mercado mayorista. De manera inmediata, el sobrecoste de las centrales de gas se repercutirá en las comercializadoras que ofrecen la tarifa regulada y lo trasladarán a sus clientes, y en los clientes industriales que compren directamente en el mercado. Y de manera progresiva se irá transmitiendo también a los clientes del mercado libre que vayan actualizando las condiciones de sus tarifas durante los próximos 12 meses.

BRUSELAS EXIGE REFORMAR EL PVPC

Bruselas ha permitido a España poner un tope al gas con la condición de que aplique una reforma de la tarifa regulada, dado que el caso español es único en Europa y el precio del PVPC está totalmente expuesto a la volatilidad del mercado eléctrico. El real decreto incluye el mandato para que el Gobierno modifique antes del 1 de octubre la metodología de cálculo del PVPC para incorporar referencias basadas en una cesta de productos eléctricos a plazo y del mercado diario e intradiario.

Con ello, se dará estabilidad al precio del mercado mayorista y, por otro, se da liquidez al mercado, al habilitar a las renovables con una retribución regulada (Recore) para que no tengan que vender su producción obligatoriamente en el mercado y puedan vender su energía directamente a las comercializadoras. Se prevé que el nuevo PVPC empiece a aplicarse desde el inicio de 2023.

LA “EXCEPCIÓN IBÉRICA”

España se en el último año en conseguir una acción coordinada en todos los países de la Unión Europea para intervenir el mercado eléctrico para evitar que la subida desorbitada del gas natural contagiara el recibo de la luz. Y eso no lo ha conseguido al encontrarse con el rechazo de varios países -singularmente Holanda y Alemania- a emprender a una reforma en todos los mercados eléctricos continentales. Al menos de momento.

España y Portugal sí arrancaron de los socios de la UE el permiso para poner en marcha su plan B: que se reconozca la excepción ibérica. Una alternativa que consiste en que la Unión Europea autoriza que España y Portugal, que cuentan con un mercado eléctrico que en la práctica opera de manera conjunta, adopte medidas especiales para bajar los precios de la luz.

Se trata de permitir un “trato especial” a ambos países por ser una “isla energética”, con un mayor peso que el resto del continente de las energías renovables y que no se benefician de los efectos positivos de las interconexiones eléctricas que existen entre otros países de la UE (la conectividad con Francia es del 2,8% de la energía, a pesar de que el objetivo era alcanzar el 10% en 2020 y el 15% en 2030).

BRUSELAS SE PLANTEA TOPAR EL GAS EN TODA LA UE

Tras meses rechazando la intervención de los precios de los mercados energéticos, la emergencia provocada por la guerra de Ucrania está empujando a la Comisión Europea a reconsiderar sus posiciones. Bruselas estudia proponer la próxima semana un sistema de intervención extraordinaria de los precios del gas en todo la UE en caso de serio riesgo de suministro por una eventual interrupción de la llegada de gas ruso.  

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