PRECIO DE LA LUZ

El Gobierno reta a las grandes eléctricas con una vigilancia especial en busca de “beneficios caídos del cielo” ocultos

Crea un procedimiento específico para supervisar a los grupos de manera particular por si trasladan los ‘windfall profits’ a sus clientes finales a través de las comercializadoras.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, y el consejero delegado de Endesa, José Bogas. / Moncloa | Fernando Calvo

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El Gobierno ha aprovechado el macrodecreto con medidas contra el impacto de la guerra para ampliar el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar posibles beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El Ejecutivo ha aprobado una revisión -otra más- del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios para incluir todos contratos que se firmen a precios altos (por encima de 67 euros por megavatio hora) y para prolongar el recorte hasta el 30 de junio (tres meses más de lo previsto).

El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha incluido también en el decreto una vigilancia especial de las grandes eléctricas para supervisar de manera específica los contratos que firman entre compañías de un mismo grupo, para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y a parte de las renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).

Sin embargo, el Gobierno acabó matizando esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. En la práctica, todos los contratos con precio fijo quedaban fuera del ajuste. Las eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica y a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Al final, el impacto de los recortes quedó muy diluido.

El Gobierno ahora ha incluido todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por megavatio hora (MWh). Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable (resultante de utilizar como referencia un precio del gas de 20 euros por MWh), las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.

Contratos intragrupo

Los contratos que se vigilan con carácter general son los suscritos entre las empresas de generación de electricidad y las comercializadoras de luz que venden al cliente final. Pero los grandes grupos eléctricos (singularmente Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol) venden gran parte de la electricidad que producen directamente a sus propias comercializadoras, a empresas integradas en su propio grupo empresarial.

El Gobierno ha decidido poner un foco especial en este tipo de contratos intragrupo, y vigilará el precio final que las comercializadoras repercuten al consumidor, ya que “dicho precio puede ser el que refleje el beneficio extraordinario y el que actúe de facto como cobertura natural para la general”, recoge el Gobierno en el decreto publicado este miércoles en el BOE.

“Cuando la energía (...) se encuentre bilateralizada, directamente o mediante instrumentos de cobertura intragrupo equivalentes, entre empresas de generación y comercialización pertenecientes a un mismo grupo verticalmente integrado, el precio de cobertura empleado en el cálculo de la minoración será el correspondiente con aquel precio que dichas empresas comercializadoras repercutan a los consumidores finales”, establece la nueva norma.

Para asegurarse de que esos beneficios caídos del cielo no se están trasladando a través del último eslabón de la cadena de contratos entre empresas de un mismo grupo, el Gobierno utilizará como referencia el tope de los 67 euros por MWh del resto de contratos más un margen de comercializador medio del sector de los últimos años y ajustado por posibles pérdidas registradas en ese periodo. Se emplearán como referencia los márgenes de comercialización incluidos en los informes de la CNMC sobre el funcionamiento del mercado minorista de la electricidad de los últimos ejercicios.

Los fondos recaudados eventualmente recaudados por todas estas minoraciones el Gobierno los destinará a rebajar aún más los cargos incluidos en la factura eléctrica, con los que se pagan costes del sistema como la retribución de renovables o deuda y que el Gobierno ha recortando también a través del real decreto para bajar ya el recibo de luz. El Gobierno no contempla una estimación concreta de recaudación por esta vía, depende de cuál sea la reacción de las compañías. "O recaudamos más vía minoración si las empresas presentan ofertas altas o conseguimos que las ofertas vayan siendo más competitivas", apuntan fuentes gubernamentales.

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