MODELO CADUCADO DESDE 2014

El ciclo electoral y el choque Gobierno-PP alejan la nueva financiación autonómica

  • El Ejecutivo considera imprescindible el apoyo de los populares en el Congreso y en las CCAA en que gobiernan para reformar el sistema de financiación regional.

  • Barones y Ejecutivo empiezan a asumir que el modelo no se renovará tampoco esta legislatura.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado. / EFE/ Fernando Alvarado

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El Gobierno arrancó hace un mes el proceso para empezar a negociar de verdad con las comunidades autónomas un nuevo sistema de financiación autonómica. El Ministerio de Hacienda remitió a principios de diciembre a las comunidades autónomas de régimen común una amplia propuesta -el documento tiene unas 250 páginas- sobre cómo calcular la población ajustada, la clave de bóveda del sistema para determinar el reparto de los recursos en función de criterios demográficos, sociales y territoriales.

Desde el Gobierno se insiste en que va en serio en su intención de renovar el actual modelo de financiación autonómica, que lleva caducado desde 2014. El texto remitido a las CCAA es fruto ya de la suma de aportaciones que las regiones habían hecho previamente y ahora los gobiernos autonómicos disponen hasta final de enero para transmitir sus propias opiniones y propuestas al respecto. Después tocaría negociar otras cuestiones clave como el grado de nivelación de los costes de los servicios que cubre el sistema o el principio de ordinalidad para salvaguardar la posición de las CCAA en la distribución en función del ranking de generación de riqueza.

El Gobierno quiere primero asentar con un acuerdo con las comunidades autónomas cómo repartir los recursos entre regiones para después establecer cuántos recursos habrá para repartir. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha confirmado su disposición a elevar la cuantía de los fondos del sistema de financiación si es necesario para que todas las comunidades salgan beneficiadas con el nuevo modelo.

Desde los gobiernos autonómicos se apuesta, de manera más o menos explícita, por buscar una solución con más dinero para todas las regiones, prácticamente la única fórmula vendible para todas las partes cuando cada comunidad quiere imponer los criterios de reparto que más le benefician para sus propios intereses y generalizarlos. “Ninguna comunidad va a tener un traje a medida. A ninguna le va a ir el nuevo modelo como un guante. El objetivo es levantar un modelo razonable para todos, en el que todos puedan sentirse a gusto”, indican desde Hacienda.

Obstáculos para la reforma

Toca renovar un modelo que caducó hace ya siete años y que en este tiempo ningún gobierno ha conseguido remozar. Las últimas reformas del sistema de financiación se realizaron con Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero en la Moncloa y en momentos de expansión económica. Los gobiernos de Mariano Rajoy no consiguieron un nuevo acuerdo de financiación, y el primer gobierno de Pedro Sánchez renunció a hacerlo para dejarlo para esta legislatura.

El proceso de negociación que acaba de arrancar se topa ahora con obstáculos renovados -por el ciclo electoral que se abre este año y por la confrontación Gobierno-PP- que amenazan con volver a aplazarlo. El Ejecutivo confirma públicamente su convicción de que el acuerdo es posible y las CCAA, aunque se mantienen firmes cada una en sus reivindicaciones particulares, muestran su disposición a negociar.

Pero de manera discreta y oficiosa todas las partes admiten que alcanzar un pacto va a ser muy complicado con el actual escenario político y se empieza a asumir como probable que no haya acuerdo tampoco esta legislatura y que haya que esperar a 2024 con un nuevo Gobierno y una nueva correlación de fuerzas en el Congreso.

Calendario electoral

Hacienda siempre ha sido muy consciente de que el calendario electoral de 2022 jugaba en contra de un acuerdo sobre financiación autonómica. Aunque se da por hecho que las elecciones en Andalucía, que tocan en diciembre, se adelantarán a junio o a octubre, la certeza de la cita andaluza ya operaba como un elemento en contra de un pacto a dos niveles. Primero entre el Ejecutivo y las autonomías en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, después, con un cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que debe votarse por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.

A Andalucía se ha sumado el anticipo en Castilla y León, con unos comicios el próximo 13 de febrero, que estrenan un ciclo electoral que continuará el año que viene con las autonómicas y municipales de mayo y, probablemente, con las generales en diciembre. Y no se descarta que este año se produzca otro adelanto: si el presidente andaluz, Juanma Moreno, decidiera celebrar sus elecciones en octubre, el valenciano Ximo Puig se plantearía también un anticipo.

En este escenario de latente campaña electoral es muy complicado tejer un consenso porque siempre hay comunidades que salen más favorecidas que otras en la reforma del modelo, aunque teóricamente la aspiración del Gobierno era poner sobre la mesa un nuevo modelo esta legislatura. Ahora cada vez se considera más difícil, pero el debate permanecerá abierto. Al primer paso dado con la presentación del criterio de población ajustada o protegida seguirá en febrero las conclusiones del comité de expertos sobre la reforma fiscal.

Esto clarificará la discusión, porque supondrá conocer las opciones del Ejecutivo para poner más dinero en la tarta de la nueva financiación autonómica. Pero a la vez la dificultará, porque la nueva regulación de los impuestos se convertirá en un motivo de conflicto entre los socios de coalición, PSOE y Unidas Podemos, aunque la llegada de nuevos recursos ya estaría avalada también por la recaudación histórica de 2021.

El necesario apoyo del PP

A todas estas complicaciones se añade la inexistente comunicación entre el Gobierno y el principal partido de la oposición. El Ejecutivo necesita el concurso del PP para sacar adelante la nueva financiación porque junto al PSOE gobiernan la mayoría de autonomías. “Es totalmente inviable renovar el sistema de financiación autonómica sin el Partido Popular. Simplemente no tendría sentido. No se puede aprobar una reforma como ésta sin el respaldo del PP en el Congreso y sin el acuerdo con las CCAA en las que gobiernan”, reconocen fuentes gubernamentales.

El problema es que la interlocución entre Moncloa y Génova es muy deficiente y sólo se ha producido para asuntos muy concretos, como negociar vacantes en el Tribunal Constitucional, acordar el nombre del nuevo Defensor del Pueblo e intentar renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por ahora sin éxito.

En un horizonte de tensión electoral cuesta ver en un diálogo constructivo para alumbrar un nuevo modelo. En una entrevista con este diario el propio ex ministro de Hacienda del PP, Cristóbal Montoro, veía imposible un acuerdo, precisamente por la concatenación de elecciones. Y hay que recordar un dato más que también opera en este asunto: el desencuentro entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso, que complica un pacto interno en el propio PP. Tanto socialistas como populares tienen que lidiar con la diversidad de posiciones de sus autonomías, que hasta ahora se han resuelto con un acuerdo de mínimos previo. El Ministerio de Hacienda y Ferraz han intentado conseguirlo, aunque por ahora todas las conversaciones han acabado en fracaso, pero el PP ni siquiera ha reunido a sus barones para no propiciar un encuentro entre Casado y Ayuso.

Sin urgencia real para las CCAA

Las posiciones de los diferentes gobiernos regionales, no obstante, trascienden los bloques partidistas. A finales de noviembre, ocho CCAA de todo color político (Galicia y Castilla y León, del PP; Asturias, La Rioja, Aragón y Castilla-La Mancha, del PSOE; y Cantabria, del PRC) se reunieron en Santiago de Compostela en una cumbre para reclamar que la nueva financiación autonómica tenga en cuenta en el reparto criterios como la dispersión y el envejecimiento de la población o el coste real de la prestación de los servicios. Y los gobiernos de Comunidad Valenciana, Baleares (ambos socialistas) y Murcia (del PP) también han alineado su estrategia para que primen criterios poblacionales específicos en el nuevo modelo.

Algunos gobiernos regionales estudian plantear al Gobierno la posibilidad de apuntalar con medidas temporales el actual sistema de financiación mientras se acuerda el cambio de sistema, ya sea bajo la forma de un fondo transitorio para los territorios infrafinanciados, o con la aportación de nuevas partidas suplementarias para luchar contra los efectos del covid (a imagen del que se puso en marcha en 2020, de 16.000 millones, o en 2021, de 13.000 millones).

Fuentes del Gobierno señalan que ven innecesarias adoptar medidas transitorias, en un momento en que las comunidades presentan un superávit récord de más de 12.000 millones de euros hasta el pasado octubre y que cuentan con recursos excepcionales para cubrir sus gastos. Este año, las regiones recibirán no sólo las entregas a cuenta más grandes de la historia (con 112.213 millones de euros, el 6,3% más que el año pasado), sino que también percibirán 7.000 millones de euros adicionales, al margen de lo que les corresponde por el sistema de financiación.

“Si las CCAA están ingresando 12.000 millones más de lo que están gastando y vienen recursos adicionales, ¿qué sentido tiene habilitar fondos extra? El Ejecutivo ya ha dicho que si a pesar de todo es necesario poner más dinero, así se hará”, apuntan fuentes del Ejecutivo. La visión del Gobierno, además, es que a la mayoría de las CCAA no les resulta realmente urgente alcanzar un acuerdo para reformar la financiación. “En general, las comunidades disponen ahora de unos recursos inéditos, excepcionalmente altos. No tienen urgencia para la reforma”. 

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