La crisis del PP con Isabel Díaz Ayuso frena la cumbre de barones para la financiación autonómica

Noviembre es el mes en que el Ministerio de Hacienda ha prometido hacer público el nuevo criterio de población ajustada, que debe guiar la reforma de la financiación autonómica, pero es también el momento más álgido en la guerra que la dirección del PP y la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han abierto por el control del partido en Madrid. Su coincidencia está impidiendo que el principal partido de la oposición afronte este importante debate con una reflexión conjunta entre Pablo Casado y sus barones.

Fuentes territoriales apuntan a que el enfrentamiento entre Ayuso y el presidente del PP dificulta convocar una reunión en Génova para abordar este tema, como ya han hecho los socialistas. Desde la propia dirección reconocen a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no lo hacen por este motivo, que "no es el mejor momento". No hay perspectiva además de celebrarla y lo único que se tiene en agenda es citar a los consejeros de Hacienda.

Ésta es una de las muchas consecuencias prácticas que provoca la crisis en el PP. Pero su impacto ya es de tal calibre en la organización, que ha devorado el día a día del partido -todo se limita a la guerra entre Casado y Ayuso- y ha frenado su crecimiento en los sondeos. La batalla entre Génova y el PP de Madrid ha reabierto el trasvase de votantes populares a Vox. La fuga se controló en mayo, con la victoria del 4-M, y se ha disparado de nuevo en septiembre, cuando Ayuso confirmó que quería presentarse al congreso y la dirección del PP no lo refrendó, y ahora en noviembre, con el continuo goteo de manifestaciones de unos contra otros.

La reforma de la financiación autonómica es un tema capital. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha comprometido a aprobarlo, a pesar de que en el propio Ejecutivo no existe la certeza de que pueda lograse porque en mayo de 2023 se celebran elecciones autonómicas. Es, además, un proceso largo, que primero requiere de un acuerdo entre el Gobierno y las autonomías en el Consejo de Política Financiera y Fiscal y, después, un cambio de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quería que el PSOE tratara de tener una postura común que, por el momento no ha conseguido ahormar, para ofrecer después un pacto político al PP. Ella misma lo avanzó en una entrevista en EL PERIÓDICO DE CATALUNYA: "Al final no votan los territorios, votan las formaciones políticas y no se puede sostener un criterio y el contrario por parte de un mismo partido, dependiendo del lugar donde se hable", en referencia, dijo, tanto al PSOE como al PP. 

Es un asunto clave que Hacienda quiere acordar con los populares, justo ahora en que se han abierto vías de interlocución entre el Gobierno y el PP, entre el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general, Teodoro García Egea, para negociar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la reforma de la Ley de Seguridad Nacional.

Pero por ahora Génova parece apeada de ese debate. El discurso de la dirección se limita a apuntar que la negociación con las autonomías se debe desarrollar "con luz y taquígrafos, en igualdad de condiciones y sin que Sánchez beneficie a los independentistas ni a sus socios. "Que se aborden las necesidades para cubrir los servicios públicos de las CCAA que tienen crecimiento poblacional pero también de las más envejecidas y despobladas, donde cuesta más cada servicio público". Y que "debe ir acompañado todo ello de la reducción del despilfarro innecesario". Los populares no ofrecen ninguna propuesta propia, como sí han hecho cada vez que se ha acometido un cambio en la financiación autonómica. Y como le sucede al PSOE, sus presidentes están divididos, con la diferencia de que la cúpula popular no busca un consenso interno por la guerra con Ayuso.

Es todo muy llamativo porque si alguien representa el modelo económico de Pablo Casado y su modelo ideológico es la presidenta madrileña. Como ella defiende a ultranza la bajada de impuestos frente al plan de armonización fiscal del Gobierno. En contra del parecer de otros barones del PP, como Alberto Núñez Feijóo, que se ha pronunciado a favor de una tibia unificación con "una horquilla de máximos y mínimos".

Precisamente él acoge este martes en Santiago una reunión de presidentes autonómicos, del PP y del PSOE más el regionalista Miguel Ángel Revilla que intentan defender los intereses de sus comunidades, al margen de las posturas de sus partidos. Congrega a Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León), Adrián Barbón (Asturias), Javier Lambán (Aragón), Emiliano García-Page (Castilla-La Mancha), Concha Andreu (La Rioja), Miguel Ángel Revilla (Cantabria) y Guillermo Fernández Vara (Extremadura). Se iba a realizar inicialmente el pasado 2 de noviembre pero los reparos de la parte socialista del Gobierno, que intentó impedirla, la retrasaron al 23. Y está planteada como respuesta al encuentro de Ximo Puig y Juanma Moreno en septiembre pasado. La España poblada contra la vaciada, en el momento crucial en que el Ejecutivo va a cambiar el sistema de reparto de fondos. Y con el PP en plena combustión.