Pensiones, salarios y más reforma laboral: 2022, otro año de negociaciones

2021 se ha cerrado hablando de salarios, pensiones y mercado de trabajo, y 2022 se abre con una nueva ronda negociadora inminente en esos mismos asuntos: el debate parlamentario de la reforma laboral, la fijación del salario mínimo que no se aterrizó en los últimos compases del pasado año y la segunda fase de la reforma de las pensiones van a marcar el comienzo de este ejercicio político. Pero a las dificultades inherentes a todo proceso de diálogo social, se le añaden ahora las elecciones ya fijadas y las previstas, que siempre dificultan la consecución de acuerdos por inyectar más estrategia política a asuntos muy cargados de por sí de impacto público. 2022 se abre con comicios en Castilla y León (el 13 de febrero), se esperan en Andalucía en algún momento entre junio y octubre, y después se encarrila la rampa de lanzamiento para las citas electorales de 2023: municipales y autonómicas primero, y generales después. Con ese panorama, Gobierno, sindicatos, patronales y grupos parlamentarios tendrán que debatir sobre estos asuntos clave.

SMI y resto de salarios

Después de Reyes se espera que comience el diálogo social para fijar el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de 2022, que se tendría que haber decidido a finales del pasado ejercicio pero que ha tenido que esperar por la necesidad de aterrizar antes del 31 de diciembre la reforma laboral. Los sindicatos dan por seguro que el SMI subirá a 1.000 euros al mes en 14 pagas para este año; aseguran que así lo acordaron con el Gobierno cuando a finales de septiembre se fijó la subida anterior, a 965 euros, con el rechazo de la patronal. Un aumento por tanto de 35 euros al mes que dejaría para 2023 un nuevo incremento de otros 45 o 50 euros, lo necesario para cumplir con la recomendación del comité de expertos que a mediados de 2021 definieron para el Gobierno una senda de subidas que le permitiesen cumplir con la promesa de llevar el SMI al 60% del salario medio en el conjunto de la legislatura.

Pero varias incertidumbres pesan sobre ese panorama que se dibujan UGT y CCOO: primero, la posibilidad de que el Ejecutivo revise sus compromisos por el temor a que una subida del SMI retroalimente la subida de los precios que se ha venido acentuando en los últimos meses; y segundo, la influencia de una CEOE que ya ha firmado a regañadientes el último acuerdo de reforma laboral y que con toda seguridad disputará la necesidad de seguir subiendo el salario mínimo. Todos estos factores pueden animar al ala más ortodoxa económicamente del Gobierno, capitaneada por el ministerio de Economía, a cortocircuitar la senda de subidas amparada por aquel comité de especialistas. Pronto tendremos la solución; según un dirigente sindical, "el SMI debería quedar resuelto como tarde a principios de febrero".

El otro frente salarial abierto en 2022 es el del resto de los sueldos. UGT y CCOO reclaman un nuevo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que sustituya al caducado en 2020. Este documento fija los criterios básicos que han de tener en cuenta los negociadores sindicales y patronales de los miles de convenios que cada año marcan las condiciones de trabajo de los asalariados del país, sobre todo en materia salarial. La pandemia dio al traste con la renovación del último AENC y los sindicatos exigen ahora que se firme uno nuevo que traslade la recuperación económica a los sueldos; a mediados del mes pasado, lo reclamaron con una movilización delante de la sede de CEOE, y amenazan con aumentar las protestas si no se atiende a sus reivindicaciones.

Pensiones y autónomos

En materia de pensiones, los desafíos fundamentales en 2022 son varios: el primero, definir el nuevo sistema de cotización de los autónomos por sus ingresos reales, que sustituirá al actual (el que permite a los autónomos elegir su base de cotización, lo que provoca que el 80% del colectivo aporte lo mínimo posible a la Seguridad Social, generando así unas pensiones muy bajas). El primer intento del ministerio de Inclusión de esbozar el nuevo sistema, un esquema con trece tramos de cotización a imagen de los que existen para el IRPF, se dejó al margen por demasiado polémico para la primera ronda negociadora de la reforma de las pensiones, que culminó con acuerdo el pasado 1 de julio. Pero este asunto no se puede posponer más, porque el compromiso firmado con Europa a cambio de los fondos europeos exige tener listo el nuevo sistema para que empiece a aplicarse en 2023, aunque su despliegue total está previsto que se realice a lo largo de nueve años.

Otro reto negociador importante en materia de pensiones para 2022 es decidir qué hacer para cumplir con el compromiso de ajustar el periodo de años de carrera que se utilizan para calcular la cuantía de las pensiones. Según Europa, el Gobierno tiene que definir un modelo que incluya el alargamiento de ese periodo; actualmente, se utilizan los 25 últimos años. Según el Ejecutivo, no hay por qué alargar ese tiempo, sino que basta con "proteger a las personas con carreras profesionales irregulares" con mecanismos como un sistema que cubra las lagunas en su vida laboral o permitiéndoles elegir los años más favorables para computar con ellos su pensión. Este asunto, que ya generó una fuerte controversia en el seno del Gobierno a finales de 2020 y volvió a suscitarse en noviembre de 2021, cuando Bruselas renovó sus exigencias, ha de quedar resuelto antes de mediados de año, según el calendario con el que se ha comprometido el Ejecutivo.

Todavía de pensiones, para finales de junio también tienen que aprobarse dos medidas más, asimismo de alto voltaje político: el futuro esquema de fondos de pensiones de empleo promovidos por el sector público, que el Ejecutivo ya ha estudiado como Anteproyecto en el Consejo de Ministros, y el aumento de los topes de cotización máximos a la Seguridad Social, que provocarán que las rentas más altas tengan que aportar más al sistema, a cambio de una mejora en su pensión; en este último asunto, todo está todavía por negociarse y definirse.

Mercado de trabajo

Además de la negociación parlamentaria de la reforma laboral, que se antoja complicada por la negativa de CEOE a que se realicen cambios y la insistencia de los socios parlamentarios del Gobierno en introducir modificaciones, el propio acuerdo deja asuntos pendientes no menores que deberán aterrizarse a lo largo de 2022: por ejemplo, en seis meses Ejecutivo y agentes sociales deberán abordar la creación del Estatuto del Becario, "que tendrá por objeto la formación práctica tutorizada en empresas u organismos equiparados, así como la actividad formativa desarrollada en el marco de las practicas curriculares o extracurriculares previstas en los estudios oficiales"; una asignatura pendiente desde hace años en la legislación laboral española.

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También hay que crear el fondo, previsto en la reforma, que financiará las prestaciones y exenciones de los mecanismos RED, los nuevos erte pensados para grandes crisis sectoriales o generales. En el Real Decreto-Ley aprobado por el Gobierno en el último Consejo de Ministros de 2021 sólo se dice de ese fondo que sus recursos serán "los excedentes de ingresos que financian las prestaciones por desempleo en su nivel contributivo y asistencial, las aportaciones que se consignen en los Presupuestos Generales del Estado, las aportaciones procedentes de los instrumentos de financiación de la Unión Europea orientados al cumplimiento del objeto y fines del Fondo, así como los rendimientos de cualquier naturaleza que genere el Fondo".

Y entre los deberes acordados por Gobierno y Bruselas para 2022 a cambio de los fondos europeos también figuran el rediseño de varias instituciones laborales muy importantes; las Políticas Activas de Empleo -que sirven para mejorar la ocupabilidad de parados y empleados-, los subsidios por desempleo y los incentivos a la contratación. Todos tendrán que estar aprobados antes de que termine el año.