Las cinco claves de un acuerdo político en Doñana que vale 1.400 millones de euros

La firma del pacto por Doñana entre el Gobierno y la Junta entierra un conflicto político que se alargaba desde que, en enero de 2022, PP y Vox registraron por primera vez en el Parlamento andaluz una proposición de ley, ahora enterrada, que aspiraba a ampliar las hectáreas de regadío en el entorno del Parque Nacional. Se quería autorizar más suelo para el cultivo intensivo de frutos rojos en mitad de una crítica sequía que está golpeando gravemente al principal humedal de Europa y tras una sentencia del Tribunal de Justicia europeo, de junio de 2021, que condenó a España por no preservar de forma efectiva los acuíferos de Doñana de la expoliación ilegal de agua, advirtiendo de sanciones automáticas si no se tomaban medidas.

La presión del lobby agrícola de la fresa, un sector que mueve el 98% de la producción de frutos rojos en España y el 30% de la UE, que representa el 9,65% del PIB de la provincia de Huelva y genera 100.000 empleos directos y 160.000 indirectos, ha sido fuerte. No menos dura que la unanimidad de la comunidad científica en pie de guerra contra esa ley andaluza, los avisos de los ecologistas, las advertencias claras desde Bruselas y el compromiso firme del Gobierno de la nación de que llevaría la norma al Tribunal Constitucional.

El enfrentamiento político llegó a enredar a la Comisión Europea en un conflicto que escaló mucho más rápido que cualquier otro asunto doméstico, dejando claro la importancia de Doñana más allá de España. Por eso, la vicepresidenta Teresa Ribera comunicó al comisario europeo el alcance del acuerdo firmado con Juan Manuel Moreno y ambos se mostraron convencidos de que la imagen de unidad alrededor del Parque tendrá efectos internacionales.

¿Qué ha permitido desbloquear un conflicto político encarnizado? Aquí, cinco claves para entender el acuerdo:

Dinero para los agricultores

El presidente andaluz aseguró que no habría acuerdo sin el visto bueno de los agricultores que habían promovido la ley de regadíos, aquellos que quedaron fuera del plan de la fresa de 2014. Las negociaciones han estado abiertas hasta que la noche del domingo la plataforma de regantes del Condado de Huelva dieron el visto bueno. A cambio hay mucho dinero sobre la mesa y la promesa de que no habrá vetos para quienes hayan estado cultivando sus frutos de forma ilegal. Los que tengan multas y condenas por robar agua del acuífero también se llevarán el dinero. Eso sí, los expedientes sancionadores seguirán y no habrá amnistía.

Para quienes decidan dejar de cultivar frutos rojos y destinen sus suelos durante 30 años a la “renaturalización” habrá una ayuda de 100.000 euros por hectárea que se podrá cobrar en un periodo de entre cinco y diez años. La cuantía no es menor. La tabla oficial de precios del suelo de la Consejería de Agricultura de la Junta de Andalucía señala que, en Huelva, esos suelos de regadío valdrían unos 140.362 euros por hectárea, mucho más que si fueran de secano (13.539 euros). Los agricultores se podrán embolsar lo mismo que si su suelo se hubiera reclasificado como de regadío, disparando su valor y sin perder la propiedad.

Quienes prefieran no dejar de cultivar y dedicar su suelo a secano, recibirá 2.500 euros por hectárea durante cinco años. Tendrán que producir vid, olivos, remolacha azucarera, girasol o almendros por un mínimo de diez años. Si se opta por una reconversión hacia la producción ecológica, a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de la UE se sumarán 1.000 euros por hectárea durante cinco años.

Un plan de 1.400 millones de euros

El Gobierno amplía con otros 350 millones de euros su compromiso de inversiones en los municipios afectados por el Parque Nacional. Serán en total 700 millones, con una aportación inicial de 356 millones en el Plan Doñana. El sector agroalimentario absorbe en total 116 millones de los 350 dispuestos por el Ministerio para la Transición Ecológica. Un total de 70 millones irán a las entidades locales, 32 para los temporeros, 28 para energías renovables y eficiencia energética, 20 para el sector forestal, 20 para la industria y 18 para formación y mejora de la empleabilidad.

El plan de la Junta de Andalucía suma también 700 millones de euros e incluye una larga lista de proyectos ya comprometidos en los presupuestos en materia de aguas, depuración, saneamiento y embalses y ayudas de la PAC. El acuerdo recoge que el Gobierno andaluz impulsará obras hidráulicas por valor de 335 millones y destinará 251 millones de fondos europeos a la agricultura y ganadería para modernizar explotaciones, diversificar la producción o mejorar la comercialización. El acuerdo llega hasta 2027. La Junta incluye también la finca de Veta La Palma para preservarla como humedal de Doñana y con un coste de 70 millones de euros.

14 municipios

Los 14 municipios del ámbito de influencia tienen una población (INE, 2022) de 206.547 habitantes, y ocupan una extensión de 2.904 kilómetros cuadrados, con una fuerte dependencia del sector primario. Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Almonte, Bollullos Par del Condado, Bonares, Hinojos, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado (Huelva); Aznalcázar, Isla Mayor, La Puebla del Río, Pilas y Villamanrique de la Condesa (Sevilla). En un principio el plan iba a beneficiar solo a los cinco municipios afectados por la ley de regadío, los que conforman el Condado de Huelva, pero se extiende su ámbito.

Temporeros

La construcción y rehabilitación de viviendas dignas para personas temporeras para su uso durante las campañas agrícolas forma parte del paquete de inversiones con 32 millones de euros. Las ONG han llevado a Bruselas la situación de los temporeros de Huelva y Almería: el 95% nunca tiene vacaciones, según un informe de Andalucía Acoge. Las ayudas de la PAC comenzarán a penalizar a partir de 2024 el incumplimiento de los derechos humanos y laborales, reteniendo un porcentaje de los fondos europeos destinados a cada país. Los empresarios tienen la obligación de dar alojamiento digno a los trabajadores y los ayuntamientos deben empadronar a los extranjeros. En la provincia onubense se calcula que malviven más de 3.000 personas en unos 40 asentamientos chabolistas.

Equipamiento municipal

Los ayuntamientos afectados por el plan se llevarán 70 millones de euros. Podrán destinarlo a la rehabilitación de infraestructuras públicas, a promover actividades económicas que tengan que ver con la transición ecológica. Se fomentará además una Marca Doñana, incluida dentro de ‘Reservas de la Biosfera Españolas’, para diferenciar y proteger aquellos productos naturales y artesanales de estos territorios.