Maracena, el pueblo bajo lupa por el secuestro de una edil, oculta sus cuentas desde 2019

El Ayuntamiento de Maracena (Granada) está bajo lupa desde que el pasado martes la pareja de la alcaldesa secuestrara a una edil de su propio partido, el PSOE, que ha declarado que el rapto podría estar relacionado con información sensible que llevaba en su coche sobre convenios urbanísticos del consistorio. El PSOE ha movido ficha poniendo a disposición de la Fiscalía todos los papeles del área de urbanismo desde 2007 y anunciando una auditoría penal para disipar dudas sobre su gestión. La alcaldesa de Maracena, Berta Linares, insistía este jueves en un pleno extraordinario celebrado en el consistorio en ofrecer "la máxima transparencia" y en la colaboración con la justicia.

Sin embargo, la gestión de este ayuntamiento granadino lleva sin ser fiscalizada por la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas desde 2019, según ha podido comprobar este periódico. El consistorio no ha remitido la información sobre sus cuentas, convenios y contratos, como manda la ley, a los órganos fiscalizadores ni en 2019 ni el ejercicio 2020. Tampoco en el año 2021, aunque para esa documentación aún está en plazo. Son tres años sin rendir cuentas. La alcaldesa ha comunicado que la Guardia Civil ha ordenado la salvaguarda y custodia de todos los expedientes de las áreas de intervención, urbanismo, personal y contratación, pero que no se ha requerido ningún expediente concreto ni ha habido ningún registro del ayuntamiento. El Ayuntamiento no ha entregado ningún papel al juzgado, hasta la fecha.

Muchas sombras

El consistorio celebró un pleno extraordinario para arrojar luz sobre lo ocurrido ocho días atrás, el 21 de febrero, cuando la entonces pareja de la alcaldesa, Pedro Gómez, en prisión provisional, secuestró a una edil del mismo grupo socialista, Vanessa Romero, con la que tenía una complicada relación política y que no iba a repetir en las listas. Lejos de arrojar luz, el pleno, que ha sido retransmitido en directo, ha ensanchado las sombras sobre el caso.

El marido de la secuestrada, Luis Sánchez, asistió al pleno como público, algo que recalcó el portavoz del PP Julio Pérez. Sin embargo, antes de que terminara abandonó la sala y atendió a los medios de comunicación a las puertas dando alguna información de lo que su mujer ha contado sobre el secuestro. A esas declaraciones públicas se ha remitido en conversación con este periódico asegurando que no puede decir nada más para proteger la investigación judicial. Aseguró que el secuestrador hizo dos llamadas telefónicas aunque su mujer no pudo oír con quien habló y deslizó que todo estaba “preparado”.

El secuestrador la abordó en el colegio donde llevaba a sus hijas, el mismo que la alcaldesa, y le pidió que le llevara a una gasolinera porque se había quedado sin combustible. Ya en el coche, le puso una pistola en el costado y la hizo ir a un pantano cercano. Allí la amenazó con golpearla con una barra de hierro antes de meterla en el maletero del coche atándole los pies y las manos con unas bridas, amordazándola. La víctima temía “represalias”, dijo su marido, aunque sin dar detalles de por qué ni de qué denuncia estaba dispuesta a hacer.

El último encuentro

Mientras, en el pleno, de nuevo el portavoz del PP ponía en apuros a la alcaldesa, que cambió su versión. Eludió repetir que el día del secuestro no había visto a la víctima y que la última vez que habló con él fue por videoconferencia la noche antes. Pasó a ser más concisa: “Esa información se la di a la Policía Judicial ese día”. La pregunta del PP se refirió a vecinos que aseguran que la vieron el día del suceso con el secuestrador, aunque no se sabe si es cierto y la investigación está bajo secreto de sumario.

También admitió la alcaldesa que su pareja, con quién rompió tras el secuestro, estaba empadronado en Maracena desde hacía aproximadamente un mes y a pesar de que seguía viviendo en Málaga, según ha mantenido en todo momento la regidora. Se trataría en ese caso de un empadronamiento ilegal. Igualmente trascendió que había domiciliado una empresa en el pueblo y había tenido varios contratos con el ayuntamiento.

Una abultada deuda

El Ayuntamiento de Maracena tenía obligación legal de poner sus cuentas anuales a disposición de la Cámara de Cuentas, tal y como obliga el Estatuto de Autonomía. El municipio está gobernado con mayoría absoluta por el PSOE y tiene una deuda viva de más de 30 millones de euros, superior al presupuesto del actual ejercicio, que alcanza los 21 millones de euros. En 2013, el ayuntamiento ya fue advertido por el órgano auditor en un informe donde alertaba de irregularidades en el área de personal, con una desviación entre la plantilla real y la declarada del 53% por las contrataciones de laborales a dedo. La Cámara de Cuentas advertía de que no había control sobre las subvenciones ni un seguimiento de las mismas. Hace una década ya se rendía cuentas con serios retrasos y lagunas en la documentación. Un dato llamativo, en apenas cuatro años se sucedieron cinco interventores municipales.

La mayoría de ingresos tributarios se correspondían con aprovechamientos urbanísticos entre 2005 y 2011 pero no ejercía control alguno, advertía la fiscalización, de los cobros de estos impuestos. Maracena es una localidad del área metropolitana de Granada que dista apenas cinco kilómetros de la capital y que en las últimas décadas ha crecido de forma exponencial. Hoy tiene 22.293 habitantes, según el Instituto de Estadística de Andalucía, y hace dos décadas eran 14.651. Un boom para un municipio de 4,8 kilómetros cuadrados, uno menos que Gibraltar, convertido en una ciudad dormitorio de la capital dotada de buenos equipamientos e infraestructuras donde el PSOE gobierna con holgura con 11 de los 22 concejales del equipo municipal.

El alcalde del municipio desde 2007 a julio de 2022 fue Noel López, actual secretario de organización del PSOE andaluz, que ha cerrado filas con su número dos, así como la dirección federal del partido, que se remite a lo que digan los tribunales. Tras su salto a la política regional, tomó el relevo la actual alcaldesa, Berta Linares, que compareció entre lágrimas un día después del secuestro condenando lo ocurrido y asegurando que había roto con su pareja, con quien mantenía una relación pero no convivían, ya que él tenía un negocio en Málaga. La secuestrada fue defenestrada tras haber sido alcaldesa accidental durante meses.