El Gobierno andaluz abre una batalla con el sector del taxi

El Gobierno andaluz aprobó hoy, con sonidos de claxon y taxis rondando en protesta su sede de San Telmo, el decreto que regula las VTC en Andalucía. La regulación impone limitaciones a la flota de Uber, Cabify o Bolt, que no podrán acercarse sin estar precontratados a zonas de gran afluencia de viajeros, como aeropuertos, estaciones, hoteles o centros comerciales. Incluso al centro urbano de las ciudades, donde más turistas pasean. Se elimina la geolocalización que permite al cliente conocer la ubicación del vehículo antes de contratarlo. Habrá más inspecciones, los ayuntamientos tendrán potestad sancionadora y las policías locales deberán vigilar y poner multas, aunque todo eso requiere de un desarrollo normativo posterior. Además habrá limitaciones de precios para evitar que se disparen por alta demanda en ferias o conciertos.

La consejera de Fomento, Marifrán Carazo, compareció para explicar la nueva regulación, que el Gobierno depositó en las comunidades e hizo hincapié en dos asuntos. Se fija una ratio de 30 taxis por cada coche VTC y se deja “muy claro” que la mano alzada y la parada solo sirve para el taxi, no podrán captar clientes de esa manera ningún otro servicio con conductor, con importantes restricciones para las VTC.

Una vez que entre en vigor este decreto las VTC no podrán circular ni estacionar en puntos de gran demanda de viajeros. Tendrán que permanecer a una distancia mínima de 300 metros de aeropuertos, puertos, estaciones de trenes y autobuses y a 150 metros para hospitales, puertas de hoteles de cuatro estrellas o más, juzgados o lugares donde se celebren eventos. No podrán circular ni aparcar propiciando la captación, solo podrán actuar con servicio precontratado. Además se elimina la geolocalización con vista previa de la aplicación. El cliente solo podrá saber dónde está el vehículo después de contratarlo. En las especificaciones técnicas de los vehículos se fija una longitud mínima de 4,70 metros de longitud en gama ECO, para coches eléctricos 4,50 metros y para gama alta 4,90 metros. El 5% de la flota VTC deberá ser de vehículos adaptados para discapacitados.

Carazo, ante la guerra abierta por los taxistas, aseguró que esta norma, que sustituye a la de 2003 y en la que su equipo lleva trabajando desde 2019, está pensando en primer lugar en el usuario, “en el interés general”, en dar “seguridad jurídica para regular un asunto controvertido y difícil” y también “en no dañar al sector del taxi”. La consejera de Fomento se quejó de que el Gobierno dejara la regulación en manos de las comunidades y defendió que la legislación andaluza es “valiente” y tiene “un solo objetivo”: “Que el ciudadano tenga el mejor servicio”.

Taxistas, en pie

El sector del taxi exige que se eliminen licencias y se fije un tiempo mínimo de 15 minutos entre el contrato de la VTC y su llegada, para hacer más competitivo al taxi. Sobre el primer punto la consejera de Fomento aseguró que es una competencia estatal y que el compromiso de la Junta es no aprobar nuevas licencias en esa ratio del 1/30. Sobre el segundo punto insistió en que genera “inseguridad jurídica”. “Hay múltiples recursos en diferentes comunidades autónomas con reclamaciones millonarias ante la administración y eso no podíamos permitir que ocurriera”, sostuvo Carazo.

“Hemos agotado hasta el último minuto de tiempo la negociación”, indicó la consejera. “Volvemos a tender la mano”, aseguró. El presidente de Elite Taxi, Rafael Baena, y el presidente de la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi, Miguel Ruano, insistieron en que las movilizaciones se endurecerán en las próximas horas, tras la huelga del pasado fin de semana, y negaron que haya existido diálogo como dice la Junta. Los taxistas tienen el respaldo de los sindicatos CCOO y UGT y de asociaciones de consumidores como Facua. El sector asegura que ese decreto firma “una muerte a plazos” y los condena a “la desaparición”.