OPINIÓN

La odisea para crear y hacer crecer una pyme

Las tramitaciones burocráticas en los distintos niveles de las administraciones son solo los primeros obstáculos para que una compañía eche a andar

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Un camarero tira una cerveza artesanal en uno de los bares que participan en Artesana Week Lavapiés.

Un camarero tira una cerveza artesanal en uno de los bares que participan en Artesana Week Lavapiés. / RICARDO RUBIO

Licencia del ayuntamiento, paso por el Registro Mercantil, escritura con el notario, apertura de expediente en la Tesorería de la Seguridad Social, comunicación a la Agencia Tributaria, además de a las consejerías de Economía y de Trabajo de la comunidad autónoma de turno... Pasar por estas ventanillas, electrónicas o presenciales, llenar diversos documentos, justificar la existencia y un propósito son los pasos burocráticos a los que se debe enfrentar, solo de inicio, alguien que quiera montar una empresa. Más adelante vendrán las inspecciones, puntuales y periódicas, que deben regular que todo esté correctamente en su lugar. A toda la parafernalia de trámites hay que sumar lo más importante: la financiación y un plan de negocios que permita generar la viabilidad temporal del proyecto.

Hay que tener una cualidad imprescindible y que debería ser innecesaria para querer iniciar una empresa en España: armarse de paciencia ante la Administración. Si la paciencia tiene un límite, queda la opción de delegar todo el papeleo a una gestoría (o gestor) administrativa de confianza, que son, cuerpo de abogados al margen, quienes más se han visto beneficiados por el aumento de la burocracia en España. 

La lista de asesores y consultores de todo menaje, públicos y privados, desde incubadoras de empresas hasta los bancos, para montar un negocio son incontables. Por pura probabilidad, siempre hay uno de cada diez de ellos que seguro que sale adelante.

El último informe de Cepyme establece en nueve millones de personas las que trabajan para una pequeña o mediana empresa. De ellas, 6,36 millones lo hacen en una pequeña, es decir, con menos de 50 empleados. Se define como empresa mediana aquella que tiene de 51 a 249 empleados en España. La pandemia de covid pasó factura a la pyme española. Hay 9.000 menos que hace cuatro años. El salario medio bruto, al que hay que sumar las cotizaciones a la Seguridad Social (el 25% más) es de 1.550 euros en la pequeña empresa y de 1.970 en la mediana. La cifra oficial de pymes es de tres millones. Aunque solo 1,3 millones cuentan con asalariados según datos del Ministerio de Industria, siendo autónomos el resto.

En medio del aumento del coste de la financiación -los tipos de interés han pasado de 1,62% a 4,45% en un año-, las pymes han sufrido el aumento de costes debido a la inflación. Dependiendo de la estructura del negocio, trasladar estos costes a los precios para mantener los márgenes ha sido inviable. Las empresas más endeudadas han sufrido más. La restricción del crédito bancario también ha empeorado el contexto.

¿Cómo pueden las distintas administraciones beneficiar a la pyme? La lista de demandas no varía con el paso de los años. Una de ellas, reducir la burocracia, no ha servido para nada gobierne quien gobierne en Madrid, en las comunidades autónomas o en los ayuntamientos.

Cepyme, la agrupación que defiende a las pymes dentro de la CEOE, a cuyo presidente entrevista este número ‘activos’, pidió antes de las elecciones generales más de lo mismo: reducir la presión fiscal, disminuir las cotizaciones sociales, simplificar el impuesto de sociedades, fomentar las fusiones y adquisiciones para facilitar el aumento del tamaño de las empresas y simplificar trámites. En el inmediato horizonte, un aumento del salario mínimo (más cotizaciones) que puede seguir poniendo en aprietos cualquier negocio incipiente. Actualmente, es de 1.260 euros brutos prorrateados en 12 pagas. El Ministerio de Trabajo propone un aumento del 4%, hasta 1.310 euros. En Luxemburgo es el más alto, 2.508 euros en 12 mensualidades, y cinco países europeos (Italia, Austria, Dinamarca, Finlandia y Suecia) carecen de él.

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Los costes del salario mínimo, y se entra en un debate espinoso sin ánimos de solución, no son los mismos para un pequeño negocio en Castilla-La Mancha que en Baleares, donde el precio de la vivienda es el triple y el coste de la vida es mayor. Hasta en poblaciones de una misma provincia y barrios de una misma ciudad hay diferencias radicales en niveles de precios. Tampoco es idéntica la oferta de trabajo. ¿Es justo un salario mínimo uniforme? ¿Deberían establecerse grados de salario dependiendo de las zonas geográficas y sus niveles de vida? ¿O no sería mejor eliminarlo de raíz y dejar al libre mercado que decida?

Mientras avanza el mundo hacia el terreno inhóspito por descubrir de la inteligencia artificial, el progreso no facilita aquello que debería ser más sencillo y necesario de hacer: emprender y crecer. Que este Gobierno pueda cambiar el rumbo tampoco está en el radar.