Las renovables alertan del próximo gran atasco: no podrán construir a tiempo los proyectos aprobados

El Gobierno y las comunidades autónomas tramitan cientos de proyectos de nuevas plantas renovables. Las compañías de energías verdes han de cumplir plazos estrictos de obtención de permisos para que sus proyectos sigan vivos y no perder su codiciado punto de conexión a la red eléctrica, lo que les obligaría a volver a la casilla de salida de un largo proceso burocrático que dura unos cinco años.

El Ministerio para la Transición Ecológica y las consejerías autonómicas del ramo han protagonizado en los últimos meses un auténtico esprint para analizar las peticiones de cientos de proyectos eólicos y solares antes del 25 de enero, fecha tope para la inmensa mayoría de solicitudes para obtener la declaración de impacto ambiental (DIA).

Era sólo una etapa burocrática de las varias que las compañías energéticas van a tener que superar aún hasta tener en marcha las plantas. Tras la obtención de la declaración ambiental, la inmensa mayoría de los proyectos en tramitación han de conseguir del Gobierno central (para proyectos de más de 50 megavatios, MW) o de las comunidades autónomas (para los de menor tamaño) la autorización administrativa previa antes del 25 de abril y la autorización administrativa de construcción antes del 25 de julio.

Desde el sector de las renovables se subraya que la obtención de estos dos siguientes permisos administrativos en los próximos seis meses requiere un proceso mucho más sencillo que el de la DIA y que no hay peligro de que la Administración vuelva vivir la tensión de los últimos meses. Sin embargo, las compañías eólicas y fotovoltaicas alertan de que el gran atasco se producirá después. Y es que el riesgo de colapso del sector se producirá por la concentración de todos los trabajos de construcción de las plantas, con las compañías disputándose los mismos proveedores, y con la obligación de que las instalaciones estén efectivamente funcionando antes del 25 de junio de 2025.

Avalancha en dos años

La poca transparencia de algunos gobiernos regionales impide de momento conocer el volumen total de proyectos verdes que siguen adelante. Los cálculos del sector apuntan a que han obtenido las DIA favorables y siguen con el proceso de tramitación instalaciones con una potencia conjunta de entre 50.000 y 60.000 megavatios (MW). Todos esos proyectos tendrán que levantarse en el plazo máximo de dos años desde la obtención de la autorización de construcción a mediados de este año. Una gesta que el sector energético y la industria a él ligada considera inviable.

Y es que para conseguirlo, el sector debería construir en dos años toda la nueva potencia renovable prevista por el Gobierno para toda esta década en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y tendría que prácticamente quintuplicar el ritmo de construcción anual que se ha registrado en los últimos ejercicios en el mercado español. “Esos plazos simplemente son de imposible cumplimiento”, sentencia José Donoso, director general de la patronal Unión Española Fotovoltaica (UNEF), que pone voz a un sentimiento generalizado en la industria verde nacional.

El sector renovable alerta de la saturación a la que se someterá a las cadenas de suministro para poder construir las nuevas plantas en tan corto periodo de tiempo, que además se reduce por las propias características de todo el proceso. Desde las compañías verdes se apunta que tras la obtención del permiso de construcción el próximo julio es cuando se abre la negociación con los bancos para obtener la financiación, que suele durar seis meses.

Y el proceso para conseguir el acceso efectivo a la red de transporte o de distribución se alarga otros seis meses y no se activa hasta tener finalizada la construcción, lo que obligará a las empresas a tener finalizados los trabajos a finales de 2024 o muy a principios de 2025 para llegar a tiempo para tener funcionando la planta en junio de ese año. “Nos preocupa concentrar la construcción de toda esa nueva potencia en sólo dos años. Va a haber problemas en las cadenas de suministro”, subraya José María González Moya, director general de la asociación empresarial APPA Renovables.

No se trata de sólo lograr tener a tiempo los paneles solares o los aerogeneradores, sino de conseguir compañías para realizar los trabajos de construcción, el transporte de los equipos, las grúas para instalarlos, de que haya mano de obra suficiente… cuando todo el sector se esté disputando los mismos servicios para tener listas sus plantas. Y muy específicamente las empresas verdes alertan de la dificultad de disponer en plazo de los indispensables transformadores de corriente (trafo) de las subestaciones, cuya entrega se demora entre 18 y 22 meses.

“Va a ser imprescindible un aplazamiento de esa fecha final por los cuellos de botella. Convendría alargarlo”, anticipa Donoso, de UNEF. Las asociaciones del sector reconocen que no han hecho aún una petición formal al Gobierno y que aún están a la espera de conocer cuántos proyectos siguen adelante tras conseguir la autorización de construcción para concretarla, pero dan por hecho que serán necesarios cambios legales para dar más tiempo. “Lo racional sería alargar el plazo y que no se exija construirse en dos años lo que debería hacerse en cuatro. Hay que flexibilizar los hitos finales”, coincide el director general de APPA.

Medidas contra la especulación

Con el objetivo de impulsar sólo proyectos renovables realmente viables y expulsar los meramente especulativos, el Gobierno impuso a los promotores la obligación de ir cumpliendo hitos intermedios e ir consiguiendo autorizaciones en un plazo máximo de cinco años desde la obtención del permiso de acceso a la red.

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El Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ya concedió una moratoria de nueve meses adicionales en varios de esos hitos y una suerte de amnistía para que recuperasen los avales presentados los promotores que retirasen su solicitud. Pero hasta ahora se ha mostrado tajante en su rechazo a ampliar de nuevo los plazos.

“Pocos especuladores van a quedar ya en el último año y medio del proceso. Todos los que queden serán ya proyectos que realmente están para ser construidos”, apunta Moya, de APPA, para defender la necesidad de que el Gobierno flexibilice plazos. “El problema no lo tienen sólo los promotores. El problema lo tenemos todos como país”.