JUBILACIÓN

Escrivá plantea aumentar de 25 a 28 años cotizados el periodo para calcular la pensión

La Seguridad Social plantea recaudar más subiendo las cuotas empresariales a los salarios más altos el 29% durante los próximos 25 años

Escrivá plantea aumentar de 25 a 28 años cotizados el periodo para calcular la pensión
5
Se lee en minutos
Gabriel Ubieto

El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha vuelto a reunir este lunes a los agentes sociales para negociar un nuevo bloque de la reforma de las pensiones, tras dos meses de conversaciones entre bambalinas a la espera de que la CEOE celebrara sus elecciones. El Gobierno ha planteado elevar de los actuales 25 años hasta 30 años el periodo de cómputo para calcular nuevas pensiones, añadiendo la posibilidad que se descarten los dos peores años cotizados durante este periodo, según apuntan fuentes del diálogo social. Es decir, un total de 28 años. La CEOE considera que con dichas condiciones no puede apoyar la reforma, CCOO ha reclamado a Escrivá que retire de su propuesta la ampliación del periodo de cómputo y que se centre en elevar las bases máximas de cotización. UGT, por su parte, espera a evaluar el texto este martes en su comité ejecutivo.

El Gobierno pretende apuntalar la sostenibilidad del sistema público, es decir, garantizar que entra tanto dinero en la caja como el que sale a final de mes para pagar las pensiones. La primera vía de ataque que ha planteado Escrivá es modificar el sistema de cálculo de la cuantía de las pensiones. Si un trabajador se jubila hoy la Seguridad Social coge los últimos 25 años que ha cotizado, realiza una media ponderada y de ahí saca la cuantía de la pensión que cobrará. Escrivá quiere cambiar eso, argumentando que dicho sistema perjudica a aquellos trabajadores que pierden el paso durante la recta final de su carrera profesional. Pues con el actual sistema sale beneficiado aquel que haya tenido una trayectoria más estable y un mejor sueldo en los años finales. Según sus números, cerca del 30% de los futuros pensionistas, aquellos más precarios, se verán favorecidos.

Escrivá también ha anticipado que el efecto sobre las arcas públicas de esa modificación será "neutro", es decir, no lo hace para ingresar más. Lo que implica que saldrían perjudicados esos trabajadores con carreras más estables, sin tener oficialmente una cuantificación de los mismos. Ya que si se cuentan más años, el salario de los primeros suele ser menor que el de los últimos y la media deja un resultado más bajo. Por el otro lado, para una persona que durante los últimos años ha perdido el empleo y ha cotizado menos o nada, si se cuentan más años, sale beneficiado. Especialmente si, como plantea el Gobierno, el futuro pensionista puede descartar algunos de sus peores años. La idea ahora mismo es ampliar a 30 años, pudiendo descartar dos. Otra opción que se había barajado desde Seguridad Social era elevar el periodo de cómputo a los 28 años, pudiendo descartar uno.

La otra pata del plan de Escrivá pasa por hacer que entren más ingresos a la Seguridad Social. En las dos últimas reformas atacaron el potencial problema de la sostenibilidad por la vía del gasto. El Gobierno quiere que los empresarios paguen más por los trabajadores con mayores salarios, porque actualmente hay parte del salario que no cotiza –lo que se conoce como las bases máximas de cotización-. Ese aumento de las bases máximas afectaría a unos 1,2 millones de trabajadores.

Esa parte afectará a los empresarios y no directamente a los trabajadores, ya que no cobrarán menos por el aumento de bases. Ese punto hace difícil que la patronal acabe apoyando la reforma, aunque Escrivá tratará de venderles que llegar a un acuerdo y calendarizar la subida –lo que la hará previsible- es mejor para sus intereses que de aquí unos años venga otro Gobierno y para evitar problemas les pegue una subida drástica. Antonio Garamendi, que fue reelegido holgadamente presidente de la CEOE la semana pasada, ya aplicó la estrategia de minimización de daños con la reforma laboral.

El primer planteamiento de Escrivá es aumentar el 28,85% las bases máximas entre 2025 y 2050, a tenor de 1,154 puntos por año, además de lo que cada año suba la base máxima según el IPC. Una cifra muy cercana a la que ha barajado Escrivá durante los prolegómenos de las negociaciones, tal como avanzó EL PERIÓDICO DE CATALNUYA, del grupo Prensa Ibérica. El Gobierno recaudaría unos cinco puntos adicionales de PIB cada año con esta medida, un aumento de ingresos públicos con escasos precedentes en la última década. Esa parte afectará a los empresarios y no directamente a los trabajadores, ya que no cobrarán menos por el aumento de bases. Ese punto hace difícil que la patronal acabe apoyando la reforma y actualmente está fuera del pacto.

Al aumento de las bases máximas el Gobierno pretende sumar el incremento de las pensiones máximas, que cada año suben según el IPC. La idea de Escrivá es aumentar entre un 15 y un 25% las prestaciones máximas -hoy están en 2.819 euros al mes-, además de lo que suba según la inflación cada año; según adelantó en una entrevista en EL PERIÓDICO. La propuesta de este lunes es aumentar cada año 0,154 puntos la pensión máxima, además de lo que suba el IPC.

La CEOE ve inaceptable la propuesta

Noticias relacionadas

"Este planteamiento es un punto de partida, abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social, que se reunirá en los próximos días", insisten desde la Seguridad Social. La dinámica negociadora es que el Gobierno y los agentes sociales se verán cada lunes hasta cerrar la reforma. La fecha límite que se han marcado desde el Ejecutivo es el 31 de diciembre para tener cerrada con o sin acuerdo la reforma. Ahora mismo los sindicatos están abiertos a negociar y la patronal fuera del acuerdo. "De entrada no vemos que pueda dar lugar a acuerdo. Además, llega tan tarde que no se entiende bien el papel de los agentes sociales si se quiere aprobar en los plazos previstos y sin que haya un acuerdo político", afirman fuentes de la patronal.

CCOO ha salido de la reunión de este lunes calificando de "insuficiente". Desde la central consideran que el Gobierno podría ser más ambicioso a la hora de aumentar la carga empresarial. También echan en falta medidas orientadas a la reducción de la brecha de género en las prestaciones, como, por ejemplo, mayores incrementos de la pensión mínima. Y sobre el aumento del periodo de cálculo, reclaman a Escrivá que renuncie a ella ya que dudan "de que cuente con un apoyo suficiente para su tramitación parlamentaria".