Ribera enmienda a Maroto y entierra la alta tensión para la planta de Stellantis en Vigo

La ley que regula las actividades de transporte, distribución y suministro de energía eléctrica fue promulgada en el año 2000, en la antesala de la entrada en circulación del euro. Además de establecer “las medidas necesarias encaminadas a garantizar este servicio esencial a todos los consumidores finales”, también determina qué instalaciones necesitan una mayor potencia y los requisitos que deben cumplir para acceder a ella. En aquel momento, hace más de dos décadas, no había producción de automóviles eléctricos o autómatas en las fábricas, pero no se ha modificado pese a los cambios radicales en los modelos productivos. Ya lo apreció el clúster del automóvil gallego Ceaga: “La permisividad de la legislación vigente permite unos niveles de calidad e interrumpibilidad que dañan seriamente la competitividad del sector del automóvil gallego”.

Toda la industria, con la factoría de Stellantis a la cabeza, ha sufrido un promedio de 40 apagones al año en el último lustro, porque está enganchada a una red de 132 kilovoltios (kV) que se ha demostrado insuficiente. Por esto, y ya para el periodo 2015-2020, el Gobierno programó la construcción de una subestación en Balaídos, con el objetivo de enganchar las fábricas a una red de 220 kV. Aquella inversión nunca se ejecutó y el Ejecutivo actual no está por la labor de ponerla en marcha, como lo acaba de zanjar la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, por carta y corrigiendo de plano a su colega en Industria, Reyes Maroto.

La misiva, a la que ha tenido acceso FARO, diario perteneciente al mismo grupo editorial que este medio, está dirigida al vicepresidente primero y conselleiro de Economía e Industria, Francisco Conde. “La justificación argumentada para solicitar una conexión a 220 kV relativa a una supuesta calidad de suministro deficiente en 132 kV, debido a numerosos huecos de tensión, carece de las evidencias necesarias que demuestren que la calidad en el actual punto de conexión sea particularmente deficiente”, expone. Ribera pone en duda, así, no solo la información aportada por Stellantis y otras plantas de proveedores del área de Vigo que evidencian las caídas de tensión, sino que hace lo propio con hasta dos informes externos. El primero, del Grupo de Electrotecnia y Redes Eléctricas del departamento de Ingeniería Eléctrica de la UVigo; el segundo, de TÜV SÜD Atisae, compañía líder en servicios de certificación e inspección. Ambos concluyen lo mismo: la calidad del suministro es deficitaria. Literalmente, los técnicos de la UVigo advirtieron lo siguiente: “La tensión residual de un hueco de tensión registrado en el nivel de 220 kv es notablemente superior al del mismo hueco registrado en la red de 132 kv, lo que lo haría menos severo o incluso dejaría de ser considerado hueco y por tanto imperceptible para el proceso de fabricación”.

Nada ha servido para convencer ni a Ribera ni al Gobierno que precedió al de Pedro Sánchez, que dejó sin ejecutar el proyecto de construcción de la subestación de Balaídos.Eso sí, estas mismas conclusiones sí son válidas para otra ministra, que hace solo diez días reconocía la necesidad palmaria de dar a Vigo una potencia de 220 kV. “Compartimos el contexto de la importancia que tiene Stellantis Vigo, que es la fábrica de coches más grande de España y está a la vanguardia de las más competitivas. Tiene unas necesidades, un suministro eléctrico que se tiene que reforzar”, expuso Reyes Maroto en el Senado. Esto lo aseveró el día 5 de octubre; la carta de Ribera a Conde es del día anterior, el martes 4.

Así las cosas, en Industria comparten la necesidad del automóvil de Vigo de acceder a la muy alta tensión, pero no en Transición Energética. Y la decisión final, a falta de un cambio de rumbo forzado desde Moncloa, es de los segundos: “No se ha identificado, hasta el momento, la necesidad de desarrollo de la red de transporte mediante una nueva subestación”, agrega la carta al número dos de la Xunta. Ha sido su delegada en Vigo, Marta Fernández-Tapias, quien ha valorado el contenido de esta misiva, por delegación de la consellería de Industria. “Estamos ante otro ejemplo de discriminación hacia la industria de la automoción viguesa, que sigue esperando a las ayudas del Perte, y todo ello mientras el alcalde aplaude este comportamiento del Gobierno central que margina una y otra vez a la ciudad”.

¿Y ahora?

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Pese a que la dirección de Stellantis Vigo ha advertido que estos continuos apagones ponen en riesgo sus planes industriales, la única concesión que hace Teresa Ribera es a medio plazo. Es decir, no va a habilitar una modificación en la actual planificación de Red Eléctrica Española (REE). “No obstante –continúa–, en enero de 2023 se iniciará un nuevo proceso de Planificación de la red para el periodo 2024-2029, solapando con la vigente, en el cual tendrá la oportunidad de evaluar nuevamente estos proyectos que me comentas, así como otros nuevos que nos permitan alcanzar nuestros objetivos comunes en materia de descarbonización y transición energética”. De modo que, a medio plazo, la alta tensión para Stellantis y el conjunto de la industria del motor, es ya una quimera.

Como publicó FARO esta semana, más de un centenar de factorías de vehículos de toda la Unión Europea sí cuentan con un suministro a muy alta tensión, con una red de al menos 220 kV. Solo una de cada diez plantas –para coches y furgonetas– tienen la misma potencia que la que abastece a Balaídos. “Desde la Xunta seguiremos insistiendo en la necesidad de que la alta tensión de Stellantis entre en la planificación vigente y, en caso negativo, solicitaremos que sea prioritaria en el nuevo proceso, pero en cualquier caso entendemos que debe desarrollarse en la red de 2021”, ha zanjado la delegada de la Xunta en Vigo.