PIDEN CONTROLAR EL GAS

Las grandes eléctricas se rebelan contra el límite de precios en sus nuevos contratos

El Ejecutivo descontará a las compañías los ingresos extra de todos los contratos que firmen por encima de 67 euros por megavatio hora para evitar posibles “beneficios caídos del cielo”.

Las grandes eléctricas se rebelan contra el límite de precios en sus nuevos contratos
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Las grandes eléctricas se movilizan contra el endurecimiento de los recortes de los posibles beneficios extra obtenidos por la escalada de precios de la energía. El Gobierno ha aprovechado el macrodecreto de medidas contra el impacto de la guerra para revisar el sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías pueden obtener en pleno caos de precios e incluir todos los nuevos contratos que se firmen precios por encima de los 67 euros por megavatio hora (MWh) cuando sea electricidad producida por nucleares, hidroeléctricas y renovables, que son las tecnologías que no soportan en sus costes el actual precio disparado del gas.

Por encima de ese precio tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable (resultante de utilizar como referencia un precio del gas de 20 euros por MWh), las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad. Una medida que se aplicará a todos los nuevos contratos y actualización de los ya firmados hasta el 30 de junio.

La patronal de las grandes eléctricas carga contra la medida y alerta de que distorsionará el mercado eléctrico. “El establecimiento para las tecnologías no emisoras de un límite al precio de venta al cliente final, supone, de facto, tratar de establecer un precio regulado para la energía producida con dichas tecnologías, lo que provoca una verdadera distorsión para la actividad de comercialización minorista”, denuncia Aelec, la asociación empresarial que agrupa a Iberdrola, Endesa y EDP. “El precio intervenido es una discriminación en relación a los precios del resto de la UE y representa un paso atrás en la liberalización, contrario a lo que dicta la normativa europea”.

La patronal de las grandes eléctricas (en la que ya no se integra Naturgy) carga contra el Gobierno por no tomar medidas para “atajar la raíz del problema” de la escalada de precios de la electricidad, “que no es otro que el precio del gas”. “En el caso de los precios de la electricidad, el gas ha sido el causante de la notable escalada de precios en el mercado mayorista, no solo en España, sino en toda Europa”, apunta la asociación. Desde el sector eléctrico se ha venido reclamando al Gobierno en las últimas semanas que no establezca precios topes a la electricidad, sino que tome medidas directamente sobre el mercado del gas.

El Ejecutivo ha aprobado una revisión del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías para ampliarlo. Y el Ministerio para la Transición Ecológica, comandado por la vicepresidenta Teresa Ribera, ha incluido también en el decreto una vigilancia especial de las grandes eléctricas para supervisar de manera específica los contratos que firman entre compañías de un mismo grupo, para asegurarse de que no se están ocultando los conocidos como “beneficios caídos del cielo” (windfall profits) a lo largo de la cadena de contratos para acabar trasladando los precios inflados al cliente final.

Los contratos que se vigilan con carácter general son los suscritos entre las empresas de generación de electricidad y las comercializadoras de luz que venden al cliente final. Pero los grandes grupos eléctricos (singularmente Iberdrola, Endesa, Naturgy, EDP o Repsol) venden gran parte de la electricidad que producen directamente a sus propias comercializadoras, a empresas integradas en su propio grupo empresarial. El Gobierno ha decidido poner un foco especial en este tipo de contratos intragrupo, y vigilará el precio final que las comercializadoras repercuten al consumidor, ya que “dicho precio puede ser el que refleje el beneficio extraordinario y el que actúe de facto como cobertura natural para la general”, recoge el Gobierno en el decreto publicado este miércoles en el BOE.

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España presentará esta semana junto a Portugal una propuesta a la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico ibérico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (en torno a los 50 euros por megavatio hora), incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como coste del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. El Ejecutivo prevé que Bruselas se pronunciará sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.

Pese a las críticas contra la "nueva intervención" de su actividad por parte del Gobierno, las eléctricas aplauden otras de las medidas incluidas en el macrodecreto, especialmente las adoptadas para proteger a los colectivos vulnerables (aunque insisten en que los descuentos del bono social lo financien los presupuestos públicos y no las compañías), para apoyar al sector industrial, y para mantener las rebajas de impuestos del recibo de la luz hasta el 30 de junio. Las grandes eléctricas también respaldan la agilización de los trámites administrativos para desplegar nuevas renovables y la liquidación adelantada de los ingresos extra de las renovables históricas (Recore) que cuentan con una retribución regulada.