SIN ESPERAR AL ‘OK’ DE BRUSELAS A TOPAR EL GAS

El Gobierno baja la luz 6 euros al mes de manera urgente recortando la parte regulada del recibo

  • Adelanta el ajuste de la retribución de las renovables reguladas previsto para dentro de un año y utilizará de manera inmediata los 1.800 millones obtenidos para reducir ya los cargos incluidos en la factura eléctrica.

  • Endurece los recortes a las eléctricas para incluir tanto los nuevos contratos de venta de gas como las revisiones de otros ya firmados si el precio supera los 67 euros por megavatio hora.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera.

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. / efe

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El Gobierno ha incluido en el macrodecreto de medidas contra el impacto económico de la guerra una revisión adelantada de la retribución que reciben parte de las energías renovables y que se ha disparado con ingresos extra como consecuencia de la subida de precios de la electricidad. El presidente Pedro Sánchez cifró este lunes que la revisión permitirá rescatar 1.800 millones de euros este año y utilizarlos para bajar aún más y de manera inmediata los cargos que se incluyen en la factura eléctrica, lo que se traducirá en una rebaja del recibo. Una rebaja que se traducirá en un recorte de 6 euros en la factura eléctrica de un consumidor medio cada mes, según las estimaciones del Ejecutivo.

España presentará esta semana junto a Portugal una propuesta a la Comisión Europea para intervenir el mercado eléctrico, estableciendo un tope al precio del gas que se utiliza para producir electricidad (en torno a los 50 euros por megavatio hora), incluir la diferencia del coste real de las centrales de gas como coste del sistema eléctrico y fijar una doble cotización con un precio diferente para la electricidad que se vende a Francia a través de las interconexiones. El Ejecutivo prevé que Bruselas se pronunciará sobre su propuesta en tres o cuatro semanas, y hasta entonces no se podría aplicar esta reforma y no se notará en el recibo de luz de hogares y empresas con una rebaja sustancial.

Sin esperar a ese ok de la Comisión Europea, el Gobierno sí que aplica de manera urgente una rebaja de parte de la factura eléctrica gracias a un recorte de los cargos que se incluyen en el recibo, a cuenta de los ingresos extraordinarios millonarios que se descontará de una parte de las plantas de energías renovables en las próximas semanas. Se trata de las instalaciones del régimen retributivo específico de renovables, cogeneración y residuos (Recore), las que antes de recibían ayudas en forma de primeras por su producción y que ahora cuentan con una rentabilidad garantizada ligada a la inversión realizada.

A estas plantas de renovables y cogeneración se les garantiza una rentabilidad del 7,1% durante 25 años (para algunas esa garantía asciende al 7,4% si renunciaban a presentar pleitos contra el Gobierno) y cada cada tres ejercicios se ajusta los ingresos realmente recibidos con los asegurados por el sistema eléctrico. Al final del periodo ésa será la rentabilidad que obtendrán las instalaciones energéticas, pero cada trienio se calcula los ingresos para adaptarlos.

El próximo ajuste tocaba hacerlo a principios de 2023, pero el Gobierno adelantará el cálculo un año para que esos ingresos extra de las renovables del Recore puedan ser utilizados para cubrir costes del sistema eléctrica y conseguir rebajar la factura de luz de los clientes. El Gobierno ya había sellado un preacuerdo al respecto con las asociaciones empresariales del sector de las renovables. Además del adelanto a la revisión adelantada de la retribución, a partir del 1 de enero de 2023 las renovables ya no estarán obligadas a vender toda su producción en el mercado mayorista y podrán firmar contratos bilaterales directamente con grandes clientes.

Rebaja de los cargos

El Gobierno calcula que rescatará 1.800 millones de euros de esos ingresos extra de las renovables correspondientes a la sobrerretribución de los ejercicios 2020 y 2021, en un procedimiento de liquidación adelantada que se producirá formalmente en las próximas semanas. Unos fondos liberados que se utilizarán de manera inmediata para bajar los cargos que se incluyen en el recibo de la luz que pagan todos los clientes. Los cargos regulados del recibo (que suponen un coste neto en el recibo de unos 4.800 millones de euros este año) sirven para pagar las primas a las renovables, los sobrecostes de los territorios extrapeninsulares o el pago de la deuda del sistema eléctrico.

Los cargos aprobados por el Gobierno para este año ya incluían una rebaja de en torno a un 30% en relación a la media de cargos del conjunto de 2021 (incluidos los ocho meses y medio de cargos normales y los tres meses y medio de drástica rebaja extraordinaria del 96%). Con la nueva rebaja que pretende hacer el Ejecutivo ahora ese recorte alcanzará el 55%. Un recorte que, según las estimaciones del Gobierno, supondrá una rebaja de 6 euros en la factura mensual de un consumidor medio.

Se amplía el recorte a las eléctricas

En paralelo, el Gobierno amplía el alcance de los recortes a las eléctricas para evitar beneficios extraordinarios provocados por la subida de los precios energéticos. El macrodecreto incluye una revisión -otra más- del sistema de minoración de los ingresos extra que algunas compañías están obteniendo en pleno caos de precios y, con el aval de la Unión Europea, para incluir también los nuevos contratos que se firmen a precios altos.

El Gobierno diseñó el pasado septiembre un sistema que obligaba a nucleares, hidroeléctricas y algunas renovables a devolver los ingresos extraordinarios que supuestamente estaban obteniendo al vender su electricidad a los precios desorbitados del mercado mayorista (un encarecimiento que se deben al alza del gas y los derechos de emisión de CO2, que son coste que estas tecnologías no soportan).

Sin embargo, el Gobierno acabó matizando esos recortes a las eléctricas y aprobó una nueva norma para permitir que las compañías que demostrasen que estaban vendiendo su electricidad con contratos a plazo y con precios estables, no tendrían que devolver nada. En la práctica, todos los contratos con precio fijo quedaban fuera del ajuste. Las grandes eléctricas tienen que demostrar a Red Eléctrica -el operador del sistema eléctrico- y la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) que sus contratos no aplican los precios disparados del mercado. Al final, el impacto quedó muy diluido y, a la espera del informe de la CNMC que lo certifique, la recaudación por las minoraciones se anticipa que será muy reducida.

Con la nueva revisión, el Gobierno incluye todos los nuevos contratos que las compañías firmen a partir de ahora y también las revisiones o actualizaciones de los contratos suscritos actualmente, siempre que el precio del suministro de la electricidad supere los 67 euros por megavatio hora (MWh). Por encima de ese tope, que es el que el Gobierno considera precio razonable (resultante de utilizar como referencia un precio del gas de 20 euros por MWh), las compañías serán penalizadas y tendrán que devolver el sobreprecio al considerar que están interiorizando ese precio disparado del gas cuyo coste no soportan en su actividad.

Además, el Consejo de Ministros ha aprobado prolongar estas medidas de minoración hasta el 30 de junio, cuyos ingresos se destinarán destinarán a rebajar aún más los cargos incluidos en la factura eléctrica.  El Gobierno no contempla una estimación concreta de recaudación por esta vía, depende de cuál sea la reacción de las compañías. "O recaudamos más vía minoración si las empresas presentan ofertas altas o conseguimos que las ofertas vayan siendo más competitivas", apuntan fuentes gubernamentales.

Otras medidas

En paralelo, el Gobierno también ampliará hasta el 30 de junio las rebajas de impuestos incluidos en la factura eléctrica: se mantiene así el recorte del IVA del recibo de luz (del 21% al 10%), el impuesto especial de la electricidad (del 5,1% al mínimo legal del 0,5%) y del impuesto del 7% a la producción eléctrica (dejándolo a cero). El Ministerio Hacienda calcula que el ahorro para los consumidores (e impacto para el erario público) de estas rebajas fiscales es de 7.000 millones de euros desde su entrada en vigor el pasado verano y hasta el próximo 30 junio. El decreto también incluirá una prolongación del tope del 15% del peso de la materia prima a la subida de la tarifa regulada de gas natural en las dos próximas revisiones trimestrales, lo que en la práctica supone que el incremento total no supere el 5%.

En paralelo, para dar apoyo a la gran industria electrointensiva se aplicará a 600 empresas una compensación del 80% de los cargos que pagan con su factura eléctrica y se elevarán las compensaciones por la emisión de CO2, con ayudas por un importe total de 488 millones de euros. Y se incluye un sistema de ayudas directas a las compañías de consumo intensivo de gas por 125 millones de euros.

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