Decenas de entidades reniegan del Pacto de Migración y Asilo: "La UE debería ser un sitio de refugio y protección"

Decenas de organizaciones de la sociedad civil se están manifestando en contra del Pacto Europeo de Migración y Asilo que han alcanzado este miércoles los negociadores del Parlamento Europeo y del Consejo. Ellos lo califican de "histórico", pero muchas oenegés no están de acuerdo con esta reforma migratoria, que prevé controles más estrictos en la llegada de migrantes a la UE, centros cerrados cerca de las fronteras exteriores para expulsar más rápidamente a quienes no tengan derecho a asilo, y un mecanismo de solidaridad obligatoria entre los Estados miembros algo "flexible". Esto quiere decir que se obligará a los países a responder ante un socio desbordado con la llegada de migrantes, como por ejemplo España, ya sea pagando una compensación tasada por cada migrante que rechace o reubicando en su territorio a las personas recién llegadas.

Ante esto, Accem advierte del "retroceso que puede suponer para los derechos y garantías de las personas refugiadas y migrantes" el texto. "En primer lugar, nos preocupa que, si bien se recoge entre las principales medidas la lucha contra el tráfico de personas, no se establecen disposiciones que refuercen las vías legales y seguras como medio efectivo para erradicarlo y garantizar de ese modo la seguridad de las personas que se ven se ven en la necesidad u obligación de dejar atrás sus vidas, familias, entorno y países de origen", aseguran en un comunicado.

En relación con la gestión de los flujos de personas, consideran que se debe revisar el hecho de que se ponga el foco en la gestión migratoria en el control fronterizo y en la externalización de fronteras, "fomentando acuerdos con terceros países que no garantizan el cumplimiento de los Derechos Humanos dentro de su territorio". Además, indican que será criterio de cada Estado miembro establecer qué países considera seguros.

Problemas con los niños

Por su parte, Save The Children asegura que el acuerdo alcanzado "tiene una clara perspectiva de priorizar la protección de las fronteras en vez de proteger a los niños y niñas". Así lo cree Jennifer Zuppiroli, especialista en infancia y movimiento de esta entidad, que reconoce que "están muy decepcionados".

"Lo que estamos viendo es que se va a usar, de manera mucho más generalizada, la detención migratoria mientras las personas estén pendientes de la solicitud de asilo. Por lo cual, no habrá una excepción a la hora de que los niños que llegan con sus familias puedan ser detenidos mientras esperan. Esto supone que, durante largos plazos, no van a poder acceder a una educación, a la sanidad o a la esfera de protección y a una vida que le daríamos a cualquier otro niño o niña", asegura. Y todo ello, permaneciendo en instalaciones policiales que recuerdan más a prisiones que a hogares.

Hasta ahora, una de cada cuatro personas solicitantes de asilo en la Unión Europea son niños y niñas. De ellos, el 19% no están acompañados ni tienen posibilidades de reunificación familiar con sus hermanos, una posibilidad que ha quedado excluida en el pacto, ya que solo incluye a familiares directos, es decir, a los padres. "Para nosotros, la Unión Europea debería ser un lugar de refugio y protección, mientras que de esta manera realmente será un lugar muy difícil al que acceder", asegura Zuppiroli, que recuerda que el acuerdo conlleva a un endurecimiento de las fronteras.

"El acuerdo también implica cerrar la puerta a las personas solicitantes de asilo, con procesos deficientes para tramitar sus peticiones o una aceleración de las deportaciones. En definitiva, pone en jaque las vidas de las personas al aumentar el riesgo de devolución”, apunta en otro comunicado Cristina Fernández-Durán, especialista en migración de Oxfam Intermón.

Las oenegés piden cambios

Un día antes, el martes 19, cerca de 200 entidades firmaron también un manifiesto en contra de la política "racista, discriminatoria e hipócrita" de los socios europeos, asegurando que este pacto busca “limitar el derecho a la movilidad” de las personas en lugar de buscar "vías seguras".

Las entidades esperan que haya un cambio de rumbo en algunas cuestiones de aquí a febrero, cuando debería cerrarse el texto en las negociaciones internas. Aunque no son extremadamente optimistas, sobre todo después del mensaje triunfalista de la Comisión, incluida la comisaria de Interior, Ylva Johansson, consideran que aún puede haber modificaciones.