El Consejo General de Médicos alerta de la petición "masiva" de excedencias y jubilaciones en la sanidad penitenciaria

Llamamiento del Consejo General de Médicos (CGCOM) para salvar la sanidad penitenciaria. Y toque de atención a las comunidades autónomas para que asuman las competencias que marca la ley en esta materia. Porque, desde finales del año 2004, recuerda la corporación, tras "la carencia temporal" establecida en la disposición adicional sexta de la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, la sanidad en prisiones debería estar integrada "en los correspondientes servicios autonómicos de salud". En la actualidad, solo País Vasco, Cataluña y Navarra, cumplen el mandato de la ley.

Los médicos de las prisiones "son los responsables de la atención sanitaria a los reclusos en las prisiones españolas, velando por su salud física y mental, incluida la prevención y educación en salud, así como del resto de funciones que les atribuye el Reglamento Penitenciario", ensalza el Consejo General.

Informe del Defensor

Pero, advierte el órgano colegial, el "incumplimiento de la ley ha provocado una pérdida continua de profesionales generando un grave problema de asistencia a la población reclusa en los centros penitenciarios, como ya denunciara el Defensor del Pueblo. Falta de asistencia que afecta, no solo a la salud de los internos, con una alta prevalencia de enfermedades infectocontagiosas y trastornos mentales, sino también a la salud pública en general".

Hace apenas unos días, el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, denunciaba en su informe anual que es necesario disponer de más personal en las cárceles, "formado en diversas funciones y servicios vinculados a la privación de libertad, en particular en el ámbito sanitario".

Un problema que se agrava

En la actualidad, recalca el CGCOM, muchos centros penitenciarios "carecen de médicos, con soluciones diversas, temporales e insuficientes por parte de la administración que, lejos de solucionar el problema lo agravan con la petición masiva de excedencias y jubilaciones (aproximadamente el 54% de los médicos en activo supera los 60 años) de los profesionales; y las convocatorias de plazas suelen fracasar por las condiciones de trabajo, el requisito de la especialidad en Medicina de Familia y Comunitaria o de Medicina Interna y la escasa remuneración".

El CGCOM explica que, en algunos territorios, la asistencia sanitaria se está asumiendo en los centros de salud más próximos a las prisiones

Esta situación, auguran, "desembocará, como ya es un hecho en determinadas demarcaciones territoriales, en la asunción de la asistencia sanitaria por los centros de salud más próximos a las prisiones, con un aumento de responsabilidad y una sobrecarga en el trabajo para los profesionales médicos de esos centros, que desconocen, además, las peculiaridades sanitarias y regimentales de esta atención en salud".

La solución, insisten, vendría dada "por el cumplimiento de la ley", por lo que instan "a aquellas comunidades autónomas que no lo hayan hecho, a cumplir con su responsabilidad legal, asumiendo las competencias que la ley marca, para conseguir una mejora de la atención sanitaria y de la salud de los reclusos a través del fortalecimiento de la sanidad penitenciaria".

Sin médicos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, por cada 1.000 internos, la ratio media de médicos penitenciarios se sitúa en 3,5 en nuestro país, y en 8 en Europa. Es decir, cada médico tiene actualmente a su cargo a 297 reclusos por término medio.

Los últimos datos facilitados por la Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA reflejan que ocho de los 66 penitenciarios dependientes de la administración central no cuentan a día de hoy con ningún médico en su plantilla. Son las prisiones de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), Ávila, Cáceres, Cuenca, Murcia, Santa Cruz de la Palma, Soria, Tenerife y, recientemente también, la de A Lama (Pontevedra). De la atención sanitaria en estos casos se encargan los médicos interinos.

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias asegura ser consciente de la situación que atraviesa la asistencia sanitaria en las cárceles, pero insiste, como señala el CGCOM, en que "la línea prioritaria de actuación es que se haga efectiva la transferencia de competencias a las comunidades autónomas".