Luz verde al nuevo modelo de cuidados, que acaba con las macroresidencias y las sujeciones

El Ministerio de Derechos Sociales y las comunidades han aprobado este martes el nuevo modelo de cuidados, que aboga por la atención domiciliaria y pone fin a las macroresidencias, al proponer espacios más hogareños, con grupos de convivencia de 15 personas, más personal y más habitaciones individuales. Asimismo, acaba con las polémicas sujeciones, ya sean físicas, mecánicas o farmacológicas.

Se trata de la segunda vez que el Ministerio liderado por Ione Belarra propone a los gobiernos territoriales renovar el acuerdo de acreditación de los centros y entidades que prestan cuidados en el sistema de dependencia y que data de 2008. La primera vez fue a finales de mayo y después de meses de negociaciones un buen grupo de autonomías se pronunció en contra porque consideraba que el Gobierno no ponía suficiente financiación encima de la mesa, una revolución que encabezó el presidente de Castilla La-Mancha, Emiliano García-Page, y que secundaron varias comunidades del PP.

No obstante, en esta ocasión el acuerdo ha salido adelante en una ajustada votación y será, por tanto, de obligado cumplimiento, según Derechos Sociales. Han votado a favor nueve autonomías (y Melilla) y en contra todas las gobernadas por el PP más Castilla La-Mancha y Catalunya y Euskadi, por motivos competenciales.

La ardua negociación

"El modelo de residencias ha mostrado todos sus límites en la pandemia, pese a los enormes esfuerzos de los trabajadores. Por eso, me siento especialmente satisfecha de que hayamos logrado uno de los acuerdos más importantes de la legislatura. Un acuerdo para mejorar la calidad de las residencias y de todo el sistema de atención a la dependencia", ha manifestado Ione Belarra, quien ha reconocido que han sido necesario "mucho tiempo de negociación".

El proceso arrancó el pasado mes de julio y en la mesa de diálogo se han sentado la patronal y los sindicatos, así como asociaciones y expertos que representan al sector. Buena parte de esos especialistas y entidades sociales apoyan el acuerdo, pero la patronal se ha desmarcado, al considerarlo "inviable sin restructurar la financiación".

La financiación

Por el contrario, Derechos Sociales responde que durante el primer año de la legislatura se revirtieron los recortes en dependencia, el segundo se duplicó el presupuesto y a lo largo legislatura se incorporarán 5.000 millones adicionales. A su juicio, si los sucesivos Gobiernos mantienen el esfuerzo inversor, el nuevo modelo podrá sufragarse.

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Además, para facilitar el acuerdo, se da de plazo hasta 2030 para cumplir con todas las exigencias y se exime a las residencias ya construidas de cumplir con todos los requisitos, salvo la reestructuración en unidades de convivencia de 15 personas, dotadas de un comedor y una sala de estar.

Las de nueva construcción tendrán un máximo de 120 plazas en zonas urbanas y 74 en áreas rurales y deberán disponer de, al menos, un 65% de habitaciones individuales.