Salud mental: España necesita el doble de psicólogos en la sanidad pública

La precariedad de recursos en la salud mental española está por fin sobre la mesa. El Gobierno ya ha dicho que quiere que sea el epicentro de sus políticas de salud pública y Unidas Podemos ha presentado su propia ley. La realidad actual es que España necesita el doble de psicólogos en la sanidad pública para poder atender a toda la población. Actualmente, hay en torno a 3.000 y las listas de espera son interminables.

Son datos de la Asociación Nacional de Psicólogos Clínicos y Residentes (ANPIR). El acceso a psicoterapia es un derecho, pero las cifras son las que son, indican desde esta sociedad científica: solo exactamente 2.850 especialistas. Deberían incrementarse las plazas de formación sanitaria especializada PIR (Psicólogo Interno Residente) hasta un total de 422, para lograr (a largo plazo) un número cercano a los 6.000 especialistas. 

La psicoterapia es el tratamiento de elección para la depresión, la ansiedad, el insomnio, los trastornos de la conducta alimentaria, los trastornos de personalidad y para los problemas emocionales, esos que se han disparado durante la pandemia del coronavirus. Sin embargo, esta misma asociación denuncia que solo un 10% de las personas que la necesitan, la reciben. Por cada treinta personas que acuden con estos problemas a Atención Primaria, solo una es derivada al especialista.

El tratamiento psicológico es el elegido para cerca del 80% de los problemas relacionados con la salud mental

De hecho, señalan desde esta asociación, España es líder mundial en consumo de psicofármacos aunque, por cada paciente que prefiere los medicamentos, cuatro prefieren soluciones menos invasivas. El tratamiento psicológico es el elegido para cerca del 80% de los problemas relacionados con la salud mental.

Niños y adolescentes, los más frágiles

Preocupan especialmente los trastornos en niños y adolescentes. Desde el madrileño Hospital Gregorio Marañón alertan que, en los últimos meses, se ha notado un notable incremento de trastornos graves de salud mental en niños y adolescentes de 10 a 18 años. Hablan de dificultades para encontrar sentido a su vida, más inseguridad, tristeza o trastornos alimentarios. También de ideas suicidas. Lo importante es detectarlo a tiempo, dice María Dolores Picouto, psiquiatra de la Unidad de Ingreso de Adolescentes.

Las sociedades científicas muestran recelo ante la Estrategia Nacional de Salud Mental en la que trabaja Sanidad

La prevención del suicidio es, precisamente, uno de los bloques centrales de la nueva Estrategia Nacional de Salud Mental que el Ministerio de Sanidad quiere tener lista antes de que finalice el año. Un texto largamente esperado pero que, sin embargo, ha despertado el recelo de varias sociedades científicas. Por lo pronto, ya lleva más de 700 alegaciones. Desde la Sociedad Española de Psiquiatría señalan a este diario que "prefieren esperar uno, dos, tres meses más que no tener una estrategia que no va a servir para nada y va a ser papel mojado".

ANPIR, por su parte, ha enviado cerca de 40 recomendaciones, como aumentar el número de psicólogos clínicos en la sanidad pública. "Lo cierto es que, o bien no atienden una por una las 700 recomendaciones que dicen haber recibido, o no hay tiempo material para trabajarlas y sacar el documento en diciembre. En este aspecto, no somos optimistas. O bien sale rápido sin atender y dialogar las medidas, o bien si se trabaja como corresponde cabría pensar en ella más en clave 2022", señalan a este diario.

Entidades como el Consejo General de la Psicología también tienen quejas. Así, indican que han requerido a Sanidad que les permita también hacer sus aportaciones, pero no se les ha tenido en cuenta.

Los planes autonómicos

Desde el ámbito autonómico, comunidades como Andalucía valoran que se planteen cuestiones de interés básico como la persistencia del estigma, la desinformación y los problemas de vulneración de derechos de las personas atendidas. Pero también muestran sus peros. En el documento, explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde el Plan Integral de Salud mental de Andalucía (PISMA), "se hace palpable la escasa dotación que hay en general de recursos humanos, con diferencias llamativas entre comunidades".

En aspectos concretos, como la prevención del suicidio, que es la tercera línea en la estrategia, la propuesta realizada desde el PISMA es la de conseguir una mayor coordinación y colaboración con los Institutos de Medicina Legal para poder conocer mejor la población suicida. Esto es imprescindible previo a plantear medidas de prevención, aseguran.

En salud mental en infancia y adolescencia -la quinta línea principal de la estrategia nacional- echan en falta la ausencia de abordaje a problemas como los Trastornos del Espectro Autista (TAE), la medicalización de la infancia por Trastornos por Déficit de Atención (TDAH) o los problemas en la adolescencia. "a pesar de ser identificados en el análisis de situación como un problema emergente, no hay propuestas de abordaje al mismo", precisan.

La Ley de Unidas Podemos

Al tiempo que el Gobierno trabaja en ese documento, en el que la salud mental infanto-juvenil también será una prioridad, Unidas Podemos ha dado un paso al frente con su propia Ley de Salud Mental. La formación cree que su iniciativa es perfectamente compatible con la estrategia en la que trabaja Sanidad -que no deja de ser un documento, precisan- y que, además, era el momento oportuno de sacarla adelante.

La proposición de ley de Unidas Podemos contempla la creación de un Centro Estatal de Salud Mental

Su proposición de Ley incluye, entre otras medidas, la creación de un Centro Estatal de Salud Mental. A este organismo, precisan, corresponderá el asesoramiento técnico y la evaluación de las actuaciones públicas en materia de la salud mental en los ámbitos estatal y autonómico.

Unidas Podemos también considera imprescindible aumentar la ratio de profesionales. En su texto, considera necesarios un mínimo de 18 psiquiatras, 18 psicólogas y psicólogos clínicos, y 23 enfermeros y enfermeras especialistas de salud mental por cada 100.000 habitantes, El partido se marca un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de la ley para conseguir su objetivo.