Zapatero se las dio, Sánchez se las quita: inquilinas expulsadas para que el Estado venda sus viviendas públicas

El 22 de septiembre de 2006, hace ahora dieciocho años, Elena Garzón acudió al Ministerio de Vivienda —dirigido por la socialista María Antonia Trujillo— y salió de allí "con las llaves en el bolsillo, el contrato firmadito y esta carpeta". En la carpeta, de cartulina y con el logo ministerial estampado, ponía en letras grandes amarillas: "UN ALQUILER FÁCIL Y TRANQUILO". El contrato, firmado a medias con una amiga de su edad, establecía una renta de 710 euros al mes. Y las llaves abrían la puerta de un precioso piso de 129 metros cuadrados en el centro de Madrid, a muy pocos metros de la Plaza Mayor.

La vivienda era propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), pero su casero sería la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), creada durante el gobierno de Zapatero para movilizar vivienda pública.

Elena y su amiga tenían 35 años. "El Gobierno quiso facilitar a los jóvenes de entre treinta y pocos y cuarenta años con pocos ingresos pisos en alquiler por debajo de precio de mercado", recuerda en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. "Yo compartía piso con mi amiga. La condición era tener un contrato estable y tres nóminas; podías ir sola o en pareja. Entramos en el sorteo y tuvimos la suerte de que se nos adjudicase este piso. Recuerdo que el acto fue en el Ministerio, con la ministra dándonos las llaves a bombo y platillo".

Hoy Elena tiene 53 años y una carta que pone fin a su contrato de alquiler, que con las actualizaciones del IPC ya está en 1.053 euros mensuales. "Me llegó a mediados de abril. Tenemos derecho a recibir la primera oferta de venta, pero la tasación se hará a precio de mercado. El piso de arriba, que es igual que el mío, ha salido en la web de subastas de la Seguridad Social por 689.000 euros. Ni aunque me tocara la lotería podría afrontar una hipoteca así".

Después de dieciocho años pagando religiosamente el alquiler y haciendo las reformas necesarias —el piso es viejo y la administración se ha desentendido, así que ha cambiado el baño, hecho muebles a medida en la cocina y pintado todas las paredes—, Elena se ve ahora expulsada. Tendrá que dejarlo a partir de septiembre. Sabe que perderá en espacio y ganará en gastos. Y no lo denuncia tanto porque su situación sea desagradable como por lo hipócrita que le parece.

"Quiero dejar claro que no estoy en situación de vulnerabilidad ni tan grave como para optar a vivienda pública. Tuve suerte de que me tocara este piso", dice. "Pero no me parece ético que la Seguridad Social saque a subasta pisos en el centro de Madrid para que los compre un gran tenedor y los convierta en pisos turísticos o un hostel. Se están cargando el barrio. El Gobierno se mete con la política de vivienda de la Comunidad de Madrid pero hace exactamente lo mismo".

Preguntada por esta cuestión, la Seguridad Social recalca que la situación "obedece a un estricto cumplimiento normativo" al haber finalizado el contrato de alquiler. El caso de Elena no es único. "En la actualidad, hay 35 pisos alquilados en virtud del acuerdo celebrado por la Sociedad Pública de Alquiler en 2005, todos en la Comunidad de Madrid", continúa. "Sus inquilinos un derecho de adquisición preferente y hay un canal de contacto abierto. Se han celebrado reuniones para estudiar cada una de las casuísticas. También hay un compromiso de dar plazos amplios para intentar buscar soluciones particulares para cada caso".

¿Objetivo: más vivienda social?

Uno de los objetivos que más ha repetido Pedro Sánchez desde que empezó a gobernar hace ya cinco años ha sido el de aumentar el parque de vivienda en alquiler asequible y social.

Las cifras han ido bailando con el tiempo —primero se hablaba de 50.000 viviendas y ahora de 184.000— pero el mensaje ha permanecido. Las fuentes para conseguir esas viviendas no son todas públicas: algunas proceden del llamado "fondo social" (pisos de bancos) y otras de promotores privados sujetos a condiciones. En cualquier caso, la idea que transmite la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, es la de que su "ambicioso objetivo" es ampliar el parque.

Por eso a Elena le sorprende que, teniendo enormes pisos disponibles, la Seguridad Social prefiera venderlos antes que sacarlos de nuevo en alquiler. Uno de los principales hitos de la Ley de Vivienda era la regulación de la vivienda protegida para evitar su venta a fondos de inversión. Las viviendas de la Seguridad Social no están protegidas, pero son públicas. Para más inri, muchas llevan años vacías.

"En este edificio hay cinco propietarios y el resto éramos inquilinos. Muchos se han ido yendo, comprándose sus pisos, mudándose con sus parejas... Y las viviendas se han quedado vacías", dice. "La chica de enfrente se fue con su novio y la propia Seguridad Social le sugirió que subarrendase, porque era una pena que se quedase vacío". El Ministerio de Vivienda no ha respondido, al cierre de este artículo, a una solicitud de información.

"Van a hacer caja"

El economista Alejandro Inurrieta fue presidente de la Sociedad Pública de Alquiler entre 2007 y 2008. Explica de dónde salen los pisos de la Seguridad Social y por qué, en su opinión, este organismo prefiere venderlos antes que contribuir al parque de vivienda social.

"Cuando yo me hice cargo de la SPA firmé acuerdos con distintos tenedores de vivienda pública: con la Tesorería General de la Seguridad Social, Patrimonio, Renfe, el Ministerio de Defensa, comunidades autónomas, ayuntamientos... La SPA nació sin estructura, había que dotarla de contenido", cuenta. "Hay una empresa pública que se llama SEGIPSA que gestiona todo el patrimonio público inmobiliario. Y está SEPES, que controla el suelo. En su día propuse que SEPES se hiciera cargo de los pisos de la Seguridad Social o que estos fueran gestionados por las empresas municipales o autonómicas de vivienda. Pero la TGSS no quiso cederlas. La TGSS va a hacer caja".

Cuenta Inurrieta que las viviendas de la Seguridad Social proceden de expropiaciones hechas a empresas o particulares con deudas. "También tienen edificios para alojar a sus directivos cuando viajan", continúa. "El problema es que muchas llevan años cerradas. Les propusimos sacarlas en alquiler y no les hizo mucha gracia. Claro: las viviendas en alquiler hay que mantenerlas, arreglar las cosas que se rompen... Y no es su función". En este momento, la Seguridad Social tiene 117 viviendas y locales en subasta en toda España.

Desde que desapareció la Sociedad Pública de Alquiler en 2012 y su contrato quedó en manos de la Seguridad Social, Elena se ha sentido "indefensa". "Tenemos un teléfono de contacto, pero el mantenimiento ha sido mínimo. Estuve dos meses sin caldera, en invierno entra un frío horroroso por las ventanas... Pero dijimos: vamos a volar bajo, sin hacer ruido, sin dar problemas", cuenta. Su último contrato terminó en 2019 y está prorrogado desde entonces, pero no se imaginaba que el día que la echaran fuera a ser así.

"Quedamos cuatro. En el fondo, sabíamos que ocurriría algo. Moralmente digo: si la TGSS vende los pisos es dinero para las arcas del estado. Pero en el fondo es especulación. Y me parece inaceptable que haya pisos vacíos en el centro de Madrid desde hace años", dice. Tampoco le hace gracia que la propiedad hiciera una gran reforma del patio interior pocos meses antes de enviar la carta para echarles. "¿Qué casualidad, no? Es mucha coincidencia".

El piso de Elena, que sigue compartiendo con una amiga, es carne de cañón para el negocio turístico. Es enorme, de techos altos, suelos de madera, balconadas al exterior. Tiene tres habitaciones y dos salones. "Son pisos muy grandes en zonas muy nobles. Una opción sería trocearlos, hacer apartamentos y sacarlos a un alquiler asequible", sugiere Inurrieta. ¿Cómo casa el hecho de vender vivienda pública con el objetivo del Gobierno de aumentar el parque de alquiler social? "Todo eso es papel mojado", concluye el economista.