Azcón planta a Torres y Valencia tilda de "chantaje" la advertencia del Gobierno sobre las leyes de concordia

La carta remitida el lunes por el ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, a Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, comunicándoles el informe de los relatores de la ONU contra sus respectivas ‘leyes de concordia’ y advirtiendo que el Gobierno tomará medidas, ha provocado este martes ya las primeras reacciones en contra de los interpelados. El presidente de Aragón, Jorge Azcón (PP) no acepta la bilateral propuesta por el Gobierno de España y plantará al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde Moncloa inciden en que, si Aragón no acude a la bilateral, la intención es la de recurrir la derogación de la ley de memoria ante el Tribunal Constitucional.

Con todo, desde el Ejecutivo de PP-Vox se remiten a lo expresado el pasado viernes por la vicepresidenta segunda, Mar Vaquero, quien ya dejó caer que no acudirían a ninguna reunión porque su legislación es "jurídicamente intachable". Y es que en el Ejecutivo liderado por el popular no ha sentado nada bien que no fuese hasta este lunes, a última hora, cuando el Gobierno central les hiciera llegar de forma oficial el informe de la ONU publicado en la madrugada del pasado viernes, en una carta emitida por el propio ministerio de Memoria Democrática a los tres líderes autonómicos implicados. En la solicitud oficial para la bilateral consta la intención de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

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Torres ha subrayado tras el Consejo de Ministros que Aragón es la única comunidad que hasta ahora ha aprobado la ley de derogación, pues en la Comunidad Valenciana y Castilla y León sigue en trámite. Además, el ministro se ha referido a la carta emitida por Azcón a Antonio Guterres, secretario general de la ONU, la cual ha calificado de "excentricidad": "Nos parece contradictorio que se critique a los relatores independientes de la ONU y luego se mande una carta a su máximo responsable".

Desde Valencia, la presidenta de las Corts, Llanos Massó (Vox) ha interpretado la misiva como un "chantaje" y una "injerencia" del Ejecutivo central. "Se está haciendo un uso partidista del Gobierno de las administraciones, se está vulnerando la separación de poderes", ha indicado Massó en una comparecencia convocada para hablar de la carta firmada por Torres este mismo lunes. En ella, el ministro le traslada el contenido del informe de los relatores de la ONU sobre la ley de Concordia que se está tramitando en el parlamento autonómico y, de paso, ha reclamado que sea remitido a los grupos parlamentarios, algo que Massó se ha negado a hacer.

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"No tengo por qué hacérselo llegar, si el señor ministro quiere hacer llegar el informe a los grupos, tiene un método sencillo que es presentarlo por registro", ha justificado la presidenta del parlamento autonómico que ha cargado contra el Gobierno central por un "chantaje" que considera "inaudito". "Nos parece lamentable que el ministro diga que se está vulnerando el derecho internacional", ha expresado Massó, quien ha deslegitimado el informe de los relatores. En este sentido, ha expresado que "desde el punto de vista individual" los tres relatores "tendrán su legitimidad, "pero no desde el punto de vista de las Naciones Unidas". "Son tres relatores de las Naciones Unidas, no un informe de las Naciones Unidas", ha asegurado Massó quien ha defendido la ley que se está tramitando, al asegurar que permitirá, entre otros asuntos, "proteger el patrimonio histórico y monumental", en referencia al mantenimiento de vestigios colocados durante la dictadura, palabra que ha evitado utilizar para definir el franquismo. "Fue un régimen totalitario en el que no había libertades como tantos otros", ha señalado al respecto.

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En la misiva remitida a los tres Gobiernos autonómicos, el ministro Torres señala que Naciones Unidas ha dado orden al Gobierno para tomar las medidas necesarias. "En esta comunicación, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, a través de sus relatores y grupo de trabajo, solicita tanto al Gobierno de España, como a las autoridades legislativas de nuestro país, adoptar 'todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los derechos humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los derechos humanos'. Además, advierte que "toda acción legislativa, tanto la del Estado como la ejercida por las Comunidades y Ciudades Autónomas en el marco de sus competencias, está sujeta al cumplimiento del derecho internacional y de los compromisos adquiridos por España".